La historia popular cuenta que un rey salía por las noches disfrazado de ciudadano común y se paseaba por los mercados, las plazas y las comunidades para observar directamente la realidad que vivía el pueblo. Con estas andanzas, el gobernante veía cosas distintas a la presentada por los miembros de su corte real.

Al escuchar declaraciones de los principales funcionarios del actual gobierno de que “las políticas de desarrollo e inversión implementadas en este gobierno han permitido mejorar la calidad de vida de la gente y aumentar los empleos”, queda claro que necesitan urgente darse una vuelta por el país para caer en cuenta de que ese optimismo está muy lejos de la verdad. De hecho, el simple acto de analizar las estadísticas publicadas por las entidades gubernamentales les permitiría ver que sus propios datos los desmienten.

Una vuelta por cualquier comunidad les permitiría ver que la familia dominicana hoy en día se queja de que el dinero cada vez le rinde menos. Y los datos del Banco Central confirman esa queja ciudadana. Según las estadísticas oficiales, el costo de la canasta familiar ha aumentado 8,645 pesos en comparación con el nivel pre-pandemia, mientras que los ingresos apenas han subido 3,121 pesos. En pocas palabras, la familia dominicana tiene 5,524 pesos “abajo”.

Un recorrido por los barrios y campos del país los llevaría a escuchar las quejas por la falta de empleo, que hay que “buscársela” para comer. Esto también queda confirmado con las informaciones del Banco Central. En el primer trimestre del presente año había 69,561 empleos formales menos de lo que había a finales de 2019, y si se descuenta el empleo en el gobierno (que ha aumentado muchísimo) la caída es de 105,757 puestos de trabajo en el sector formal.

Lo que sí ha crecido es el empleo informal, aumentando 143,014 puestos de trabajo, sobre todo otros servicios, construcción y comercio. Es decir, la gente ha tenido que buscársela para comer ante la caída en el empleo formal.

Ante este deterioro de la calidad de vida evidenciado por las estadísticas del propio gobierno, es fácil anticipar la respuesta del oficialismo. Hablarán de la pandemia, de la guerra Rusia-Ucrania, del petróleo y de muchas cosas más. Buscarán algún dato de otro país, ya sea de Estados Unidos o de Guyana, para mostrar que en otros lugares “la cosa está peor”. Pues bien, anticipando esto, veamos los demás países.

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2022”, de un total de 12 economías latinoamericanas analizadas, República Dominicana era el único país donde el total de asalariados privados en 2022 estaba por debajo de lo registrado en 2019. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, todos tenían a mediados de 2022 más empleos formales en el sector privado que en 2019, la única triste excepción en el continente era República Dominicana con un -2.3%.

De acuerdo con el mismo informe, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos era de 11% al comparar mediados de 2022 con finales de 2019, la mayor reducción de todos los países analizados. Por esto, la CEPAL expresa que en América Latina la pobreza bajó en 2021, excepto en Brasil y en República Dominicana.

Y el año 2023 no luce ser mejor, pues República Dominicana lleva el segundo menor crecimiento económico de Centroamérica, solo por debajo de El Salvador. A un gobierno que le gusta tanto hablar de “cifras récord”, “cambios sin precedentes” y de “logros históricos”, al menos en materia económica lo único histórico es dejar de ser líderes regionales para ocupar los últimos lugares en América Latina.

No obstante, un lector perspicaz diría que la calidad de vida no se mide únicamente por lo económico, sino que influye la calidad de los servicios públicos. Aquí tampoco el gobierno tiene buenas noticias. Si la gente se queja de la delincuencia, no es percepción, es realidad. Las estadísticas del Ministerio de Interior y Policía dan cuenta que la tasa de homicidios ha subido un 32% en 2022 comparado con 2019, y la misma entidad oficial proyecta que en 2023 habrá un incremento de 5% adicional.

De hecho, primera vez en décadas que la delincuencia en vez de bajar aumenta. Esto también quedaría en el registro de los hechos históricos de este gobierno.

En salud, el Ministerio de Salud Pública muestra que las muertes infantiles han aumentado 18% en 2023 comparado con 2019, y esto asumiendo que ya se estén registrando correctamente todos los decesos. En materia educativa, el Ministerio de Educación reporta que la cobertura de inicial bajó de 52.5% en 2019 a 25.3% en 2022, dígase bajó a menos de la mitad. La cobertura primaria bajó de 95.7% a 93.6%, la cobertura secundaria bajó de 72.5% a 70.1%. La misma caída se registra en la tasa de asistencia en todos los niveles.

Por su lado, las quejas por la tanda de apagones, por no poder sacar a tiempo un pasaporte o por la caída del servicio 9-1-1, ya se ha vuelto parte de la conversación diaria de la ciudadanía.

Viendo todos estos datos, uno se pregunta: ¿cómo se puede afirmar que ha mejorado la calidad de vida? ¿Por qué gastar más de ocho mil millones de pesos en publicidad para mostrar una realidad distinta a la que presentan sus propios datos?

En políticas públicas se requiere tener un buen pulso de la situación para desarrollar el sentido de urgencia que requieren las grandes acciones, esas que transforman los países. Y es que, en la arena pública, engañar y engañarse es muy perjudicial, siendo lo segundo aún más peligroso que lo primero. Consciente de esto, el gobernante de la historia popular dejaba a los miembros de su corte engañar a otros, pero nunca engañarlo a él mismo, y por eso iba por las calles de su pueblo viendo de primera mano la cruda realidad que le ocultaban en la cúpula de su reino.