El presidente Luis Abinader decidió suspender el programa de alzas de la tarifa de electricidad que estaba acentuando el deterioro de las condiciones de vida de la población. Con esa decisión, el presidente Abinader vuelve a sacar las castañas del fuego a sus funcionarios, en medio de una crisis económica internacional que ha estado empujando hacia arriba la inflación doméstica.

En el marco del Pacto Eléctrico, las autoridades del sector habían autorizado el programa de alzas de la tarifa de electricidad, que implicaba la eliminación del subsidio cruzado que beneficiaba a los clientes de menor consumo con relación a los de mayor consumo. Es obvio que ese incremento tarifario, que comenzó en noviembre pasado, tiene un impacto muy regresivo, pues implica trasladar recursos de los más pobres hacia los más ricos. Hecho que se agrava al tomar en consideración el significativo incremento de los precios de los combustibles registrado a nivel global desde finales de 2021.

El 28 de octubre del año pasado comenté que si el ajuste de la tarifa de electricidad se realizaba tal como había sido aprobado por la Superintendencia de Electricidad, los usuarios que consumen menos de 200 kilovatios horas al mes, que pagaban 4.44 pesos por kilovatio hora, sufrirían un ajuste acumulado de su tarifa superior al 150%. Desde noviembre pasado, hasta la más reciente alza de tarifa aprobada por las autoridades eléctricas, se ha acumulado un incremento de alrededor de 50% en la tarifa eléctrica para los clientes pequeños y en el entorno de 30% para los clientes más grandes.

Los funcionarios del sector eléctrico deben apoyar al presidente Abinader adoptando medidas para mejorar la facturación y cobros de las distribuidoras de electricidad, sin que sea necesario aumentar la tarifa. Un trabajo adecuado, que implica la realización de inversiones oportunas en equipos de medición y su instalación, así como la detección y sanción de aquellos clientes que consumen el servicio y no lo pagan, permitiría reducir el porcentaje promedio de pérdidas de las EDE, que en los primeros meses de este año se colocó alrededor de 36%. A esto hay que añadir medidas para reducir los gastos corrientes -en particular la nómina- de las empresas distribuidoras de electricidad, tal como se había acordado también en el Pacto Eléctrico.

Si el equipo eléctrico del gobierno coopera haciendo un buen trabajo, se pudiera reducir el impacto negativo que tiene el aumento de los costos de los combustibles sobre las finanzas del sector eléctrico. De lo contrario, el gobierno deberá financiar ese mayor déficit mediante el recorte del gasto de inversión pública o a través de una emisión adicional de deuda soberana. Ambas medidas no son sostenibles en el tiempo.