El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, lo expresó claramente. El gobierno piensa que el sector privado gestionaría mejor las empresas distribuidoras de electricidad. ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión? Por el fracaso de la gestión pública, pues “el Estado invierte mil millones de dólares y las pérdidas de las distribuidoras no bajan, porque no hay una gestión eficiente.” Como soporte a su afirmación cabe destacar que las pérdidas totales de las EDE pasaron de 33.6% en septiembre de 2020 a 37.9% en septiembre de este año.

Una alianza público-privada óptima debe incluir un adecuado equilibrio de riesgos entre los agentes privado y público. En el caso de las EDE, el mayor riesgo es de flujo de caja que se determina por los ingresos por concepto de facturación y cobranza, menos los egresos operativos y de gastos de capital, tomando en consideración el retorno del capital propio que será exigido por el sector privado.

De acuerdo con Freund, el sector privado invertirá 1,600 millones de dólares en los próximos seis o siete años. ¿Cómo obtendría esos recursos? ¿Se necesitaría garantía soberana? ¿Dónde se invertirían esos recursos, en barrios carenciados? Esa inversión debería mejorar la capacidad de facturación y cobranza del sector privado. Para que sea financieramente viable esa APP, el aumento de los ingresos debe superar por mucho el incremento del costo relacionado con el retorno del capital privado. ¿Dónde está el análisis costo/beneficio?

¿Cómo se determinará la tarifa de electricidad a ser cobrada por esa APP durante un plazo de 30 años? En los primeros seis años se aplicaría la tarifa establecida por la resolución No. SIE-093-2021 de la Superintendencia de Electricidad, lo cual implica que el gobierno deberá seguir pagando un subsidio a las EDE. Después de ese período, se aplicaría una tarifa técnica que implica un nivel de pérdidas de 15%. ¿Será capaz el sector privado de reducir las pérdidas anualmente en más de tres puntos porcentuales para llegar a esa meta? Luce difícil, por lo cual habría que identificar cuál sería la penalidad si no logra esa meta de reducción de pérdidas. ¿Y si aumenta el precio de los combustibles de generación de electricidad y el gobierno no ajusta la tarifa de electricidad? El gobierno tendría que aumentar las transferencias a las distribuidoras, como si fuera un peaje sombra.

¿Qué pasaría cuando ese administrador privado llegue a un barrio popular a tratar de cobrar la energía eléctrica y realice cortes generalizados? Dice Freund que el gobierno otorgará a los más pobres un subsidio focalizado al consumo de los primeros 150 kWh. Me imagino que las autoridades piensan que eso evitaría el malestar de los barrios, disminuyendo la probabilidad de que la gente se lance a las calles a protestar.

Un reto importante es el mecanismo de selección del administrador privado, el cual debe ser transparente y promover la competencia de varios oferentes. El seleccionado debe tener experiencia y capacidad para realizar una gestión al menor costo -operativo y de capital- posible.

¿Cuál será el papel del Estado, además de cubrir riesgos del ajuste tarifario? Supervisar operaciones y evaluar desempeño.

Debo señalar que esta no sería la primera vez que el sector privado administre las EDE. Llega a mi memoria el caso de Unión Fenosa que administró Edenorte y Edesur y, a pesar de inversiones millonarias, no pudo alcanzar un flujo de efectivo capaz de darle viabilidad a esas empresas distribuidoras de electricidad. Por ese motivo, en 2003, el gobierno tuvo que recomprar las acciones que tenía en su poder esa empresa española. Posteriormente, en 2009 el gobierno recompró las acciones de Edeeste que tenía en su poder TCW.

Espero que esta segunda etapa de administración privada de las EDE sea más exitosa.