Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) cerraron el año 2022 con un déficit de US$1,514 millones. La compra de energía a los generadores no facturada o cobrada a sus clientes; el rezago de las inversiones en infraestructura y tecnología moderna necesarias para reducir el fraude en el consumo; las ineficiencias operativas reflejadas por ratios clientes/empleados anormalmente bajos; y la evidente incapacidad de ejecutar una política de tarifas que garantice a las EDE un valor agregado de distribución razonable y el “pass-through” automático y sin rezago a los consumidores de los aumentos de los precios de los combustibles utilizados en la generación, han sido identificados como las causas fundamentales del déficit de las EDE. A estos debería agregarse también el efecto depresivo en los ingresos de las EDE que ha provocado la migración de cientos de grandes empresas a la geografía de Usuarios No Regulados, los cuáles pueden contratar directamente el servicio con las generadoras a un menor precio u obtener descuentos considerables en la tarifa cobrada por las EDE a cambio de mantenerse como clientes de estas y garantizar así, suficiente flujo de caja para que las EDE puedan cubrir sus gastos operativos y parte de la factura de compra a los generadores.

Como si lo anterior no fuese suficiente, las EDE están comenzando a sentir una nueva fuente de erosión de sus ingresos: el creciente número de hogares y empresas que han respondido positivamente al abanico de estímulos fiscales que ofrece el Estado dominicano a las inversiones en paneles solares e inversores fotovoltaicos. El hogar o empresa que decida realizar esta inversión, recibe un crédito en su liquidación del impuesto sobre la renta equivalente al 40% de la inversión (distribuido durante un período de 3 años); la exoneración de los impuestos a la importación de los paneles e inversores; la exención del Itbis en las compras locales que requiera el proyecto de inversión; el ahorro de tiempo y dinero al no tener que invertir 2 o 3 años en gestionar una concesión que obligue a realizar estudios de impacto y obtener permisos, requisitos que el regulador si exige a los grandes proyectos de energía solar fotovoltaica; y el subsidio representado por el no pago del cargo de potencia que debería pagar todo hogar o empresa, independientemente de su nivel de consumo, que desee permanecer conectada a la red para poder inyectar la energía generada, obtener un crédito por ello y garantizarse el suministro 24/7 de la EDE, durante un promedio de 16 horas del día sin rayos solares, los días nublado, y cuando  el país esté siendo afectado por vaguadas, tormentas y huracanes.

Lo realmente preocupante es que el subsidio representado por la no facturación del cargo de potencia a los clientes con paneles cuya potencia es inferior a 10 KW, no se deriva de un mandato del Reglamento de Medición Neta de julio de 2012, ni del Acuerdo para el Programa de Medición Neta firmado por la EDE y el cliente que decide migrar desde el consumo a la generación- inyección-consumo (generación distribuida) cuando instala paneles solares en su hogar o empresa. En ambos, el Reglamento, en su Artículo 11, y el Acuerdo para el Programa de Medición Neta, en los literales F.q.c. y F.r.a., se establece claramente que los clientes con paneles solares, independientemente de que inyecten a la red más o menos energía que la consumida, pagarán un Cargo por Potencia Máxima, entendiéndose esta última como si su máxima inyección fuera su nivel de consumo. Aparentemente, el subsidio que las EDE están otorgando se origina en una extrapolación incorrecta de las EDE del esquema tarifario común al esquema especial de medición neta.

Este cargo por potencia encuentra su justificación en el hecho de que la EDE, al firmar el Acuerdo para el Programa de Medición Neta, garantiza al hogar o empresa que ha decidido migrar al segmento de la generación distribuida, el suministro de energía 24/7, incluyendo las 16 horas del día en que los paneles solares no están generando energía. En la práctica, las EDE operan como la batería para los clientes con paneles conectados a la red de distribución. Estas pueden proveer ese servicio porque han firmado contratos con generadores (comprado energía en el spot) que le garantizan el acceso permanente de la energía que distribuirán y comercializarán.  No olvidemos que el año pasado, las EDE pagaron a los generadores del mercado de contratos y del mercado spot, cargos por potencia ascendentes a RD$16,950 millones.  Si suspendemos el “pass-through” de ese cargo a los clientes con paneles, aferrándonos a un populismo que no discrimina entre lo sensato y lo irracional, marcharemos indeteniblemente al colapso total de las EDE.  Además de reducirles la capacidad para honrar el pago de los cargos de potencia a los generadores, las EDE tendrían cada vez menos recursos para invertir en la infraestructura de distribución y comercialización, incluyendo la que viabiliza la interconexión de la generación atomizada de hogares y empresas con la distribución centralizada, y en tecnología moderna para mitigar el fraude en el consumo.  

Si un cliente con panel decidiese no conectarse a la red, tiene libertad total de hacerlo. Claro, tendrá que incurrir en una inversión para comprar un banco de baterías y un generador con diésel que permita cargar las baterías durante las horas que se ausenten los rayos solares. Las baterías para un equipo de 10 kW costarían unos US$49,600, lo que arrojaría un cargo por potencia implícito para el cliente con panel no conectado a la red de RD$4,168/kW-mes. Eso sin contar el costo del generador con diésel que debe tener para períodos de baja o nula generación solar.  ¿Es rentable para el cliente con paneles desconectarse de la red a sabiendas que el costo de la potencia máxima que el terminaría pagando (RD$4,168/kW-mes) sería el doble del Cargo promedio (de referencia) de Demanda Máxima de Potencia de las tres EDE es de RD$2,180/kW-mes?   

La avalancha de hogares y empresas tratando de recibir estos incentivos y subsidios refleja claramente que las EDE, sin proponérselo, están acelerando la marcha hacia su colapso y el del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Durante los últimos cinco años, la Comisión Nacional de Energía (CNE) gestionó 6,737 solicitudes de incentivos fiscales que representaron un gasto tributario de RD$6,478 millones. Este monto excluye los millones de pesos “exonerados” por las EDE al liberar del cargo por potencia a los clientes beneficiados. No son pocos los clientes con paneles que, con los ahorros percibidos en la facturación, han logrado recuperar en apenas dos años, la inversión realizada. 

El esquema vigente no es sostenible en el tiempo. Es temporalmente inconsistente.  En la medida en que más hogares y clientes que todavía permanecen como simples consumidores de energía, se enteren del baratillo de electricidad que ha creado el esquema aplicado por el Estado dominicano a los clientes con paneles solares, la avalancha o corrida de consumidores hacia la CNE para obtener el visado de cliente con paneles, provocará el colapso de las EDE. 

A las EDE, sin embargo, les pasa algo parecido a los bancos grandes.  El Gobierno no puede dejar que colapsen. Si debido a la caída estrepitosa de sus ingresos, provocada por los créditos por energía inyectada a la red otorgados a clientes con paneles solares y el no débito del cargo de potencia, las EDE no tienen con qué honrar los PPA que han firmado con las empresas generadoras, no habría forma de garantizar el servicio de electricidad 24/7.  Sólo los fabricantes e importadores de velas harían su agosto. Como ningún gobierno soportaría las protestas por los apagones masivos, el esquema se modificaría antes de que sea demasiado tarde.

No hay forma de justificar que los incentivos que se ofrecen a la generación atomizada en los hogares y empresa con paneles solares en los techos de hogares y empresas sean mayores que los que se ofrecen para la instalación de parques solares fotovoltaicos, los cuáles reciben únicamente la exoneración de los impuestos de importación y se les obliga, a través de la Resolución de la CNE 0004-2023, a instalar baterías, un requisito no exigible a los hogares y empresas con paneles. Según el informe sobre el costo de las diferentes tecnologías de generación elaborado por la U.S. Energy Information Administration, de marzo de 2022, el costo de capital total de un proyecto de generación solar fotovoltaico es de US$1,327 por kW.  Dado que el costo de capital total de las instalaciones de paneles solares, inversores fotovoltaicos y baterías que generen, transformen y acumulen energía suficiente para un hogar o empresa abastecerse 24/7, oscila entre US$6,000 y US$6,500 por kW, ¿sobre qué base es que el populismo eléctrico justifica la marcada asimetría de los incentivos que actualmente ofrecemos en el país a la inversión en paneles solares en hogares y empresas, y la que ofrecemos a los parques solares fotovoltaicos?

Ese tipo de prácticas populistas y acciones suicidas explican en parte el porqué las EDE, mientras sigan siendo empresas 100% estatales, no saldrán a flote nunca y requerirán para sostenerse, de salvavidas inyectados de crecientes transferencias fiscales.  Si las EDE fuesen privadas, podemos asegurar que, no se producirían interpretaciones erradas como las que han llevado a las EDE a liberar del cargo de potencia a los hogares y empresas con paneles solares cuya potencia sea inferior a 10 KW. En un país donde la racionalidad y la sensatez han sido sepultadas por las hordas populistas y los jinetes extremistas que andan desbocados en las redes sociales, la gobernabilidad será cada vez más precaria y el colapso estará cada vez más cerca.