Hablemos de muertos y heridos por accidentes
En la República Dominicana circulan más de tres millones 600 mil (3,600,000) motocicletas, utilizadas para transporte, mensajería, delivery, recreación, uso personal e incluso para fechorías y acciones inconfesables.
Representan cerca del 60% del parque vehicular nacional y son responsables de más del 65% de los muertos y heridos por accidentes de tránsito.
Se trata de un sector sin control, en gran parte sin identidad ni seguros, lo que constituye una verdadera inmoralidad social que involucra a todos.
Muertes por accidentes de tránsito (2020–2024)
Diversas fuentes oficiales y periodísticas se reportan los siguientes datos:
- 2020: 2,711 muertes por siniestros viales
- 2021: 2,967 muertes
- 2022: 2,921 muertes
- 2023:
- ONE reporta 1,949 muertes (solo fallecimientos in situ).
- Otras fuentes elevan la cifra a 3,128.
- 2024:
- Según OPSEVI/INTRANT: 3,114 muertes.
- Según ONE (muertes in situ): 1,961 fallecimientos.
- Según El Nacional: 3,128 muertes, más 19,960 heridos en 14,179 accidentes.
El peso de las motocicletas
El 70% de los fallecidos son motoristas, de los cuales más del 70% son jóvenes de entre 18 y 27 años, en pleno desarrollo de su vida productiva y, en muchos casos, sostén de sus familias.
Cuando mueren o quedan discapacitados, se transforman en una carga social que perpetúa el círculo de pobreza de sus comunidades.
A esto se suman los altos costos para hospitales, familias y el propio Estado.
Cada accidentado representa un gasto hospitalario estimado entre RD$300,000 y RD$1,000,000.
A eso habría que añadir las pérdidas materiales en bienes públicos y privados:
- postes eléctricos,
- barandillas,
- puentes,
- árboles,
- viviendas,
- animales,
- además del costo de reparación de los vehículos siniestrados.
Impacto oculto y silencioso
Los accidentes no solo dejan muertos y heridos, también generan:
- ausencias laborales,
- estrés y traumas en transeúntes,
- conflictos y riñas en la vía,
- horas perdidas en el tránsito,
- consumo innecesario de combustible en embotellamientos,
- una imagen negativa para el turismo, con visitantes heridos o fallecidos en carreteras dominicanas.
Se trata, pues, de una tragedia nacional de múltiples dimensiones que estamos enfrentando con indiferencia.
Medidas urgentes e impostergables
La República Dominicana no puede seguir de espaldas a esta crisis. El gobierno, los partidos políticos, el liderazgo social, religioso y empresarial deben asumirla con la misma seriedad con que enfrentamos el COVID-19, porque también se trata de salvar vidas.
Algunas medidas urgentes:
- Registro y control real de motocicletas: identidad obligatoria de los conductores y regularización de los motores.
- Seguro obligatorio: sin excepción, como parte de la matrícula.
- Programa masivo de educación vial desde las escuelas y para los adultos en las comunidades.
- Endurecimiento de sanciones para infracciones graves (conducción temeraria, embriaguez, circular sin casco, uso indebido de las vías).
- Reordenamiento del transporte en motocicletas: crear corredores, limitar su uso en determinadas vías de alto riesgo y fomentar alternativas seguras de transporte público.
- Sistema de estadísticas unificado y confiable, que permita medir con precisión la magnitud del problema.
- Campañas nacionales de prevención, sostenidas en medios de comunicación, redes sociales e instituciones comunitarias.
Conclusión
No podemos normalizar esta tragedia.
Cada día que pasa, más familias dominicanas se suman al luto, a la discapacidad o a la pobreza por culpa de un sistema vial caótico, sin políticas públicas firmes.
Los accidentes de tránsito son un cáncer social que corroe nuestras comunidades. Afrontarlos con decisión no es solo una necesidad, es un deber moral y patriótico.
