En los momentos en que los ciudadanos son detenidos por circular una vez iniciado el toque de queda o violar el distanciamiento social, los bancos y tribunales están cerrados.

Esta situación ha propiciado que la aplicación de las multas quede a discreción de las Fiscalías, muchas de ellas ubicadas dentro de los destacamentos de la Policía Nacional.

Un reportaje publicado por N Digital denunció que la Procuraduría General de la República no ha colgado las recaudaciones de las multas impuestas por las violaciones al toque de queda y al distanciamiento social en la sección de transparencia de su portal.

Lo que ha recaudado el Estado por estas faltas y el fin de dichos fondos, tampoco figura en la base de “datos abiertos” del Gobierno.

Un ejemplo de lo que sucede diariamente en todo el país es el desmantelamiento de una fiesta en Tamboril, Santiago. Allí miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional arrestaron a varios exponentes del género urbano y otras 40 personas.

El propio Ministerio Público informó que a esos artistas y a las demás personas se les impusieron “las multas correspondientes”.

Otra gran fiesta en la que decenas de personas fueron detenidas y multadas por violentar el distanciamiento social y el toque de queda fue una desarticulada por el Ministerio Público de Santo Domingo Este en Sabana Perdida.

En aquella ocasión fueron detenidas unas 70 personas y se impusieron multas de hasta 5 mil pesos y a los organizadores con multas de entre 25 mil a 50 mil pesos, según informó el Ministerio Público.

A esto se suman los ciudadanos que son detenidos en los retenes ubicados en los puntos estratégicos de la ciudad y los atrapados por las unidades que patrullan los diferentes barrios.

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