Más de 20 dragas de mineros ilegales operan en la zona y contaminan los cauces de agua con mercurio. El presidente de la Federación de Comunidades de la cuenca del Bajo Tigre (Feconabat), César Moreno Culqui, denunció: “Desde que amanece hasta que anochece están soltando el mercurio y nosotros consumimos esa agua. Por eso iniciamos esta lucha hasta que las autoridades se hagan presentes y expulsen a los mineros ilegales“.

Las comunidades exigen la presencia en el área del Gobierno de la presidenta de facto Dina Boluarte y que tome acciones concretas para detener la minería ilegal y, con ello, evitar los daños que el mercurio está causando a la salud humana, a la seguridad alimentaria y a los ecosistemas.

De acuerdo con medios locales, las comunidades determinaron bloquear el acceso al río Tigre, lo que afecta directamente el abastecimiento y operación de los lotes petroleros 8 y 192, ubicados en esta cuenca. También impedirán la navegación hasta que el Gobierno no retire las dragas y poner en práctica otras acciones de control territorial.

Luego de hacerse pública la intención de las comunidades de radicalizar la lucha, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) las invitó a una reunión en la ciudad de Iquitos.

La Feconabat rechazó la invitación y demandó a la PCM viajar al territorio, dialogar directamente con los pueblos afectados y reunirse en la comunidad Libertad.

“La defensa de la vida y la salud es irrenunciable. No daremos un paso atrás mientras la minería ilegal siga destruyendo nuestro territorio“, expresaron a través de un pronunciamiento público en que ratificaron su disposición a resistir contra la indiferencia estatal y la minería ilegal.

Estas y otras accione fueron decididas el 15 de agosto pasado, durante una asamblea de delegados de la Feconabat. A mediados de julio, Moreno Culqui alertó que trasmitieron su preocupación a las autoridades y que radicalizarían su lucha de continuar sin respuestas.

Históricamente estas comunidades han rechazado el extractivismo, los problemas derivados de la actividad petrolera y la inacción gubernamental frente a la minería ilegal, y han reclamado que se invierta en el desarrollo de la región y que las ganancias de la minería se redistribuyan allí.

Los mineros ilegales utilizan el mercurio para procesar el oro que extraen de la Amazonía. Al ser vertido a los ríos, envenena a animales y peces y termina dañando la salud humana, con sensibles afectaciones al sistema nervioso y los riñones, así como otros daños irreversibles. Dicha sustancia no desaparece y contamina durante varias generaciones.

De acuerdo con medios locales, la expansión minera se extiende ya a 21 de las 25 regiones de Perú y amenaza 15 áreas naturales protegidas, así como comunidades nativas defensoras de los bosques.