En 2019, antes de la pandemia del covid-19, el déficit de las distribuidoras de electricidad -medido a partir de la diferencia entre la cantidad de energía comprada en GWh y la cantidad de energía cobrada en GWh- se colocó en 29.6%. En 2020, el peor año de la pandemia, cuando se adoptaron medidas para asegurar que las personas tuviesen electricidad aun cuando no la pagasen, las pérdidas saltaron a 36.9%. En 2021, el año de la apertura económica local y global, esas pérdidas bajaron a 35.9%.

Lamentablemente, Edenorte, Edesur y Edeeste exhiben un preocupante deterioro de su capacidad gerencial. A pesar de que en 2022 se reestablecieron las cadenas de suministro de los equipos necesarios para hacer una buena gestión de facturación y cobro de la energía eléctrica, el déficit de las distribuidoras de electricidad en los primeros seis meses del año se colocó en 38.4%, un porcentaje cercano al 39% registrado en 2012.

En otras palabras, en un período de siete años, entre 2012 y 2019, el déficit entre compra y cobro de GWh bajó en casi diez puntos porcentuales, al pasar de 39% a 29.6%. Lamentablemente, en el primer semestre de 2022, el déficit, explicado por la falta de capacidad de facturar y cobrar electricidad, subió en 2.5 puntos con relación a 2021 y en casi 9 puntos porcentuales con relación a 2019. Lo más grave, es que entre enero y junio de 2022, las pérdidas por GWh dejados de cobrar aumentaron, colocándose en junio de este año en 42.7%.

En términos monetarios la situación financiera es alarmante. El déficit medido en dólares entre la energía comprada y la energía cobrada se colocó en el primer semestre de 2022 en 489.7 millones de dólares, lo cual representa casi 92% más que el déficit en dólares del primer semestre del año anterior y un 126% más que el déficit en dólares del primer semestre de 2019.

El deterioro de las finanzas de las distribuidoras de electricidad tendrá severas consecuencias. En primer lugar, aumentará el déficit del sector eléctrico que pudiera pasar de algo más de mil millones de dólares, que alcanzó en 2021, a más de 1,600 millones de dólares en 2022. Ese mayor déficit explicará gran parte del déficit del sector público no financiero de este año. En segundo lugar, la debacle operativa y financiera de las distribuidoras de electricidad pone en peligro la capacidad del sector privado de obtener el financiamiento necesario para ejecutar el parque energético de Manzanillo, a menos que se otorgue una garantía soberana. El atraso de esa fuente de electricidad significaría un terrible golpe al crecimiento económico potencial del país.