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Fondomicro, en diciembre de 2020, estimaba que al menos un 50% de las micro y pequeñas empresas se han visto fuertemente impactadas por la covid-19 y posiblemente hayan cerrado. 

A más de un año de pandemia, resulta vital que el gobierno realice o apoye estudios que determinen el impacto de la crisis sanitaria en las micro y pequeñas empresas y su situación actual.

De esa forma, como país, podremos determinar cuales son las medidas a implementar desde el sector público y financiero privado, para encaminar las micro y pequeñas empresas a una recuperación. 

¿Por qué destacar estos sectores en particular? 1- Fuerza laboral, 2- Impacto en la pobreza y en las mujeres.

El estudio que hiciera Fondomicro en el año 2013, titulado “Micro, Pequeña y Medianas Empresas en la República Dominicana» (2014), señala que las microempresas representan el 41.3% de los ocupados y que el 51.3% de los propietarios de las microempresas eran mujeres.

Si sus microempresas han cerrado, ¿con qué se están manteniendo? Con las transferencias gubernamentales que han recibido desde marzo de 2020? Preocupa saber esto, para definir qué hacer más allá de diciembre de 2021, porque además de un deterioro en sus condiciones de vida, puede tener fuertes implicaciones en cuanto a violencia intrafamiliar.

Las microempresas son una alternativa al mercado laboral, que no genera puestos de trabajo o con salarios bajos. 

En efecto, en el mercado laboral, el acceso de la mujer es menor al del hombre. Al primer trimestre de 2021, la tasa de desocupación de las mujeres es de 12.8% mientras que la de los hombres apenas alcanza el 4.6%, según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central de la República Dominicana.

Las microempresas efectivamente, son una alternativa al mercado laboral, en especial para la mujer, como propietaria o como empleada, pues le permite conciliar las labores del negocio con las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos.

En septiembre de 2019, Rosa Rita Alvarez, defensora de los derechos de las mujeres, indicó que “se requiere la inclusión de la perspectiva de género en los modelos económicos predominantes, que impulse el desarrollo de políticas y estrategias con enfoque feminista y considere las necesidades particulares de las mujeres, porque apostar por su empoderamiento económico es ganancia para su propio desarrollo, el de sus familias y el de la sociedad.”

Esto en el marco del lanzamiento del “Estudio sobre la Participación de las Mujeres y la Situación de Igualdad de Género en las Microempresas de la República Dominicana” realizado con el INTEC y con el apoyo del PNUD. 

Ese estudio reveló la desigualdad de género en el tipo de negocio: los negocios cuya propietaria es mujer, tienen poco capital porque en parte, cuentan con pocas garantías para respaldar la solicitud de crédito.

A mayo de 2021, el 47.4% de los prestamos a persona física son de mujeres, en cambio en cuanto a monto, solo el 39.3% corresponde a mujeres, según datos de las entidades bancarias publicados en la Superintendencia de Bancos.

Las mujeres tienen menos activos a su nombre y las ganancias que generan, las utilizan fundamentalmente para emergencias, el hogar y sus hijos. 

Urge asistirles con políticas que les permita el acceso a productos y servicios financieros a condiciones competitivas, educación financiera y servicios de pago a su alcance.

Concluyendo: lo que no se puede medir, no se puede mejorar. 

Con la nueva clasificación de empresas aprobada a mediados de julio de 2021, urge disponer de un estudio con una caracterización actualizada del mercado laboral y con indicadores cuantitativos y cualitativos del sector de las micro y pequeñas empresas, tomando en cuenta la dimensión de género.

Defendamos los derechos de las mujeres como una bandera. 

Lilliana Rodríguez-Álvarez, economista especializada en finanzas, con máster en políticas públicas y sociales.