Es interesante analizar los acontecimientos recientes en Colombia. Aunque es un país más desarrollado que República Dominicana, en materia fiscal hay algunas similitudes con nosotros. Fruto de la pandemia el gasto, el déficit y la deuda han aumentado mucho, por lo cual el Gobierno viene analizando desde hace meses un paquete de medidas que culminaron con el envío hace unas semanas de una reforma en materia fiscal con un nombre tan llamativo como extenso.

Proyecto de Ley por “medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones.”

La pieza 110 páginas y la exposición de motivos que lo acompaña, 211. Si es por cantidad no hay forma de perderse. En principio es un proyecto al menos bien sustentado.

Sin embargo, la reacción de la población no se hizo esperar: manifestaciones y disturbios que incluso culminaron en lamentables pérdidas de vidas. También la oposición política manifestó su desacuerdo. El Ministro de Hacienda se vio obligado a renunciar.

¿Y qué falló? ¿Era un parche tributario? La realidad es que no. La propuesta de reforma es balanceada. Aunque tiene elementos de impuestos indirectos que son impopulares, esto se balanceó con gravámenes a la economía digital, tributos medioambientales y un paquete de impuestos progresivos a la riqueza, al patrimonio y a la propiedad y a la renta de los que ganan más.

El proyecto contiene una redefinición de la Regla Fiscal y crea un comité autónomo integrado por cinco expertos de reconocido prestigio profesional que supervisarían su cumplimiento. También contiene elementos de fortalecimiento y focalización del gasto social, medidas de austeridad, eficiencia en el gasto y compensación a los grupos más pobres de la población. En resumen, una propuesta integral y redistributiva.

¿Y qué pasó entonces? Seguro hay muchos factores económicos, sociales y políticos que trascienden este breve análisis. Pero se repite una tendencia preocupante que se da en América Latina desde hace unos años: la población demanda cada vez más bienes públicos y apunta a un estado de bienestar como el de los países desarrollados, meta difícil de lograr recaudando 15 puntos del PIB menos que estas economías, como sucede en Colombia.

También se repite la tendencia vista en otros países y momentos históricos en que se cree que otro va a pagar por la crisis. Si bien estamos viviendo una tragedia mundial que va a requerir una solución multilateral, es arriesgado apostar solamente a esta solución. No hay forma de que la comunidad internacional resuelva el problema fiscal de todos los países, aunque bien lo podría hacer para los países más pobres. En el mejor de los casos esta solución será parcial para países como los nuestros.

La crisis bancaria del año 2003 es un buen ejemplo de un costo que todavía estamos pagando, porque no solo fue la inflación y devaluación que nos empobreció en ese momento. La crisis no se saldó cuando el tipo de cambio se redujo a fines del 2004 y la inflación volvió en 2005 a niveles bajos. Esa crisis se pagó con varias reformas tributarias y la hemos seguido pagando durante muchos años a través de altas tasas de interés domésticas, necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica en un contexto de déficit estructural.

La pandemia ha empobrecido al mundo. El aumento del gasto financiado con deuda ha sido la salida correcta. Esto ha evitado una catástrofe social mayor. En el caso dominicano el Gobierno emitió un informe en el que demuestra que los programas sociales de emergencia evitaron que 600,000 dominicanos cayeran bajo la línea de pobreza. Pero esto no ha sido gratis.

Al igual que otros países de la región, los dominicanos aspiramos a un Estado que gaste cada vez más, pero recaude cada vez menos. Y eso no va a funcionar. Un Pacto Fiscal no se logra en meses, pero al menos debe iniciarse la discusión. En Colombia se habla de que la reforma será reintroducida luego de que se logre más consenso político. Quizás es el momento en que Danilo, Leonel e Hipólito se tomen un cafecito con el Presidente Abinader. Al final es un consenso político que se necesita y cuatro Presidentes sí pueden tener la llave. El que piense otra cosa está perdido.