[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 13 de mayo de 2024]

En la República Dominicana existe un mercado laboral segmentado. Por un lado se encuentra el mercado de trabajo formal en el cual los agentes económicos deben cumplir con las regulaciones establecidas en la Ley No. 16-92, Código de Trabajo; con la normativa tributaria impuesta en la Ley 11-92, Código Tributario; y con las regulaciones de la Ley No.87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, entre otras normativas que se traducen en costos económicos y transaccionales significativos. Por otro lado se encuentra el mercado de trabajo informal, donde el cumplimiento de lo establecido en esas leyes es casi nulo y se observa un mayor grado de flexibilidad de entrada y salida.

En la actualidad más del 55% de los perceptores de ingresos se gana la vida en el mercado laboral informal. De esa realidad se desprende la necesidad de realizar modificaciones a las normativas laborales, tributarias y de seguridad social si se desea que un mayor porcentaje de los agentes económicos pase a operar en el mundo formal, pero con mayor movilidad y menores costos de ajuste ante choques económicos. 

Una reforma laboral implica cambios al Código de Trabajo con el objetivo de hacer más flexible el mercado formal. Una mayor facilidad de contratación y despido del personal se traduciría en mayor nivel de empleo y en una productividad laboral más alta. La reducción del costo de transacción en el proceso de movimiento de un puesto de trabajo a otro haría que las personas se desplacen con mayor facilidad hacia otras empresas, alcanzando una mayor productividad y, por tanto, ingresos laborales más altos.

La modificación del régimen actual de auxilio de cesantía, establecido mediante el artículo 80 del Código de Trabajo, es un objetivo indispensable de una reforma laboral óptima. El auxilio de cesantía es percibido como positivo porque genera con el paso del tiempo una suma contingente creciente a favor del trabajador que se le entregaría si el empleador ejerciera el desahucio; dependiendo la suma a recibir de la cantidad de años laborados y del salario promedio de los doce meses más recientes. Sin embargo, un análisis riguroso de ese régimen laboral revela que la cesantía acarrea distorsiones y costos económicos significativos que impactan negativamente al trabajador, a la empresa y a la economía agregada.

El auxilio de cesantía amarra excesivamente a las personas al puesto de trabajo en una determinada empresa, aumentando el costo de oportunidad de moverse hacia otro empleo donde pudiese alcanzar una mayor productividad y recibir un ingreso más alto. Existe evidencia que confirma que un empleado tiende a permanecer en un trabajo porque “no quiere perder los chelitos de la cesantía,” aun cuando al moverse a otra empresa pudiese obtener un mayor salario mensual.

Cabe destacar que la empresa paga el salario monetario en base a la productividad y al costo laboral unitario total. Dado que el monto correspondiente a la cesantía aumenta con el paso del tiempo, empujando hacia arriba el costo laboral total esperado, si la productividad laboral no crece al mismo ritmo que ese costo laboral total el empleador tenderá a reducir la tasa de crecimiento del salario monetario que se lleva el trabajador a su casa. En otras palabras, el crecimiento de la cesantía -que es un pago contingente- reduce el ritmo de variación del salario que recibe el trabajador. Es muy probable que el valor presente del ingreso laboral total, incluyendo la suma por concepto de la cesantía contingente, sea menor que el valor presente de la remuneración que recibiría si el empleado lograse mejorar su productividad e ingreso al cambiar más fácilmente de trabajo.

La situación se agrava si se toma en consideración que en la medida en que aumenta el monto de la cesantía, el trabajador querrá que lo desvinculen de la empresa mediante una terminación por desahucio y así poder utilizar esos recursos. Para lograr ese objetivo muchos trabajadores reducen su productividad e incluso ejecutan acciones que impactan negativamente sobre equipos, maquinarias u otros activos de la empresa. En ocasiones el daño provocado por el trabajador supera el monto acumulado por concepto de auxilio de cesantía, perjudicando significativamente el desempeño y patrimonio de la empresa.

El auxilio de cesantía deteriora con el paso de los años la posición patrimonial del empresario. Numerosas empresas tienen un gasto acumulado contingente por concepto de cesantía superior al patrimonio de los accionistas. Esto significa que si se desvinculara a todo el personal la empresa quedaría totalmente descapitalizada, lo cual lleva a los empleadores a mantener en su nómina a un personal en condiciones claramente subóptimas.

Ante esas distorsiones y costos económicos creados por la cesantía es recomendable su eliminación y sustitución por un seguro de desempleo, a ser pagado por el empleador. Dado que el auxilio de cesantía no es un evento cierto, sino que depende de la probabilidad de ser despedido, se pudieran reconocer los años trabajados bajo el régimen laboral actual y calcular una suma a ser pagada al trabajador por el empleador como un bono que tomará en consideración: el salario promedio de los doce meses más recientes; la cantidad de años trabajados; la regla de días a ser pagados por cada año trabajado según el artículo 80 del Código de Trabajo; y un factor que refleje la probabilidad de ser despedido.

Esa suma sería depositada por el empleador en un período de dos o tres años en una cuenta a ser gestionada por una entidad especializada en inversiones con el objetivo de que el trabajador pueda aumentar su nivel de riqueza financiera. Ese monto, a diferencia del ahorro previsional, pudiera ser utilizado por el trabajador cuando quiera o lo necesite, ya sea para iniciar un negocio o para consumir bienes y servicios.

Además del beneficio que recibiría el trabajador de forma individual, es preciso tomar en cuenta que el aumento generalizado de la productividad que provocaría la mayor movilidad laboral que se obtendría si se elimina la cesantía, se traduciría en un mayor progreso y bienestar para la sociedad en su conjunto. Esto sugiere que esa reforma laboral tendría un impacto macroeconómico positivo.