⏱️ 3.05 min

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, dijo la pasada semana “que la reforma fiscal irá si o si”, lo que indica que está fuera de lugar la pregunta: ¿va o no va la reforma tributaria?

Estando fuera de discusión la posibilidad de que no haya reforma tributaria, preguntémonos entonces: ¿puede posponerse la entrada en vigor de la reforma al 2023 y que su implementación sea paulatina, en un plan a tres años?

El líder empresarial, Celso Juan Marranzini, lo planteaba la semana pasada en el comunicado de la AIRD del 12 de octubre de 2021. Expresó que no era momento para una reforma y se refería a una serie de medidas que deberían ser tomadas previamente por el Gobierno.

Todavía estamos en tiempo de determinar como se recuperará el país y se transformará, más que de hablar de reforma.

Estamos en un momento en que sectores no se han recuperado, y gravarlos más, implicaría despidos, menos ingresos y menos consumo. Aumentar el impuesto sobre la renta disminuiría el consumo. En ambos escenarios, se reducirían las recaudaciones por ITBIS. Por lo que una reforma tributaria, no necesariamente tendrá los efectos deseados.

Implementar nuevos impuestos (no transitorios) como si estuviéramos en una carrera de 100 metros puede ser altamente nocivo para el país pues reduce las capacidades de planificación y previsión que tienen las empresas y los hogares.

Conocer a tiempo, el contenido de la propuesta de reforma, también es una responsabilidad. Especialmente, a final de año, que es cuando las empresas planifican sus presupuestos del próximo año.

Y para entender la importancia de este comentario, basta con ver los efectos del cisne negro que nadie preveía: la Covid-19, que no dejó tiempo para adaptarse.

Es el momento ideal -en pleno otoño- para detenernos a reflexionar sobre la eficacia de algunas exenciones impositivas que figuran dentro de las leyes de exenciones y así evaluar la pertinencia de determinados beneficios fiscales incluidos en esas leyes.

Considerar mejorar la tributación ambiental como en España que ha planteado nuevas figuras tributarias que graven el comportamiento nocivo del medioambiente, como al plástico de un solo uso y los residuos.

Si tan bien vamos con la reactivación económica (IMAE 13% de enero a agosto de 2021) y las recaudaciones (incremento de 44.3% en el primer semestre del año), qué tal si se propone un aumento de la recaudación a través del aumento de la actividad económica. O a través de simplificación de procesos como lo planteó el economista Jaime Aristy Escuder en su artículo del 14 de octubre de 2021.

Si bien es prudente y racionalmente lógico, pensar en las consecuencias que tendrá la aplicación esta propuesta de reforma en el futuro, no podemos olvidar el presente y demandar soluciones inmediatas.

El mayor impuesto a la población de escasos recursos ha sido el deterioro de la alimentación escolar y de la no ejecución del presupuesto de inversión pública, entre otros. Programas que en años anteriores se ejecutaban con el esquema tributario actual.

También una reducción de la capacidad de compra de los hogares en 7.74% a septiembre de 2021, por un incremento general de precios (inflación) que junto con la inflación del año anterior (5.03% a septiembre de 2020), además se comerá el aumento de salarios real anunciado a entrar en vigencia el 16 de julio de 2021 y 1ro de enero de 2021 (14%).

De hecho, si el aumento que se refleja en las recaudaciones en la partida del ITBIS dentro del Proyecto de Ley Presupuesto 2022, de 194 mil millones de pesos en 2020 a 275 mil millones de pesos en 2022, no se debe a un aumento en la tasa impositiva, entonces el Ministerio de Hacienda al momento de elaborar dicho Proyecto de Ley, previó un mayor incremento de los precios (inflación) para los meses próximos.

Para muchos, no se trata de tener menores ganancias, sino de sobrevivir, porque están a un shock de pasar de un estado de vulnerabilidad a pobreza o a pobreza extrema.

Pongamos nuestro corazón en ellos.

Lilliana Rodríguez-Álvarez, economista especializada en finanzas, con máster en políticas públicas y sociales.