Había una vez un gobierno adicto al populismo. Todos los días anunciaban medidas para fomentar el agradecimiento y cariño de la población hacia sus autoridades. Un día, uno de los asesores de la administración llegó con el rostro iluminado al ministerio de Generación de Felicidad (MIGEFE).

Se le había ocurrido una idea para lograr que todos los padres de familia tuviesen por lo menos un vehículo de motor.

El asesor sugirió que la inversión en adquisición de vehículos fuese liberada del pago del arancel de aduanas y del Itbis. Como si esto fuera poco, que el 40% del costo total del vehículo pudiese ser deducido del pago del Impuesto sobre la Renta.

El paquete de incentivos no se quedaba ahí. Consciente de que los compradores de vehículos no utilizarían los mismos durante las 24 horas del día los 7 días de la semana (24/7), el asesor sugirió a las autoridades gubernamentales obligar a la empresa estatal de servicio de alquiler de vehículos, EDE Car Rental Service, a firmar contratos de alquiler con los hogares que habían invertido en la compra de vehículos y que deseasen incorporarlo al pool o inventario de vehículos que EDE ofertaba en alquiler durante las horas del día en que los hogares no los estuviesen utilizando. “Si por alguna razón estos hogares tuviesen necesidad de transportarse en un vehículo en un momento en que el suyo estuviese alquilado por la EDE” explicó el asesor, “esta última estaría obligada a alquilarle un vehículo, el cual sería entregado en el hogar”.

Mensualmente, la EDE enviaría una factura al hogar donde restaría del total de días en que el hogar rentó un vehículo, el total de días que el hogar entregó el suyo a la EDE para que esta lo rentara.

A pesar de que el administrador de EDE había explicado al Gobierno que esa medida aceleraría la quiebra de la empresa pues no tenía en cuenta los elevados costos fijos y las inversiones realizadas por la EDE para poder ofrecer el servicio de alquiler, el Gobierno impuso la medida.

En otras palabras, se estaba subsidiando a los hogares adquirientes de vehículos al permitírsele cobrar la misma tarifa de alquiler por sus vehículos que cobra la EDE, sin que ellos tuviesen que incurrir en las demás inversiones que realizan y los riesgos que asumen las empresas de alquiler vehículos.

El administrador de EDE no se dio cuenta que el lema del Gobierno, ¡Populismo o Muerte, Venceremos!, no dejaba ningún tipo de apertura a la racionalidad y al sentido común. Como era de esperar, se produjo un boom sin precedentes en la compra de vehículos estimulado por el generosísimo pago de alquiler que la EDE Car Rental Service hacía a los dueños de vehículos.

La EDE quebró al poco tiempo y el Estado fue demandado por millones de propietarios de vehículos que vieron esfumarse la posibilidad de recuperar, en 18 meses, la inversión en la compra de vehículos.

Esa política absurda impuesta a la EDE Car Rental Service es la que está vigente en República Dominicana para el caso de los hogares inversionistas en paneles solares a los cuales las EDE están obligadas a comprarle la energía que producen siguiendo el sistema de neteo de cantidades consumida y generada (medición neta) sin detenerse un instante a reconocer que los precios de ambas son diferentes.

El Gobierno y la Superintendencia de Electricidad saben que el sistema vigente hunde más a las EDE, las cuales cerrarán este año con un déficit de US$1,700 millones, el cual sobrepasaría los US$2,000 millones si las EDE estuviesen invirtiendo los recursos necesarios para su recuperación gradual.

A pesar de que el principal ejecutivo de las EDE se ha cansado de insistir en la necesidad de adoptar un sistema de facturación neta como el que prevalece en otros países, parecería que garantizar la felicidad a los 17,755 hogares en el país que tienen paneles solares es más importante que garantizar la equidad de trato a los 3 millones de hogares dominicanos.

Mientras en nuestro país a los hogares con paneles solares, el sistema de medición neta les permite cobrar la energía que inyectan al sistema al mismo precio que las EDE venden a todos los hogares, en los países con el sistema de facturación neta donde la racionalidad y el sentido común no han sido suplantados por el populismo empobrecedor y quebrador, la energía inyectada por los hogares con paneles solares es remunerada a un precio mucho más bajo que el precio a que venden las distribuidoras.

La semana pasada vimos que, en Chile, cuando un hogar con paneles solares consume energía recibida de la empresa distribuidora, paga 16.88 centavos de dólar por kWh mientras que cuando inyecta a la red energía producida por sus paneles, recibe un precio de 9.62 centavos de dólar por kWh.

En el caso de las empresas Endesa, TotalEnergies y Repsol en España, se observa que estas venden la energía consumida por los hogares con paneles solares a precios de 24.3, 19.4 y 22.9 centavos de dólar por kWh (incluyendo potencia), respectivamente. A su vez, cuando estos hogares inyectan a la red y, por tanto, venden energía a las distribuidoras, estas pagan 5.25, 7.35 y 8.40 centavos de dólar por kWh, respectivamente.

En la isla de O’ahu en Hawaii, la empresa distribuidora Hawaiian Electric, acogiéndose a las resoluciones de la Comisión de Servicios Públicos de Háwai, vende energía a los hogares con paneles solares a precios que van desde 17.41 a 52.26 centavos de dólar el kWh y compra la energía que inyectan los hogares con paneles a precios que van desde 13.50 a 32.90 centavos el kWh, dependiendo de la franja de la hora del día.

En el caso de Costa Rica, a partir de noviembre de 2024, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) decidió que los hogares y empresas con paneles solares deberán pagar a la empresa distribuidora que le preste servicio una “tarifa de acceso” de 6.18 centavos de dólar por kWh producido por dichos paneles solares.

Ese es el precio que los reguladores han determinado como justo para estos hogares con paneles por seguir conectados a la red tradicional y usarla en caso de emergencia o de que su producción no sea suficiente.

Cuando los hogares con paneles solares inyecten energía, la distribuidora les pagará 5.28 centavos de dólar por kWh. Finalmente, cuando los hogares consuman energía provista por las distribuidoras, digamos 770 kWh, estos la pagarán a 21.72 centavos de dólar el kWh.

Mientras eso ocurre, en la República Populista, con empresas distribuidoras totalmente quebradas y un Gobierno que en 2025 necesitará emitir deuda pública por US$5,562 millones (RD$350,990.4 millones a la tasa de RD$63.11 por dólar) para cumplir con las erogaciones presupuestas, seguimos debatiéndonos entre mantener el subsidio regresivo en favor de los hogares con paneles solares o la sensatez que libere a las EDE de esta pesada e irracional carga que llevan sobre sus hombros.