El 29 de julio de 2010, el presidente Leonel Fernández promulgó la Ley 108-10 de promoción de la actividad cinematográfica en la República Dominicana. La ley estableció una serie de incentivos fiscales para promover la producción de películas en el país.

El principal incentivo ofrecido es la deducción del monto del Impuesto Sobre la Renta a pagar del 100% de las inversiones que realicen las empresas en la producción de obras cinematográficas de largometraje dominicanas, previa aprobación de la Dirección General de Cine.

La ley estableció que el monto compensable del Impuesto Sobre la Renta no podrá superar el 25% del impuesto a pagar del ejercicio fiscal del año en que se realizó la inversión. En el caso de las donaciones otorgadas, estas serán deducibles hasta el 5% de la renta neta imponible del ejercicio.

Adicionalmente, los beneficios obtenidos por los productores, distribuidores y exhibidores de películas de largometraje dominicanas estarán exentos por diez años del Impuesto Sobre la Renta si los beneficios son capitalizados o reservados para producir nuevas películas en el futuro o invertir en el sector cinematográfico.

La ley otorga también una exención del 50% del Impuesto Sobre la Renta durante 15 años a las empresas que inviertan en la construcción de salas de cine en el Distrito Nacional y en el municipio de Santiago de los Caballeros y de 100% en el resto de las provincias y municipios del país.

Finalmente, exonera los impuestos nacionales y municipales cobrados por la emisión de permisos de construcción, incluyendo los actos de compra de inmuebles.

Exonera también el pago de arancel, tasas, derechos, recargos e ITBIS a las importaciones de equipos, materiales y muebles para el primer equipamiento de la sala de cine de que se trate, por un período de 5 años.

Han pasado 14 años. Los resultados, lamentablemente, no son los que soñaron los promotores de la ley. Aunque la producción de películas de largometraje dominicanas ha aumentado de manera significativa, las comedias para disfrute local constituyen el estandarte de la naciente industria cinematográfica dominicana.

Si alguien hubiese consultado a George Stigler o a Gary Becker, dos premios Nobel de economía que enseñaron en Columbia y Chicago, ambos habrían recomendado no conceder incentivos a la producción de comedias dominicanas dado que este renglón de la cinematografía nunca ha exhibido deficiencia de demanda. Los dominicanos, según las encuestas realizadas, preferimos las comedias.

En consecuencia, con la demanda asegurada, el estímulo fiscal a la producción (oferta) de comedias resulta innecesario.

Adicionalmente, al igual que ha sucedido con otras leyes de incentivos fiscales, la ausencia de una regulación y supervisión estricta y efectiva ha fomentado el abuso y el fraude en el aprovechamiento de los incentivos fiscales.

Algunos han señalado que los productores, en ocasiones, han acordado con las empresas inversionistas la devolución de una parte de la inversión realizada para estimularlas a invertir en producciones cinematográficas.

Quizás eso explica el porqué, en 2023, si el gasto tributario derivado de la Ley 108-10 que calculó el Ministerio de Hacienda es correcto, el costo promedio de producir una película de largometraje dominicana resultó ser 2.5 veces mayor que el costo de una producción mexicana.

Echemos un vistazo a algunos indicadores. Hace diez años, los ingresos de las salas de cine alcanzaron RD$799 millones. De ese monto, las películas dominicanas generaron RD$236 millones, el 30% del total.

En 2019, el año previo a la pandemia, las dominicanas apenas reportaron el 17% de las taquillas de las salas de cine. Pasemos por alto los años 2020-2021 dado el impacto descomunal que la pandemia tuvo sobre la asistencia a las salas de cine aquí y en el resto del mundo.

El año pasado, las salas de cine, según las estadísticas de la ONE, percibieron ingresos ascendentes a RD$1,175 millones, de los cuales, las películas dominicanas solo aportaron RD$107 millones, menos de la mitad de lo producido hace diez años y apenas el 9% del total de los ingresos de las salas de cine por taquilla.

Resulta muy cuesta arriba defender un sistema de incentivos fiscales a la industria cinematográfica dominicana que el año pasado, según los datos de la ONE y Hacienda, por cada peso de ingreso de taquilla en las salas de cine que proyectaron obras nacionales, el Estado tuvo que asumir un sacrificio fiscal de casi 44 pesos.

Generaron RD$107 millones en venta de taquillas en el 2023 luego del Estado conceder incentivos fiscales por RD$4,656 millones. Realmente desearía que el cálculo de Hacienda sobre este gasto tributario fuese alarmantemente incorrecto.

A pesar de estos resultados deprimentes, considero que la industria cinematográfica dominicana merece un fuerte apoyo del Estado. El problema que hoy enfrentamos tiene su origen en que el esquema de apoyo que se diseñó no es el más apropiado, más aún, si el mismo no es regulado y supervisado eficientemente.

A nadie puede caberle en la cabeza que nuestra industria cinematográfica requirió, según Hacienda, un apoyo estatal de US$83.1 millones en el 2023, superior a los US$69.3 millones recibidos por la colombiana, US$16.1 millones percibidos por la mexicana y US$14.7 millones otorgados a la chilena.

Si la industria cinematográfica española recibió el año pasado US$123.9 millones, equivalente a 0.008% del PIB, no parecería que la nuestra, para sentirse estimulada, necesite US$83.1 millones, es decir, 0.07% del PIB, casi 9 veces, en términos relativos, el estímulo recibido por la española.

Cuando observamos el funcionamiento del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) de España; Proimágenes Colombia que administra el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), el Fondo Fílmico Colombia (FFC) y los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA); y las funciones del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y del Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), está claro que es posible diseñar un programa de apoyo efectivo a la industria cinematográfica dominicana menos costoso fiscalmente, menos propenso al fraude y al abuso y más efectivo en materia de la calidad de las obras producidas.

En lugar de ofrecer incentivos tributarios a los inversionistas y a la industria cinematográfica, todo apunta a que el mejor modelo de apoyo al cine sería la conformación de un Fondo para la Promoción de la Industria Cinematográfica Dominicana a ser administrado por un Instituto Dominicano de Cinematografía (IDOCINE), el cual se nutriría de una transferencia anual del Presupuesto General del Estado de RD$1,500 millones (US$25 millones), recursos que se asignarían a la producción, distribución y exhibición de las películas dominicanas cuyos guiones resulten escogidos por un Consejo de Fomento Cinematográfico (CONFOCINE), integrados por intelectuales de la talla de Soledad Álvarez, Carmen Imbert Brugal, Inés Aizpún, Rosario Espinal, Frank Moya Pons, Bernardo Vega, Roberto Cassá, Pedro Delgado Malagón, José Del Castillo y José Mármol. Está claro que el CONFOCINE no recibiría guiones de comedia para fines de evaluación y asignación de fondos. Solo recibiría, fundamentalmente, guiones de películas históricas, dramas reales o de ficción y documentales educativos.

Se me ocurre que un guion interesante: una serie para Netflix o alguna otra de las plataformas de “streaming” sobre el período de la ocupación haitiana de Santo Domingo (1822-1844).

Esa producción tendría mucho valor educativo para los mercados estadounidense, canadiense y francés que, por alguna razón, desconocen que durante esos 22 años de ocupación haitiana de nuestro territorio fueron muchos los “Kunta Kinte” dominicanos que perdieron la vida de manos de invasores que aprovecharon su estadía para extraer enormes rentas de la geografía ocupada y de esa manera pagar a Francia una parte del precio que tuvo que pagar a Haití por su independencia.

Una serie como esa debería ser financiada completamente por el Gobierno dominicano. Sería más efectiva que todos los discursos y artículos que nuestros líderes políticos e intelectuales pudiesen pronunciar y escribir para que se entienda que es de ministerios, no de naciones, a que nos referimos cuando del lado este de la isla se habla de fusión. Por razones históricas, culturales, religiosas y de choque de valores, la de ambas naciones no es posible ni deseable.