Esa es la pregunta que debemos tratar de responder frente al reclamo que un número creciente de dominicanos ha hecho a través de la prensa, la radio y las redes sociales. Para poder contestar la pregunta debemos calcular cuánto han cobrado las EDES entre noviembre de 2021 y abril de 2022, pues el más reciente Informe de Desempeño de Empresas Eléctricas Estatales (IDEEE) es el correspondiente al período enero-abril 2022. Los ingresos de las EDES en el período noviembre 2021 – abril 2022, que es el período que incorpora los aumentos de la tarifa eléctrica dispuestos por la Superintendencia de Electricidad (SIE) amparándose en lo acordado en el Pacto Eléctrico, ascendieron a US$799.5 millones. Cuando se comparan con los 6 meses anteriores (mayo- octubre 2021), los cuales alcanzaron US$784.6 millones, se tiene que en los últimos seis meses para los que existe información disponible, los ingresos de las EDES por energía cobrada han aumentado en US$14.9 millones.

Se incurriría en un error si se afirma que ese ha sido el monto adicional que las EDES han cobrado en los últimos 6 meses debido al aumento de la tarifa. Para calcular el valor correcto hay que tener en cuenta la diferencia en la cantidad de energía cobrada, así como la diferencia en las tarifas promedio efectivamente cobradas por las EDES, en los períodos analizados. De esa manera, podremos saber cuánto del aumento de los US$14.9 millones se debe al efecto cantidad de energía cobrada y cuánto al efecto precio de la energía efectivamente cobrada. Lo primero es determinar qué pasó con la cantidad de energía cobrada en noviembre 2021 – abril 2022. El IDEEE indica que en esos 6 meses la energía cobrada por las EDES alcanzó 5,190.4 GWh.  En los 6 meses previos, ascendió a 5,571.3 GWh. Como vemos, las EDES cobraron 380.9 GWh menos en noviembre 2021 – abril 2022 que lo que habían cobrado durante los 6 meses anteriores. Si multiplicamos 380.9 GWh por la tarifa promedio cobrada por las EDES en noviembre 2021 – abril 2022, la cual ascendió a US$0.1540 por kWh, se tiene que las EDES dejaron de percibir US$58.6 millones en los últimos 6 meses debido a la menor cantidad de energía cobrada. En consecuencia, si los ingresos totales por cobro de energía cobrada crecieron en US$14.9 millones en noviembre 2021 – abril 2022 con relación a los 6 meses anteriores, el aumento de la tarifa efectivamente cobrada (efecto precio) le produjo a las EDES ingresos adicionales ascendentes a US$73.5 millones. Compruébelo. Por efecto cantidad las EDES perdieron US$58.6 millones mientras que por efecto precio percibieron US$73.5 millones. Si se restan los US$58.6 millones que las EDES perdieron por cobrar menos energía de los US$73.5 millones adicionales que cobraron por el aumento de la tarifa (US$73.5 – US$58.6) se tiene que el resultado neto fue un aumento de US$14.9 millones, precisamente el incremento de ingresos de las EDES que se reporta en el IDEEE cuando se comparan los dos períodos analizados. Para mayo-junio del 2022, aunque no tenemos las estadísticas de cantidad de energía cobrada por las EDES ni la tarifa promedio efectivamente cobrada, dado que en esos dos meses la tarifa de la SIE fue similar a la de abril, podemos asumir que el ingreso adicional mensual obtenido por las EDES, gracias al aumento de la tarifa, fue similar a los US$12.3 millones mensuales del período noviembre 2021 – abril 2022.  En consecuencia, el aumento total de ingresos adicionales obtenido por la EDES debido al alza de la tarifa fue de aproximadamente US$98.1 millones durante el período noviembre 2021 – junio 2022.

¿Puede el Gobierno (o las EDES) devolver los US$98.1 millones adicionales que generó el aumento de la tarifa eléctrica durante el período noviembre 2021 – junio 2022? La respuesta dependerá del estado de las cuentas fiscales. Al 15 de julio de este año, el Gobierno debió haber ejecutado RD$76,216 millones en gasto de capital o inversión pública. A esa fecha, según DIGEPRES, había ejecutado RD$51,731 millones. En consecuencia, en ese renglón tiene un sobrante en estos momentos de RD$24,485 millones. Sin embargo, el Gobierno ha otorgado transferencias y subsidios sustanciales a los hogares y las empresas en lo que va de año. El Gobierno ha asumido una deuda creciente con los importadores de combustibles para mantener los precios congelados. El sacrificio del Gobierno por este concepto asciende a RD$29,276 millones. Sumemos a ese monto RD$4,799 millones que a junio había transferido al sector eléctrico, RD$466 millones al transporte público, RD$1,224 millones a las empresas de fertilizantes, RD$828 millones a la industria de la harina, RD$201 millones a los productores de pollo, RD$426 millones al INESPRE, RD$1,284 millones para cubrir el aumento en el monto de afiliados y el valor de la transferencia de Supérate y el Bonogás.  Agregue el gasto extra del bono único de RD$1,500 pesos por persona que consumirá RD$1,500 millones y comprobará que este abanico de subsidios y transferencias alcanzan RD$40,004 millones. Como se advierte, la baja en la ejecución de la inversión pública no genera suficiente sobrante de recursos para compensar el elevado nivel de las transferencias y subsidios concedidos.  

Desde la óptica de la economía política del ajuste macroeconómico, resulta difícil justificar la decisión de la SIE de iniciar el ajuste de la tarifa eléctrica el pasado mes de noviembre. El “timing” no lo aconsejaba. La inflación general (para el quintil más bajo de ingresos) había llegado a 7.72% (8.06%) en octubre.  El protocolo de aumento que se había acordado afectaba con mayor intensidad a los hogares pertenecientes a los quintiles de ingreso 1 y 2, precisamente los que más estan siendo afectados por la inflación, pues no disponen de ahorros para pagar el aumento tarifario y mantener el consumo anterior de bienes y servicios inalterado. Si la SIE y el equipo eléctrico del Gobierno se hubiesen detenido un momento a ver las ponderaciones que tiene el servicio de electricidad en el consumo de los hogares, habrían observado que para los quintiles 1 y 2 este representa entre el 2.12% y el 2.43% del gasto de consumo de esos hogares. Para el quintil 5, el de más altos ingresos y de mayor capacidad de ahorro, el servicio de electricidad representa el 3.09% del gasto de consumo de esos hogares. Dado que el ajuste tarifario acordado busca reducir el subsidio cruzado desde los que más consumen a los que menos consumen, los hogares de altos ingresos prácticamente quedaron exentos del aumento tarifario. No es por casualidad que mientras la diferencia entre la tasa de inflación de los hogares de menores ingresos (quintil 1) y la tasa de inflación de los hogares de mayores ingresos era de 1.11 puntos porcentuales en octubre de 2021 (8.06% – 6.95%), en junio de 2022 la brecha había subido a 1.73 p.p. (10.35% – 8.62%). En otras palabras, la inflación está golpeando más a los de abajo que a los de arriba.

No hay duda de que el alza de la tarifa, combinada con apagones, debe estar generando un elevado costo político al Gobierno. El aumento adicional en la tarifa que comenzó a ejecutarse este mes de julio, ha sido suspendido por decisión del Poder Ejecutivo. ¿Existiría alguna fuente adicional de recursos que permita al Gobierno devolver los US$98.1 millones que las EDES cobraron gracias al aumento tarifario sobre los hogares de menores ingresos y microempresas en noviembre 2021 – junio 2022?

Aquí va una propuesta que desde nuestra óptica no puede tildarse de indecente. El Gobierno ha estado asumiendo una deuda con los importadores de combustibles que ha oscilado entre RD$96 y RD$30 por galón de gasolina Premium. Ese tipo de gasolina apenas representa el 0.45% del gasto mensual de consumo de los hogares de menores ingreso (quintil 1); en cambio, representa el 5.20% del gasto de consumo de los hogares de altos ingresos (quintil 5). En consecuencia, el subsidio representado por la deuda que asume el gobierno para evitar el “pass-through” del aumento de los precios internacionales es altamente regresivo. ¿Qué proponemos? Eliminar el subsidio en la gasolina Premium y sustituir los acreedores del Gobierno desde los importadores de combustibles a las EDES. Dado que el consumo de la gasolina Premium, el pasado mes de junio, fue de 29.3 millones de galones y el congelamiento actual del precio de ese combustible le representa al gobierno RD$29.52 por galón, la eliminación de ese “subsidio” liberaría recursos por RD$865 millones al mes, unos US$15.8 millones mensuales. En poco más de 6 meses el gobierno “percibiría” recursos suficientes para devolver los US$98.1 millones. Dado que el precio de la gasolina Premium subiría 10.05% y el costo del servicio de electricidad calculado por el Banco Central bajaría 24% si regresamos al pliego tarifario de octubre 2021, la inflación general caería en 0.36%, pues la ponderación de la gasolina Premium en el IPC es de 2.55% y la del servicio de electricidad es 2.58%.  El “switch” contribuiría a acercar las tasas de inflación que enfrentan los más pobres y los más ricos, un resultado socialmente deseable. Olivier Blanchard, el reputado economista francés, percibiría como razonable esta propuesta de cambio en la política de subsidios, más aún si esta formase parte de un acuerdo social para distribuir con mayor justicia el dolor causado por la inflación.

Las familias de mayores ingresos son las llamadas, en situaciones de crisis como las que enfrentamos, a aportar y pagar un poco más para que las de menores ingresos y las que no pueden valerse por sus propios medios, puedan sobrevivir el vendaval inflacionario que proviene del exterior. Ese, me parece a mi, es el tipo de medidas que, bien explicadas y mejor comunicadas, pueden contribuir a mejorar la gobernabilidad y mantener la extremadamente valiosa paz social que ha permitido a República Dominicana ser una de las naciones que más ha progresado económica y socialmente en los últimos 55 años.