Los promotores de la entrega del 30% del ahorro previsional tienen como meta la resurrección del sistema de pensiones de reparto, como el IDSS. Esto implicaría la desaparición de las cuentas individuales y la creación de una caja común deficitaria que obligaría a incrementar la tasa de contribución y los impuestos. Si eso ocurriese, los grandes perjudicados serían nuestros hijos cuando se conviertan en trabajadores y contribuyentes en el futuro cercano.

El modelo económico que tienen en la cabeza los que quieren destruir el sistema de pensiones basado en cuentas individuales es uno estatizado, como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Su estrategia inicia con la exigencia de que se distribuya el 30% del ahorro previsional, pues saben que esa acción es un buen caramelo, aun cuando provocaría un impacto negativo sobre la estabilidad macroeconómica.

La disponibilidad inmediata de más de 200 mil millones de pesos en efectivo aumentaría excesivamente el consumo privado en el corto plazo, traduciéndose en mayor tasa de inflación, depreciación del peso, aumento de las tasas de interés, pérdida de valor de mercado de los instrumentos financieros, reducción del financiamiento de largo plazo y descenso del nivel de inversión privada. Todo eso implica una disminución del nivel de crecimiento potencial y, por lo tanto, de la capacidad de generación de empleos e ingresos. La consecuencia final es un aumento de la pobreza.

Esos estrategas estatizadores saben que la entrega del 30% debilitaría el contrato social que originó el sistema de capitalización individual. Los empleadores no querrán seguir aportando a las cuentas individuales, e incluso pudieran reclamar la devolución del 70% que aportaron a favor de los trabajadores. Esto crearía las condiciones para el colapso del sistema de pensiones actual y llevaría al gobierno a crear un sistema de reparto.

El financiamiento inicial de la caja común del sistema de reparto provendría de la confiscación de los fondos ahorrados en las cuentas individuales, tal como ocurrió en Argentina en 2008. A pesar de que la mayoría de la población argentina no quería que se le moviese al sistema de reparto, la necesidad del gobierno de disponer de recursos para pagar pensiones y realizar otros gastos populistas con fines políticos, llevó a la confiscación de 31 mil millones de dólares, equivalente a 12% del PIB, que fueron traspasados al Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Algo similar es lo que los estatizadores quieren que suceda en la República Dominicana.