El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha decidido regular las actividades de las empresas de transporte de pasajeros basadas en plataformas digitales, como Uber, que operan en territorio dominicano. De acuerdo con lo establecido en la Normativa Técnica del Servicio de Transporte de Taxis, el Intrant establecerá un conjunto de medidas que, más que regular, reducirán la capacidad de Uber -o cualquier otra empresa similar- de prestar adecuadamente el servicio. Con esa decisión se perjudicará el usuario de servicios de transporte de pasajeros.

Lo más grave de todas las decisiones del Intrant es que Uber no podrá prestar el servicio a menos de un kilómetro de distancia de la puerta de los hoteles de las zonas este y norte del país. En el caso del Gran Santo Domingo la distancia se reduce a 200 metros. Eso significa que si un turista quiere tomar un Uber o llegar desde el aeropuerto en un Uber deberá caminar un kilómetro hasta la puerta del hotel. Eso es regulación de la mala, la que brinda protección extremadamente ineficiente a carteles y sindicatos de taxi. La reducción de la competencia, creada por Uber, mantendría los precios elevados y deterioraría la calidad del servicio, perjudicando al consumidor local y a los turistas.

Pienso que ese tipo de medida, y otras más que se incluyen en esa normativa, en contra de Uber y de otras empresas de transporte de pasajeros basadas en plataformas digitales, contrasta con el interés del Ministerio de Turismo de promover la llegada de turistas. Estoy seguro de que un turista, que un grupo de sindicalistas del Taxi le obliguen a desmontarse de un Uber en medio de un caos, no vuelve al país.

La regulación de las actividades económicas no se le debe dejar a inexpertos o a partes interesadas. Por ese motivo le recomiendo al Intrant que solicite cooperación técnica, sea al Banco Mundial, al PNUD, o a centros académicos nacionales o internacionales, para que se pueda diseñar un marco regulatorio óptimo. Un marco que incluya los aspectos positivos de las lecciones estadounidenses y europeas, que permita la competencia justa y ponga siempre, por encima de todo, el interés del consumidor. Principal agente económico de la sociedad.