Un análisis de Quantified Ventures para Recovery Centers of America estimó que el abuso en el consumo de drogas y alcohol en los Estados Unidos le costó US$1.45 trillones a esa nación en 2016, producto de pérdidas económicas ascendentes a US$578 billones y daños anuales provocados a la sociedad por US$874 billones. Solo en ese año, el costo total del abuso en el consumo de drogas y alcohol alcanzó un 7.8% del PIB.

Dentro de estos costos se incluyen las pérdidas de productividad debido a la participación de los trabajadores en el consumo de drogas; la participación de estos en tratamientos por abuso de drogas; los costos de encarcelamiento; las pérdidas por muerte prematura; los costos de atención médica para tratamiento de drogas y consecuencias médicas relacionadas con las drogas; los costos de justicia penal debido principalmente a los gastos de investigación criminal, enjuiciamiento y encarcelamiento; y costos enfrentados por las víctimas.

Desconocemos si existen estimados más recientes, pero cuando se observa el creciente número de drogadictos en las aceras y calles de las principales ciudades de los EE. UU., uno podría pensar que el costo de dicho abuso en el consumo es cada vez mayor. Eso no es bueno para EE. UU. ni para el resto del mundo.

Para controlar las drogas, el Gobierno federal de la nación más poderosa del mundo destinó la suma de US$44,197 millones en 2023. A muchos este monto podría parecerles gigantesco, pues representó más del 36% de nuestro PIB en 2023.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que el PIB y el gasto público en los EE. UU. alcanzaron US$27.36 y US$10.41 trillones en el 2023, respectivamente, se observa que el Gobierno federal apenas destinó el 0.16% del PIB y 0.42% del gasto público para enfrentar un problema que genera un costo de 7.8% del PIB a la principal economía del mundo.

Todos los estudios realizados sobre el problema del consumo de sustancias ilícitas en EE. UU. revelan que una de las políticas más efectivas para reducir el consumo es la reducción de la oferta en las calles. Una menor oferta contribuye a reducir el consumo por dos vías: menor disponibilidad de venta de drogas y mayor precio cuando aparece.

Visto el número creciente de adictos a su consumo, todo apunta a que las drogas continúan ingresando al mercado estadounidense. Los diseñadores de políticas públicas de esa nación deberían releer a Gary Becker, premio Nobel de Economía 1992, especialmente sus escritos sobre el enorme poder que tienen los incentivos para motivar a los agentes económicos. El Gobierno de EE. UU.

debe estimular más a todos sus socios que participan en la empresa de control de drogas. Los principales socios del Gobierno de EE. UU. son los gobiernos de los países utilizados como geografía de tránsito de drogas que tienen como destino final a EE. UU.

Becker recomendaría ofrecer incentivos más poderosos a estos gobiernos para que eleven la efectividad de la captura y decomiso de sustancias ilícitas. Tomemos el caso de República Dominicana. En el período 2015-junio 2024, el Gobierno dominicano ha decomisado 130,704 kilos de cocaína, registrándose un promedio de casi 21,000 kilos por año en el período 2021-julio 2024.

El Gobierno de EE. UU. ha reconocido públicamente el esfuerzo creciente que ha exhibido la administración del presidente Abinader para evitar que estas sustancias ilícitas lleguen al mercado estadounidense.

Es realmente imposible saber cuanta de la droga en tránsito que llega al país es finalmente decomisada y cuanta termina llegando a su destino final. Lo que sí nos atrevemos a afirmar es que Becker recomendaría al gobierno de su país ofrecer incentivos adecuados a gobiernos como el de República Dominicana para elevar aún más la efectividad de sus acciones para evitar que la droga llegue a EE.UU.

El valor de mercado, medido al precio de “retail” promedio en las calles de las principales ciudades de los EE. UU., de la cocaína decomisada por el Gobierno dominicano en el período 2015-junio 2024 asciende a US$24,627 millones. ¿Qué recomendaría Becker?

La creación de un Fondo de Estabilización para Mitigar las Perturbaciones Económicas y de la Naturaleza, administrado conjuntamente por el Tesoro de los EE. UU. y el Ministerio de Hacienda de los gobiernos socios en el combate contra las drogas, alimentado anualmente por un honorario, remuneración o comisión equivalente al 10% del valor de mercado de la droga decomisada cada año.

En el 2022, por ejemplo, el Fondo correspondiente a República Dominicana habría recibido un depósito del Tesoro de los EE. UU. ascendente a US$497.3 millones sólo por concepto de la cocaína decomisada. Ofreciendo estos incentivos beckerianos, podemos estar seguros que una menor cantidad de la droga que llega a nuestro país en tránsito hacia los EE.UU. terminaría llegando a su destino.

Los US$49.6 millones donados por EE. UU. al país en 2023 son importantes, pero insuficientes para el esfuerzo extraordinario que realiza el Gobierno dominicano para combatir el tráfico de drogas que tantos costos económicos y daños sociales están provocando a los EE. UU.

Un Fondo como el que sugeriría Becker, ayudaría a países como el nuestro a enfrentar las calamidades fiscales que producen los aumentos súbitos de la tasa de política de la FED para ajustar la demanda agregada y reducir la inflación en EE. UU. y el paso de huracanes de gran intensidad que terminan provocando fuertes daños en nuestra infraestructura física.