El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) considera que República Dominicana tiene ahora una gran oportunidad de una transformación tributaria. El riesgo, teme, sería otro parche que impacte negativamente a los ciudadanos y no contribuya con la estabilidad fiscal ni crea condiciones para una nueva senda de desarrollo.

Este planteamiento está contenido en un documento que la institución presentó a los medios de comunicación, titulado “Fundamentos para una nueva senda de desarrollo de República Dominicana”. Destaca que hay un círculo vicioso fiscal caracterizado por la neutralización de cualquier aumento en los ingresos por un incremento desproporcionado del gasto público. Esto, a su vez, es lo que ha obligado a los gobiernos a aumentar la deuda para cubrir los déficits que históricamente han afectado las finanzas públicas.

El vicepresidente ejecutivo del CREES, Miguel Collado di Franco, ha sido reiterativo al afirmar que el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos es una mejor medida de sostenibilidad de la deuda, ya que se paga con los ingresos, no con el producto interno bruto (PIB). Uno de los aspectos que señala esta institución es la velocidad en que se ha incrementado el gasto público real y el PIB real desde 1991. En el primer caso ha sido 15.4%, mientras que en el segundo caso es sólo 5.9%.

Según los datos analizados por el CREES, el gasto público ha crecido en 1,445.3%, mientras que el PIB ha aumentado en un 497.6% desde 1991. En este contexto, señala que ha habido una ausencia de disciplina fiscal en este período. Desde 1991 a la fecha apenas en ocho ocasiones el Gobierno ha registrado superávit, mientras que en dos años (1994 y 1996) el balance quedó en cero.

El endeudamiento público ha estado entre los temas que más ha preocupado y criticado el CREES. Y no es para menos, ya que esta variable se ha acelerado desde 2020, cuando la deuda del sector público no financiero (SPNF) pasó de US$44,622.3 millones, en 2020, a US$54,720.8 millones al cierre de 2023, lo que implica un aumento absoluto de US$10,098.5 millones, es decir, un 22.6%. Si se toma como referencia el 2000, entonces ha subido un 1,581.4%. Durante el primer mes de 2024 la deuda interna del SPNF aumentó en US$477.8 millones, al pasar de US$15,496.9 millones a US$15,974.7 millones, lo que significa un 3.1%.

El salto más pronunciado de la deuda pública, en los últimos en los últimos 30 años, sucedió de 2019 al 2020 en un contexto de cierre de la economía y expansión del gasto por efecto de la pandemia del covid-2019. Pasó de US$35,942.5 millones a US$44,622.3 millones, lo que implica un aumento absoluto de US$8,679.8 millones, para un 24.1%. Para el CREES, el gasto del Gobierno en el gasto en pago de intereses sobre los ingresos tributarios es la mejor manera de saber si la deuda del país es sostenible.

Basado en este punto, entiende que hay riesgos reales en el monto que destina a esta partida, ya que en 2023 ascendió al 25.4%, lo que implica un aumento de por lo menos tres puntos porcentuales respecto a los 22.1% de 2021.

En 2020, por los efectos de la pandemia, hubo una subida de hasta el 29.1% en un contexto de pandemia y caída de los ingresos tributarios. Ahora bien, sí le llama la atención, y lo plantea en el análisis presentado a propósito de la discusión con miras a lograr una reforma fiscal integral, es que hace una década, en 2014, a propósito de los intereses respecto a los ingresos era de un 17.7%.

Los intereses y comisiones de deuda pública y educación representan, por función, las dos partidas más importantes con un 20.8% y 21.1%, respectivamente. Los fondos destinados a la protección social son el 11%, ubicándose en el tercer puesto.

Para este año, refiere el CREES, tomando con fuente el Presupuesto General del Estado, el pago de intereses de la deuda se llevará RD$263,817 millones, que es la segunda partida luego de los RD$336,017 millones que se destinarán a las remuneraciones a empleados públicos, que a 2023 eran 730,928. Otras transferencias y subsidios implicarán destinar RD$261,538 millones. El gasto de capital, de su lado, está presupuestado en RD$200,921 millones este año.

Visión

El vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado di Franco, en un análisis publicado en el portal de esa entidad de investigación, refiere que en 2023 el Banco Mundial publicó un documento, con conclusiones de economistas de esa institución con la finalidad de impulsar la productividad de República Dominicana.

Uno de los datos más importantes del estudio, a su entender, es cuantificar y graficar una obviedad: el principal obstáculo para el desarrollo de un negocio en el país es la carga impositiva.

Destaca que los emprendedores manifiestan que los impuestos son el principal obstáculo que enfrentan. En ese orden, señala que las modificaciones que se han sucedido desde que se creó el Código Tributario, en 1992, han sido enfocadas a tratar de incrementar las recaudaciones por medio de la creación de nuevas figuras impositivas y del incremento de tasas.

“Se construye un sistema tributario que es un obstáculo para quienes permanecen dentro de este.

Desde el punto de vista de resultados, esas transformaciones, incorrectamente llamadas reformas, no han creado un sistema tributario sostenible”, destaca el economista responsable del CREES.

Collado di Franco resalta que el sistema impositivo en vigencia afecta a la actividad privada, y se incentiva la informalidad y la evasión; mientras que la presión tributaria apenas crece y no alcanza a financiar el creciente gasto público.

Refiere que República Dominicana tiene muchos años en espera de una reforma tributaria real o de una reforma fiscal. Sostiene que es preciso tener un sistema tributario sostenible.

“Para eso es necesario reducir las tasas de las actuales figuras impositivas y la eliminación de impuestos distorsionadores. Solo con una reforma de este tipo podrían incrementarse la base imponible y reducir la informalidad, la evasión y la elusión”, sostiene el vicepresidente del CREES.

Para el experto, con reformas que incrementen tasas y creen más impuestos solo se continuarán creando parches. En tal sentido, advierte que con remiendos al sistema tributario no se organizan las finanzas públicas.

Las reglas fiscales, dentro de una ley de responsabilidad fiscal, representan el otro elemento de la reforma, pues las considera importantes para disminuir el ritmo de crecimiento del endeudamiento.

Afirma que reglas de gasto y, sobre todo, de déficits fiscales, son necesarias para poner la casa en orden. En tal sentido, señala que, si se continúa la costumbre de incrementar el gasto cada vez que se aumentan las recaudaciones, el destino será continuar el endeudamiento. “En 2024 se espera, de acuerdo con el Presupuesto general del Estado, que uno de cada cuatro pesos sea destinado al gasto en intereses de la deuda. Es una situación que demanda acciones”, advierte.

Al analizar el contexto, Collado di Franco cree que 2024 debería ser el año de las reformas estructurales en el país. En tiende que la principal de estas, para poder mantener la estabilidad y tener una economía competitiva que promueva el desarrollo, es la fiscal.

Déficit

Las pérdidas de energía en las distribuidoras de electricidad es una las tareas pendientes, según el CREES. En términos totales, ascienden a 38.8%. Afirma que el mercado eléctrico continúa siendo uno de los principales factores que inciden sobre las finanzas públicas y la competitividad del país.

Destaca que, a pesar de las mejoras de los últimos años, el servicio de electricidad aún no es completamente confiable e impone costos de autogeneración. A pesar de esto, sostiene la institución, la situación de ineficiencia operacional de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) lo vuelve un servicio oneroso para los ciudadanos, quienes deben pagar por el subsidio necesario para que éstas puedan seguir operando.

Como punto favorable, el cambio que ha experimentado la matriz energética en los últimos diez años, en la cual tienen más participación las fuentes renovables y hay una menor dependencia de los derivados del petróleo. Destaca que, en comparación con la composición de la matriz de energía de 2012, la producción de electricidad a través de derivados del petróleo pasó de ser la principal del país, representando un 36.9% del total, sólo un 10.6% en el período enero-octubre 2022.

Indica que el gas natural pasó de un 34.7% a un 41.6% y la participación del carbón pasó de un 14.4% a 30.4%, que guarda una relación con la introducción de la planta de Punta Catalina a la generación de electricidad en el país.