República Dominicana, lamentablemente, es uno de los 62 países dentro de los 87 analizados por Le Nestour, Moscoviz y Sandefur del Centre for Global Development (CGD), que ha visto reducir la calidad de su sistema educativo entre 1950 y el 2000, medida como el nivel de alfabetización una vez completados cinco años de escolaridad. Los autores indican que mientras en 1954, un 95.6% de las niñas que habían completado 5 años de escolaridad en República Dominicana estaban alfabetizadas, 40 años después sólo el 73.1% lo estaba.

Es posible que entre 1995 y 2022 este indicador pudiese haber mejorado. Sin embargo, cuando observamos los resultados de las pruebas TERCE 2013 y ERCE 2019 que revelan que, en lectura, el 74.1% y el 73%, respectivamente, de los estudiantes de tercer grado caen en el nivel I, el de más bajo desempeño, nos sentimos inclinados a pensar que la mejora, si la hubo, fue insignificante.

Los resultados del estudio de Le Nestour, Moscoviz y Sandefur publicados por el CGD en febrero de 2022, nos permitirían concluir lo siguiente: la calidad de la educación que se impartía en las escuelas públicas en la Era de Trujillo, era muy superior a la que se ha estado impartiendo en la Era de la Democracia (1962-2022). No puedo dejar de mencionar que lo anterior me retrotrae a las anécdotas que mi padre nos contaba sobre sus profesores en la escuela primaria, secundaria y en la Universidad de Santo Domingo.

Los hermanos quedábamos maravillados con las imágenes que de sus maestros mi padre iba dibujando con sus palabras. Lo que escuchábamos parecía ser la descripción de algún sabio de la antigüedad, un miembro del equipo del Manhattan Project, o un posible Premio Nobel de Literatura.

Por alguna razón, la democracia dominicana no ha asimilado que de nada sirve gastar dinero en educación si el sistema no cuenta con maestros de calidad. Jaime Saavedra, ministro de Educación del Perú en el 2013-2016, no deja dudas sobre el camino a seguir si queremos hacer una verdadera reforma educativa: “pasar de un maestro de bajo rendimiento a un gran maestro puede aumentar el aprendizaje de los estudiantes en varios años de escolaridad”.

¿Qué pasó en nuestro país con una carrera de magisterio que inspiraba admiración y respeto no sólo de los estudiantes sino también de toda una sociedad que la percibía como geografía de prestigio? No dispongo de suficiente información para aventurarme y tratar de dar una respuesta.

Algunos sostienen que el presidente Balaguer entendía que destinar muchos recursos a la educación pública implicaría recortar significativamente el gasto en inversiones públicas, el cual, en algunos años llegó a absorber el 50% de todo el gasto del Gobierno. Algunos han llegado a plantear que la decisión de Balaguer, contaba con el apoyo silencioso de una parte del poderoso sector empresarial que, en aquellos años de la Guerra Fría, temía que niños y jóvenes de las clases baja y media recibiesen una educación de calidad al entender que mientras más educados fuesen nuestros jóvenes, más propensos serían de caer en las redes de los seguidores de Fidel, el Ché y la Internacional Comunista.

Lo que si podemos afirmar es que la política salarial vigente en el período 1966-1991 fue muy efectiva para reducir a su mínima expresión el atractivo de la profesión de maestro. Aristy Escuder y Dauhajre, en “Los Maestros en República Dominicana: Carreras e Incentivos”, publicado por el BID en 2002, afirman que “el salario nominal de los maestros por tanda de trabajo se mantuvo inalterado de 1966 a 1978 en RD$75, arrojando una caída de 57% en el salario real por tanda que recibía el maestro de la escuela.

Descendió otro 5% en los próximos diez años y aceleró su desplome de 1988 a 1991. En 1991 el salario real por tanda que recibía un maestro equivalía al 20% del salario que recibía en 1966. Los bajos salarios que recibían los maestros de las escuelas públicas no les permitían cubrir sus necesidades mínimas para subsistir. A principios de 1990 un maestro recibía US$50 por tanda, inferior al salario mínimo de US$63 que prevaleció en ese año.”

La realidad es que el magisterio en las escuelas públicas se convirtió en una oportunidad de cobrar un cheque de subsistencia, en un país que no contaba con un sistema de seguridad social de gran cobertura ni con programas gubernamentales de subsidios focalizados como los que se crearon a inicios del siglo XXI. Una buena parte de nuestros maestros lo son, no por vocación, sino por necesidad. Han ido a parar a la geografía del magisterio porque esta le aseguraba un ingreso mínimo para subsistir y, sobre todo, la estabilidad del ingreso derivado de ese empleo.

El mal desempeño, en nuestro sistema educativo, no da lugar a despido o retiro anticipado. Si lo diese, luego de la Evaluación al Desempeño Docente 2017, realizada por el Ideice y la OEI, R. D., que reveló que apenas el 26.8% de los 60,100 maestros evaluados, caían en la categoría de “destacado” (2.9%) y “competente” (23.9%) mientras que el resto se distribuyó entre “básico” (35.1%) e “insuficiente” (38.1%), los despidos o retiros anticipados habrían sido considerables.

Es por lo anterior que nos atrevemos a plantear que casi 2 millones de niños inscritos en nuestro sistema público de educación a nivel inicial, primario y secundario, son víctimas de un secuestro intelectual realizado involuntariamente por una mayoría abrumadora de los 121,000 maestros de nuestras escuelas públicas. Cuando en 1993 comenzamos a elaborar para el Banco Mundial el Programa Macroeconómico de Mediano Plazo 1993-1998, luego revisado y expandido para el período 1996-2000, planteamos que la reforma educativa implicaba la sustitución gradual de maestros incapacitados para enseñar, de los cuales una buena parte, tampoco estaba apta para soportar la rigurosidad de un programa intenso de calificación. Lo señalamos de nuevo en la investigación para el BID que se publicó en 2002.

A varios gobiernos les planteamos la necesidad de iniciar gestiones para contratar maestros calificados en el exterior, que pudiesen venir a residir en el país no sólo para asumir las tareas de enseñanza directa en el aula a los estudiantes sino también, para participar en los programas de entrenamiento de aquellos maestros dominicanos que tuviesen posibilidad de transitar, desde la categoría en que habían caído en las evaluaciones docentes realizadas en los años 90, a categorías que demandaban las metas perseguidas por la reforma educativa. Hoy tenemos que reconocer que no fuimos lo suficientemente convincentes con los gobiernos, quizás, porque nuestra área de experticio, la de Jaime Aristy y la mía, no era la educación sino la economía.

Este secuestro involuntario debe terminar si queremos realmente mejorar la calificación de los recursos humanos que están emanando de nuestras escuelas públicas para ingresar a las universidades y a los institutos técnicos. Este año se realizará una nueva evaluación docente en el país. A partir de los resultados de esa evaluación, tendríamos una base de datos sobre aquellos maestros que caerán en la categoría de “insuficiente”, la más baja.

Dentro de esa categoría, podríamos crear 4 sub-categorías. Al mismo tiempo, siguiendo la exitosa metodología de los “Roadshows” que ha estado ejecutando el Ministerio de Turismo, el Gobierno debería conformar un equipo público-privado que asuma la responsabilidad de contratar maestros calificados en todos los países de la región donde estos pudiesen tener interés de venir a residir por lo menos 5 años en República Dominicana. Ahora que la izquierda radical y los socialistas que no comprenden están generando una creciente incertidumbre y desconcierto en los países de la región, sería un momento ideal para salir a buscar y contratar buenos maestros en Venezuela, Chile, Colombia, Perú, Brasil y Cuba, entre otros, así como maestros en España y Estados Unidos, privilegiando las áreas de STEM, la lectura comprensiva y el inglés.

Si en un primer año pudiésemos contratar 2,000 maestros extranjeros, daríamos un paso de avance muy importante. Estos nuevos maestros extranjeros sustituirían a 2,000 de la 4ta. sub-categoría dentro de la categoría “insuficiente” que resulte de la Evaluación al Desempeño Docente 2023. Estos 2,000 maestros dominicanos ingresarían voluntariamente al Programa de Retiro Anticipado que se crearía para hacer viable la reforma. Recibirían una pensión equivalente a lo que estipula el INABIMA en función de la edad de retiro y los años de ejercicio del magisterio de los maestros que se acogerán al programa.

Si se asume que todos recibirían una pensión mensual promedio de RD$42,000 mensuales, similar al promedio de las pensiones pagadas por INABIMA en el 2023, el costo anual de este Programa de Retiro Anticipado Voluntario (PRAV) en el año 2024 ascendería a RD$1,092 millones, equivalente a 0.01% del PIB proyectados para el 2024. Si a los 2,000 maestros extranjeros les pagamos un salario consolidado anual de US$60,000, el costo de contratación de los mismos alcanzaría US$120 millones, equivalente a 0.09% del PIB. En total, el costo del primer año de la reforma sería de 0.1% del PIB. Dado que, en el 2022, según el Banco Mundial, gastamos 3.6% del PIB en educación, es obvio que dentro del 4% establecido por ley, tenemos espacio para encajar este Programa de Retiro Voluntario durante varios años, hasta que realicemos una reforma fiscal que permita ir aumentando gradualmente la inversión en educación al nivel requerido para transformar nuestro sistema educativo.

Aquellos maestros de la categoría “insuficiente” que no quieran acogerse al PRAV, permanecerían en las escuelas siempre y cuando hayan aprobado con calificación “destacada” o “competente” el examen de calificación de la materia o las materias que imparte. Si no lo aprueban, tendrán que acogerse al Programa de Retiro Involuntario Anticipado (PRIA).

Como se ve, hay libertad de elegir, pero en lo adelante, no habría libertad de seguir secuestrando intelectualmente a los niños y jóvenes de nuestras clases media y baja. Mano suave, pero firme.