¿Qué nos dice la gráfica sobre la inversión pública del período 1951-2022? Que el dictador Trujillo ha sido el gobernante que más ha invertido en obras de infraestructura física en los últimos 72 años. Entre 1951 y 1961, invirtió 8.50% del PIB, situándose en la primera posición del ranking. Esto fue posible gracias a que contó con ingresos fiscales promedio, en su mayoría tributarios, equivalentes a 23.7% del PIB.

Nos revela que la crisis provocada por el ajusticiamiento del tirano, la terminación anticipada del gobierno del presidente Bosch, la incertidumbre post-derrocamiento enfrentada por dos triunviratos, la Guerra de Abril, la intervención militar norteamericana y el gobierno transitorio de García Godoy, provocaron una caída dramática de la inversión pública, promediando apenas 2.33% del PIB en el período 1962-1966, el penúltimo lugar en el ranking.

Muestra que Balaguer, al invertir un promedio de 5.57% del PIB en el período de los 12 años (1967-1978) y 6.45% en el de los 10 años (1987-1996), se adueña de la tercera y la segunda posición, respectivamente. Para muchos ese esfuerzo es realmente sorprendente pues Balaguer se manejó con una presión tributaria de 14.4% en el período 1967-1978 y de sólo 10.7% en los años 1987-1996. ¿Cómo lo logró? Endeudándose con el área social, especialmente, con la educación.

Para ejecutar su vasto programa de inversiones públicas, Balaguer extrajo recursos que pudieron haber sido canalizados para dotar al país de un sistema educativo público de calidad. Este sacrificio del área social se acentuó en el período de los 10 años, pues de cada 100 pesos que cobraba de impuestos, tomaba 60 para invertirlo en obras públicas.

En ese período, principalmente en los años 1987-1990, Balaguer no sólo se endeudó con el área social sino también con el Banco Central al registrar una creciente acumulación de atrasos en la entrega de los pesos para el servicio de la deuda pública externa, lo que desencadenó un fuerte proceso inflacionario y devaluatorio en los años 1989-1990.

Quienes tuvimos la oportunidad de conversar con él en las postrimerías de 1987 percibimos que el presidente Balaguer, ciego y con 81 años, estaba descontando el futuro a una tasa hiperbólica.

Tenía el tiempo en contra y no sabía si terminaría su período. No había mañana, tenía que invertir en obras, sin importar una inflación que el tiempo, según él, se encargaría de borrar, tal y como sucedió cuando los faraones Keops, Kefrén y Micerinos construyeron las pirámides de Guiza en el período 2550-2490 a.C.

Antonio Guzmán, que heredó en 1978 a un presidente constructor altamente endeudado con lo social, decidió aumentar la participación del gasto corriente que abarcaba todas las áreas sociales. Por ello, la inversión pública se redujo a 3.94% del PIB en los años 1979-1982, la sexta más elevada del período 1951-2022. Salvador Jorge Blanco, a quien correspondió ejecutar ajustes fiscales y monetarios trascendentales, tuvo en la inversión pública a la principal damnificada de esos ajustes.

Esta promedió apenas 2.71% del PIB en el período 1983-1986, colocándose en la novena posición, prácticamente la mitad de lo recomendable para un país en desarrollo como el nuestro.

Hipólito Mejía, un presidente democrático capaz de reconocer las luces que pudieron haber tenido los gobiernos dictatoriales de Trujillo y autoritarios de Balaguer, ocupa la cuarta posición, con una inversión pública promedio de 5.13% del PIB en el período 2001-2004. Dos colocaciones de bonos soberanos, la primera por US$500 millones el 20 de septiembre de 2001 y la segunda por US$600 millones el 16 de enero de 2003, contribuyeron a este resultado.

Leonel Fernández, durante su primer período (1997-2000), exhibió una inversión pública promedio de 3.55% del PIB, la cual se encuentra en el octavo escalón de arriba hacia abajo. A principios de su gobierno, Fernández presentó al Congreso Nacional un proyecto de reforma del sistema tributario de gran alcance, con el cual esperaba obtener ingresos considerables para ejecutar un vasto programa de modernización y ampliación de la infraestructura física del país.

El proyecto tuvo que ser retirado del Congreso debido al rechazo tanto de algunos sectores empresariales como del principal partido político del país en aquel momento. El presidente Fernández, ante lo sucedido, tuvo que ajustar el gasto de inversión pública y de esa manera garantizar la estabilidad macroeconómica.

En el período de 8 años (2005-2012), luego de claras señales de compromiso con la estabilidad, los organismos multilaterales de financiamiento y más adelante, el mercado global de capitales, se alinearon para apoyar las finanzas públicas. Esta mayor holgura fiscal permitió a la administración Fernández registrar una inversión pública promedio de 4.46% del PIB en el período 2005-2012, el quinto promedio más elevado en los últimos 72 años.

Danilo Medina sucede a Fernández en el 2012. Durante los 8 años acumulados en dos períodos de gobierno (2013-2020), la inversión pública promedió 3.79% del PIB, la séptima más elevada. A Medina le correspondió en gran parte comenzar a pagar la deuda que Balaguer había contraído con la educación pública. Durante su administración, se inició la asignación del 4% del PIB a la educación, una regla impuesta por una sociedad civil a un gobierno que contaba con una presión tributaria de apenas 13.9%, una verdadera tomadura de pelo de grupos con gran capacidad para gritar, pero diminuta para pensar y comprender.

Con un cuerpo docente mayoritariamente incapacitado para enseñar y un ministerio sin fortaleza institucional para manejar RD$1,797,074 millones en el 2013-2023 (el 21% del Presupuesto Ejecutado Total del Gobierno en esos 11 años), el enorme esfuerzo fiscal no se reflejaría en una mejora de la calidad de la educación.

Luis Abinader asume en medio de la pandemia en agosto de 2020. En los años 2021-2022, la inversión pública ha promediado 2.23% del PIB, el nivel promedio más bajo entre todos los períodos analizados entre 1951 y 2022.

La baja no puede ser explicada por la ausencia de recursos o la caída del financiamiento interno y externo. Parecería que el lema implícito “Primero la Transparencia” de la presente administración; las trabas que impone el marco legal vigente para las compras y contrataciones públicas; el sesgo de la presente administración en favor de la ejecución de obras y proyectos de inversión bajo la nueva sombrilla de las alianzas público privadas; los rezagos no previstos en el proceso de aprendizaje de los nuevos funcionarios encargados de la ejecución de la inversión pública; y cierto grado de obsesión con la defensa, aunque entre el mar, de los puntos decimales del déficit fiscal presupuestado, pueden haber provocado este resultado.

Alienta observar, sin embargo, que durante los primeros 7 meses de este año, según Hacienda, la inversión pública ha aumentado en un 24.4% con relación al mismo período en el 2022, muy por encima del crecimiento nominal del PIB de 6.7% en ese rango de tiempo. De mantenerse ese ritmo, terminaríamos el año en 2.47% del PIB, la mitad de la meta de 5% que debemos perseguir luego de la reforma fiscal del 2024.