Agrupaciones de ciudadanos que aspiran a una mayor institucionalidad en el país han reclamado durante años la independencia total del Ministerio Público del Poder Ejecutivo.

Han presionado a los candidatos a la presidencia para que se comprometan con una reforma constitucional que establezca que el procurador general de la República, en vez de ser nombrado por el presidente de la República, sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Según ellos, ahí reside el Santo Grial para acabar con la corrupción. El presidente Abinader someterá hoy a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la Constitución que, entre otras cosas, plantea que, en lo adelante, el procurador general de la República sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República.

Alguien podría pensar que ese esquema para la designación del procurador general es la norma en la mayoría de los países del mundo. Para tener una idea más clara sobre cómo se designa al procurador general o fiscal de la República en otros países, el equipo de asistentes de investigación de la Fundación Economía y Desarrollo procedió a revisar las legislaciones correspondientes de cada país, lo que permitió elaborar la tabla que acompaña a este artículo.

A continuación, los resultados del ejercicio. En 129 de los 145 países analizados, el 89% del total, el procurador general es nombrado por el presidente, el primer ministro, canciller (“chancellor”), gobernador general, rey, sultán, príncipe, consejo de gobierno o de ministros.

En este grupo de países se encuentran Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Holanda, Alemania, Luxemburgo, Irlanda, Canadá, Estonia, Australia, Uruguay, Bélgica, Japón, Islandia, Austria, Francia, Inglaterra, Seychelles, Barbados, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Chile, Bahamas, Corea del Sur e Israel, los treinta países, junto con Suiza, que Transparencia Internacional asigna los menores niveles de percepción de corrupción (IPC) en el mundo.

En este grupo de 129 países, el IPC promedio en 2023 resultó ser 45.73. A mayor índice, menor nivel de percepción de corrupción.

En otros 13 países, el procurador general es designado por la Asamblea (Federal, Nacional, Popular Nacional, Nacional del Poder Popular, Legislativa, Legislativa Plurinacional o Suprema del Pueblo), el Parlamento, el Congreso Nacional o el Senado.

Aquí aparecen Suiza, Letonia, Croacia, Armenia, Montenegro, China, Cuba, Colombia, Albania, El Salvador, Bolivia, Honduras y Corea del Norte. En este grupo de países, el IPC promedio en 2023 resultó ser 42.00.

Finalmente, existen tres países en los cuales el procurador general de la República es designado por el Consejo Superior de la Magistratura o la Junta Nacional de Justicia. Perú, Gabón y Camboya son los únicos países del mundo donde el Poder Ejecutivo o el Legislativo no intervienen en la designación del procurador general. En estos tres países, el IPC promedio en 2023 fue de 27.67.

Visto lo anterior, no existe evidencia empírica que soporte la percepción de que aislar al Poder Ejecutivo o al presidente de la República de la designación del procurador general contribuiría a reducir la corrupción.

Incluso, si asumimos que las estimaciones de percepción de corrupción que realiza Transparencia Internacional son correctas, podría concluirse que en aquellos países donde la designación del procurador general es responsabilidad del presidente de la República, es probable que la corrupción sea más baja que en aquellos donde esta recae en otras instancias.

Más interesante aún es lo que ha sucedido en el país a partir de 2020. En los años 2019-2020, Transparencia Internacional nos asignó un IPC de 28, lo que nos colocaba en la posición 137. En 2023, el IPC asignado fue de 35, lo que nos permitió mejorar 29 escalones en apenas tres años, reflejando un progreso considerable en la reducción de percepción de corrupción.

Ese avance se logró a pesar de que el presidente Abinader, no el Consejo Nacional de la Magistratura, fue quien designó, el 16 de agosto de 2020, a la procuradora general de la República.

Lo anterior revela que lo realmente importante es que el responsable de designar al procurador general tenga plena confianza de que la persona escogida está totalmente comprometida con el fomento de la transparencia en la toma de decisiones en el ámbito público, la investigación a fondo y liberada de influencias políticas de todos los casos de posible corrupción que se le presenten y sea abiertamente intolerante con la impunidad cuando se haya comprobado que la duda razonable, luego del sometimiento del expediente, no hará acto de presencia cuando nuestros jueces tengan que emitir su sentencia. Uno pensaría que delegar la facultad de designar al procurador general solamente en el presidente no es conveniente. Sin embargo, la evidencia internacional nos indica lo contrario.

No olvidemos que a pesar de que durante las últimas seis décadas nuestro procurador general ha sido designado por el presidente de la República, lo que para muchos estimula la corrupción y merma nuestras posibilidades de crecimiento económico, somos el país de la región que ha exhibido la mayor velocidad de convergencia de su ingreso por habitante con el de Estados Unidos en 1972-2022.