[Escrito el 1 de marzo de 2023]

El presidente Luis Abinader señaló en su discurso del 27 de febrero que está “instruyendo al Ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque al Comité Nacional de Salarios con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado, que esté por encima de la inflación acumulada desde el último aumento.” Y justo después señaló: “Estoy comprometido con aumentar el salario real de los trabajadores dominicanos.”

Ese debe ser el objetivo de todo mandatario, mejorar las condiciones de vida de la población. Para lograrlo hay que tomar medidas económicas que sean consistentes con la realidad económica imperante.

Actualmente la economía dominicana sufre un proceso inflacionario que ha obligado al Banco Central a establecer una postura monetaria restrictiva. Entre noviembre de 2021 y finales de octubre de 2022, el organismo emisor aprobó aumentos de la tasa de interés de referencia por 550 puntos básicos, llevándola de 3% a 8.5%. Esa política monetaria, unida a los subsidios de combustibles y alimentos, ha logrado reducir la tasa de inflación de un pico de 9.64% registrado en abril del 2022 a 7.24% observado en enero de este año.

El costo de esa reducción de la inflación ha sido el incremento de la tasa de interés de equilibrio, tanto la activa como la pasiva. El promedio ponderado de la tasa activa que cobran los bancos múltiples se situó en 15.64% en febrero. Ese mayor costo del financiamiento ha impactado negativamente la demanda agregada interna, específicamente la inversión y el consumo.

El resultado del menor ritmo de crecimiento de la demanda agregada es menor tasa de crecimiento del producto interno bruto. El presidente Luis Abinader en su discurso afirmó que la política económica ejecutada para reducir la inflación ha provocado una “disminución del crecimiento económico que se reflejó en el último trimestre del pasado año y continuará reflejándose en el primer trimestre de 2023.” Asimismo, en el comunicado de política monetaria del Banco Central publicado ayer se indicó que: “Para el 2023, se prevé un crecimiento económico muy moderado durante el primer trimestre por factores externos e internos; retomando posteriormente una senda de expansión en tono a 4.0% – 4.5% para el cierre del año.”

Lo anterior pone de manifiesto que en los próximos meses habrá una disminución generalizada del ritmo de crecimiento de la actividad económica del sector privado. En consecuencia, es preciso tomar en consideración el impacto que tendría sobre las empresas, en particular las pequeñas y medianas, un incremento del salario mínimo superior al 16%. Esa decisión de ajuste del salario mínimo podría provocar aumentos de precios, mayor apriete monetario, tasas de interés más elevadas, menor crecimiento del PIB, destrucción de empleos y empeoramiento de las condiciones de vida de la población. En resumen, un resultado muy distinto al que se quiere lograr con el aumento del salario mínimo por encima de la inflación acumulada.