El gobierno dominicano ha estado colaborando en la lucha contra la inflación mediante el establecimiento de subsidios a los combustibles y determinados alimentos. Esto ha permitido que la tasa de inflación sea de tres a cuatro puntos porcentuales menor a la que pudo haberse registrado al mes de mayo. Como en economía no hay nada gratis, el aporte del gobierno dominicano a la reducción de la inflación es un aumento del gasto corriente y, manteniendo todo lo demás constante, un incremento del déficit fiscal y del endeudamiento público.

Un déficit de las finanzas públicas que se perciba como muy elevado, dado el valor presente del saldo fiscal de largo plazo, puede deteriorar la calificación crediticia del gobierno y elevar la prima de riesgo a pagar sobre la deuda pública. Esto crea un círculo vicioso que puede desembocar en el incumplimiento de la deuda pública.  

Para evitar ese evento es imprescindible que los gobiernos tengan un fuerte compromiso con la sostenibilidad fiscal. Ese compromiso significa que el gobierno esté dispuesto a ejecutar los planes fiscales, por ejemplo, aquellos que implican una mejora de las recaudaciones mediante la ampliación de las bases impositivas, incremento de tasas tributarias o reducción de la evasión impositiva. Asimismo, que se comprometa a reducir el gasto público, en particular aquellos que menos resultados tengan a favor del bienestar de la sociedad.

La credibilidad fiscal se logra enviando un claro mensaje de que el gobierno tiene la capacidad de ejecutar esas medidas que permitan alcanzar sus objetivos de corto y largo plazo, en particular, tener un valor presente del saldo fiscal superior al nivel actual de la deuda pública.

En un interesante estudio, elaborado recientemente por los economistas del FMI, Juan Carlos Hatchondo, Leonardo Martínez y Francisco Roch, se determinaron los beneficios de ese compromiso con la sostenibilidad fiscal. De acuerdo con sus estimados, un gobierno que sea fiscalmente responsable logra tener un menor nivel de deuda, menor riesgo de incumplimiento, menor nivel y desviación estándar de la prima de riesgo, menor costo de financiamiento y, por lo tanto, mayor valor de mercado de la deuda pública.

Esto lleva a concluir que es recomendable enviar un mensaje de que, a pesar de que existe un déficit público en el corto plazo, se adoptarán las medidas necesarias para reducir el déficit público y mejorar la sostenibilidad fiscal. Para esto hay que señalar que se adoptarán las medidas tributarias y de gasto público necesarias para alcanzar un saldo fiscal compatible con un nivel óptimo de deuda pública, lo cual cobra una mayor importancia en un entorno económico caracterizado por mayores tasas de interés.