El Presidente Luís Abinader dio el tradicional discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero de 2023. En el mismo, el Presidente mostró sus logros de 2022 y dio pautas de las promesas para su último año de Gobierno. Sin embargo, hubo temas ausentes y respuestas a problemas de corto y mediano plazo que intranquilizan a la ciudadanía y que no se mencionaron. En ese sentido, los grandes ausentes fueron la fragilidad del mercado laboral dominicano, la situación fiscal del Gobierno, las altas pérdidas eléctricas, el impacto del alza de las tasas de interés y la ley de hidrocarburos.  

El mercado laboral dominicano exhibe un crecimiento de 1,952 empleos en el tercer trimestre de 2022 respecto al tercer trimestre de 2019. Comparar con 2020, donde ya estaba la pandemia operando desde finales de marzo, no refleja la recuperación de la economía dominicana, sino que es un ejercicio innecesario y que lleva a errores por estacionalidad (el empleo aumenta en los dos últimos trimestres de cada año por la temporada navideña y la temporada alta del turismo, y cae en el primer trimestre de cada año). En lo referente a la informalidad, esta ha aumentado entre 2019 y 2022. Todo el empleo creado post-pandemia es informal. Entre el 3T2019 y el 3T2022, la cantidad de ocupados formales (empleados con seguridad social y trabajadores por cuenta propia con Registro Nacional de Contribuyentes, RNC) cayó en 133,921 puestos de trabajo; mientras que la cantidad de ocupados informales aumentó en 135,873 empleos. Esto ha hecho que la informalidad ya supere el 58%, cuando estaba en 55% antes de la pandemia.

Por su lado, el déficit fiscal ascendió a 3.5% del producto interno bruto (PIB) en 2023, el más alto de los últimos 10 años, exceptuando 2020. A pesar de tener recaudaciones históricamente altas (15.3% del PIB) y una baja ejecución de gasto de capital (2.5% del PIB), en 2022 el déficit aumentó de manera importante por el incremento de la nómina, los subsidios y el pago de intereses. Para 2023, el monto de intereses se estima en 3.3% del PIB, casi un 18% del presupuesto de gasto total, una de las proporciones más elevadas del mundo. 

Un dato interesante es que, por tercer año consecutivo (2020, 2021 y 2022), el gasto corriente es mayor a los ingresos del Gobierno, es decir, que el Gobierno está tomando dinero prestado para pagar gasto corriente. Esto debe llamar la atención de la ciudadanía pues el endeudamiento no se está usando para realizar obras de infraestructura como sucedía antes de 2020, sino que una parte de la nueva deuda que contrata el Gobierno se utiliza para pagar gastos como intereses de la deuda, transferencias y nómina. En un sentido económico, esto es contrario a la teoría ya que la deuda no se toma para proyectos que mejoren la productividad del país en el largo plazo, sino para gastos de funcionamiento del Gobierno que deberían ser cubiertos de manera completa con los ingresos tributarios. La otra razón para socializar este fenómeno es que es contrario al Artículo 43 de la Ley Núm. 6-06 de Crédito público. De acuerdo a este artículo, el Gobierno no puede realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos o de funcionamiento.

Por otro lado, sobre la deuda pública, es cierto que la misma se ha reducido en 2022 versus 2020 como porcentaje del PIB. No obstante, esto se explica porque el PIB de 2020 tuvo una caída 6.7% como consecuencia del cierre de la economía por la pandemia. Si la economía no se hubiese cerrado, y en 2020 hubiésemos mantenido el PIB de 2019 (un crecimiento de 0%), la razón deuda-PIB de agosto de 2020 fuese 44% del PIB. Un dato menor que el 45.8% del PIB que se tiene como deuda del sector público no financiero (SPNF) en diciembre de 2022. Al margen de esto, es prudente destacar que la deuda del SPNF se ha incrementado en US$12,700 millones de agosto de 2020 a diciembre de 2022.

En lo referente al sector eléctrico, el discurso del Presidente se centró en la generación, resaltando la entrada de una generadora de motores y de la próxima entrada de una barcaza de gas natural. Sin embargo, no se detalló nada sobre la gestión de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES). Al respecto, las EDES están exhibiendo niveles de pérdidas de 32% en enero-noviembre de 2022; las pérdidas de electricidad se definen como energía facturada a los consumidores dividida entre la energía comprada a los generadores por las EDES. Estas pérdidas generan alrededor de US$250 millones adicionales de déficit financiero de las EDES en 2022, es decir, US$250 millones que se van en subsidio y que pudieran irse a proyectos de desarrollo.

Este nivel se encuentra muy lejos del 27% observado en enero-noviembre de 2019, el año previo a la pandemia. Para tener una idea de la dimensión del panorama del sector, habría que ver el nivel de pérdidas para 2022 que establece el Decreto Número 655-21 del Reglamento de Aplicación del Pacto Eléctrico. En este documento, que fija metas para lograr la mejora del sector eléctrico dominicano, se desean pérdidas de 23.4% para 2022. Lo más peligroso de esta situación es que las EDES están invirtiendo muy pocos recursos en proyectos de rehabilitación de redes y de repotenciación de subestaciones, poco menos de un tercio de lo invertido en 2019, lo que hace muy improbable que se reduzcan las pérdidas en los próximos 18 meses.

Respecto al alza de tasas de interés, es importante decir que este fenómeno se debe a una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central para combatir la inflación. Es lo correcto en el contexto actual y es algo que la mayoría de los bancos centrales del mundo están haciendo. 

Sin embargo, sus efectos se están sintiendo en el presupuesto de las familias dominicanas, y en sectores económicos que demandan intensamente fondos prestables, como la construcción. Esta situación se complica porque la tasa hipotecaria promedio de la banca múltiple ha aumentado de menos de 9.5% en 2020 a casi 14.5% febrero de 2023. Tomando como ejemplo una familia que financia RD$4,000,000 a 20 años para comprar un apartamento, hoy debe pagar alrededor de RD$51,000 de cuota mensual de préstamo. En 2020 pagaba un poco más de RD$37,000 mensuales. Es decir, que esa familia debe buscar RD$14,000 mensuales más solo para cubrir el pago de su hipoteca. En este aspecto, el Presidente no mencionó opciones de política para aliviar la carga de las familias de clase media cuyas casas superan el umbral de la vivienda de bajo costo.

Por último, el Presidente no mencionó la ley de hidrocarburos, contrario a su mención en un discurso de 2022. La realidad es que la ley de hidrocarburos, que no ha sido aprobada en el Congreso Nacional todavía, no tendrá impacto en el precio de las gasolinas. El proyecto de ley organiza en una sola pieza legislativa todos los decretos, resoluciones y la ley en que se detalla el esquema para determinar los precios internos de los combustibles; esto es positivo. Sin embargo, no reduce los impuestos a las gasolinas ni de los márgenes de intermediarios en la cadena de suministro de los combustibles líquidos en República Dominicana. Por lo tanto, no habrá reducción de los precios de las gasolinas si esta ley se aprobase y entrase en vigencia.

Aunque hubo logros, como el crecimiento del sector zona franca, el repunte del turismo y la recepción de inversión extranjera directa, hay varios temas que no fueron mencionados en el discurso de rendición de cuentas de este 27 de febrero. La importancia de estos temas ausentes radica en que son los que afectan de manera directa el consumo y el bienestar de las familias dominicanas.