El contrato de Aerodom se ha convertido en un antifaz: una máscara que esconde decisiones apresuradas, promesas incumplidas y una ausencia de rendición de cuentas.

La renegociación del contrato entre el Estado dominicano y Aerodom ha desatado una tormenta política y social que desnuda las contradicciones del discurso oficial. Lo que fue presentado por el presidente Abinader como una muestra de transparencia y beneficio colectivo, ha sido recibido por amplios sectores como un acuerdo oscuro, adelantado y poco conveniente para el país.

La discusión no es solo sobre millones de dólares, sino sobre credibilidad institucional.

Voces críticas, entre ellas legisladores, exfuncionarios y comunicadores, han cuestionado que se extienda un contrato siete años antes de su vencimiento.

Más aún, señalan que Aerodom no cumplió con inversiones que garantizaran un mejor servicio, y en lugar de exigir cuentas se le otorgaron décadas adicionales de concesión.

El apagón de nueve horas en el AILA y los fallos en la infraestructura son prueba de que el control estatal ha sido más permisivo que fiscalizador.

Otro punto delicado es el destino de los fondos recibidos. Aunque se prometieron obras claves con el dinero inicial, la realidad ha sido distinta: los recursos se usaron en otros fines sin cumplir lo anunciado. Esta falta de coherencia golpea directamente la confianza ciudadana, pues cuando un gobierno promete y no cumple, la transparencia deja de ser un principio y se convierte en un eslogan vacío.

Además, el contexto en que se dio la negociación siembra dudas legítimas. La cual fue en plena coyuntura electoral, comprometer al país hasta el 2060 con una empresa extranjera parece una jugada extemporánea que favorece más intereses inmediatos que el bienestar a largo plazo. Para la oposición, se trata de un acuerdo que hipotecará las finanzas públicas y limitará la soberanía de futuros gobiernos.

Si de verdad se quiere hablar de transparencia, lo primero es abrir los procesos al escrutinio público, garantizar que los compromisos se cumplan y demostrar con hechos que el país está por encima de cualquier interés particular.