El tema del aborto es sensible en todo el mundo. El debate pasa por matices científicos, filosóficos, religiosos, legales, y de toda índole. Desde hace años se discute en el país el Código Penal y la despenalización del aborto en las tres causales es por mucho el tópico más controversial. Estas causales se refieren a aquellos casos en que el embarazo i) represente un riesgo para la vida de la mujer, ii) sea fruto de una violación o incesto, o iii) existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Durante la campaña electoral el PRM adoptó la posición de aprobar la despenalización parcial del aborto bajo estas tres causales. Pero, al igual que con muchos temas, una cosa es lo que se dice en campaña y otra cuando se está en el Gobierno (¡para que vean que no solo pasa con los impuestos!). Se llegó a hablar hace unos meses de convocar un referendo para que sea la población la que decida.

Somos uno de los cinco países de la región que penaliza el aborto en todas las circunstancias. Los otros son El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua. No sé si es coincidencia, pero estos cuatro países son de los más atrasados de América Latina, en cuanto a indicadores económicos y sociales. Por lo que, al menos, se puede decir que no estamos en buena compañía.

Y a estas alturas muchos ya se estarán preguntando: ¿Qué hace un economista hablando del aborto? La respuesta que tengo es el ejemplo de Steven Levitt uno de mis profesores en la Universidad de Chicago y uno de los economistas más originales de las últimas décadas. En el año 2001, publicó una investigación muy controversial: El Impacto de la legalización del aborto en el crimen, junto al profesor John Donohue.

En el trabajo se presentó evidencia de que la caída registrada en las tasas de criminalidad en Estados Unidos durante los años noventa era en gran parte una consecuencia directa de la legalización del aborto en 1973. Los autores señalaron el hecho de que los jóvenes de entre 18 y 24 años son más propensos a cometer crímenes y que los datos para Estados Unidos indican que el crimen empezó a declinar drásticamente en 1992, justo 18 años después de la decisión de despenalizar el aborto en muchas circunstancias; y que la mayor caída ocurrió en 1995, que es el año en que se tendría el pico de criminalidad.

En vista de que algunos Estados ya habían legalizado la práctica antes de 1973, la caída en la criminalidad en esos lugares antes de 1992 es una evidencia del impacto de la legalización del aborto y eso fue precisamente lo que ocurrió en California y New York, por ejemplo. Otra evidencia que muestran los autores es que los Estados que tuvieron una mayor tasa de abortos fueron los que experimentaron una caída más drástica en la criminalidad.

Decir que estas conclusiones son controversiales es poco y no han estado exentas de críticas. Una de ellas es que en realidad la penalización del aborto no evita que éstos ocurran: Quienes tienen los recursos viajan a lugares en los que es permitido; y las personas carenciadas buscan la forma de practicarse el aborto de manera ilegal.

Pero los autores han mantenido sus conclusiones. En el año 2005 rehicieron sus estimaciones en base a las críticas metodológicas que les habían formulado, y llegaron a los mismos resultados que en el trabajo original.

Recientemente (2019) concluyen que el paso del tiempo ha reforzado sus hallazgos. En el año 2001 ellos predijeron que la legalización del aborto iba a reducir el crimen en un punto porcentual anual en las siguientes dos décadas. Precisamente, los datos de 1998 a 2014 muestran que el crimen bajó 17.5% en ese periodo (justo el 1% anual que ellos habían predicho).

Citando al economista de Harvard, Robert Barro: “Estas conclusiones no van a cambiar el punto de vista de los pro-vida, quienes ven el aborto como un asesinato ni tampoco de aquellos que ya hoy están a favor del aborto y que entienden que es un derecho fundamental de la mujer poder elegir. Pero para aquellos con posiciones menos extremas, las implicaciones de políticas públicas son importantes: si la legalización del aborto resulta ser una efectiva herramienta para reducir la criminalidad en las sociedades, entonces la opinión de muchos podría cambiar.”

Las implicaciones de todo esto, como bien dijo el profesor Barro, son políticamente explosivas y van a causar una gran conmoción. El debate sigue en Estados Unidos y aquí continuará, independientemente de lo que apruebe el Congreso o de lo que en algún momento falle el Tribunal Constitucional.