Los avances en tecnología en la última generación han traído cambios importantes en la forma de hacer negocios y en los patrones de consumo. Pero también han constituido un reto para los hacedores de políticas públicas.

¿Cómo cobrar impuestos a empresas que brindan servicio en un país, pero que físicamente no son residentes? ¿Cómo hacer tributar a los bienes y servicios provistos por dichas empresas? Es lo que se conoce como impuestos a la economía digital.

La Constitución dominicana establece que uno de los fundamentos del régimen económico es la libre competencia y dispone además la igualdad de tratamiento. Es decir, la actividad empresarial debe recibir el mismo trato legal. Uno de los principios básicos de una economía de mercado es que se debe competir en igualdad de condiciones. El surgimiento de la economía digital ha sido un avance tecnológico impresionante que ha mejorado el bienestar de los usuarios, pero se está desarrollando en un ambiente muy desigual por razones tributarias y regulatorias.

Desde hace años se debate en el país el tema de las compras por internet que vienen a través de las empresas de Courier. Sin dudas, que el consumidor se ha beneficiado por tener una oferta de productos mucho mayor a través de las compras en línea. Pero los comercios dominicanos que compiten con plataformas digitales tienen que pagar no solo impuestos, sino seguridad social y muchos otros costos para operar. El resultado ha sido la quiebra de muchos de ellos, la pérdida de empleos y también de recursos fiscales.

Y si eso es fruto de las condiciones cambiantes del mercado o de nuevas tecnologías, realmente no es malo. Es algo así como la destrucción creativa a que hacía referencia el economista austriaco Joseph Schumpeter. El tema es que parte de esta situación se debe a que las empresas locales pagan impuestos y las que ofrecen productos por internet (y están radicadas en el exterior) no pagan o pagan muy poco.

En la pandemia el problema se exacerbó no solo porque el confinamiento disparó la demanda de compras en línea, sino porque cuando las empresas dominicanas tradicionales quisieron competir por esta vía, no pudieron hacerlo en igualdad de condiciones. Las ventas en línea de los comercios dominicanos sí están gravadas con impuestos, mientras que las empresas de fuera no lo están.

Otro ejemplo es en el sector de telecomunicaciones, que además del 27% de impuesto sobre la renta, tiene que pagar 30% de impuestos indirectos. Estas empresas, en el servicio de streaming, tienen que competir con Netflix, Amazon, Disney y numerosos proveedores que no tributan en el país.

El ejemplo más reciente, y que ha surgido con más fuerza en los últimos años, es la competencia que están enfrentando los hoteles por el servicio de alquiler de habitaciones que ofrecen proveedores como Airbnb. Y esto ya no es trivial. Datos del sector muestran que hasta un 30% de los visitantes a nuestro país se están quedando en habitaciones rentadas a través de plataformas digitales.

Mientras los hoteles tienen que pagar todos sus impuestos (y muchos otros gastos), ahora enfrentan la competencia de un proveedor que no tributa ni está sujeto a ninguna regulación. Y esto constituye una competencia desleal que un Estado no debe permitir.

Como bien le dijo el mago Dumbledore a su discípulo Harry Potter: “Vienen tiempos difíciles y llega un momento en que hay que escoger entre hacer lo correcto y hacer lo fácil”. En este caso, hacer lo fácil es no hacer nada.

Si como sociedad estamos en contra de los impuestos, entonces para preservar la equidad lo justo es que no se les cobre a los agentes económicos locales. Esta probablemente será la salida que quiere la mayoría de los dominicanos, pero la que los hacedores de políticas conscientes no propondrán.

Por otro lado, hacer lo correcto es poner a todos a competir en igualdad de condiciones y esto requiere entonces que se empiecen a cobrar los impuestos a las plataformas digitales. Si bien la pandemia atrasó el proceso, el Gobierno ha mostrado la voluntad de aplicarlos y en 2021 lo puso expresamente en el artículo 37 del proyecto de Ley de Presupuesto. Para 2022 el Gobierno tiene la intención de hacerlo, como lo expresa en el informe explicativo que acompaña al Presupuesto.

Este es el tercer presupuesto consecutivo en que se expresa esta idea. Es hora ya de que se implemente, pasando del dicho al hecho.