Cerramos el año con déficits y vacíos financieros que no pueden seguir ignorándose. Mientras la ciudadanía aporta datos sustentados en informes financieros, las autoridades gubernamentales evaden responder con cifras concretas.

En lugar de rendir cuentas, optan por descalificar o distorsionar. Pero la misión ciudadana es clara: denunciar con base, exigir transparencia y recordar que las instituciones públicas deben ser fiscalizadas, no blindadas.

Hoy, el Banco Agrícola merece una mirada crítica. El más reciente informe de la calificadora Feller Rate, aunque reconoce la solvencia del banco, también advierte sobre un deterioro progresivo en la calidad de su cartera de crédito.

Este no es un dato menor. A ello se suma un incremento inusitado en el gasto de nómina y personal, partidas infladas bajo el renglón de “otros ingresos” y, lo más preocupante, una incoherencia contable: mientras aumentan las provisiones por deterioro de cartera, disminuyen los registros contables de esas provisiones, justo cuando la cartera vencida crece.

Estos elementos son más que suficientes para activar una alerta roja. Se impone una auditoría de gestión y de calidad de cartera.

Como bien advirtió el analista aristóbulo de Juan, el verdadero problema de los bancos no siempre está en la cartera vencida, sino en la falta de objetividad y transparencia con la que se presenta la cartera supuestamente vigente.

Si lo señalado por Feller Rate, junto con las inconsistencias detectadas en los estados financieros, no son indicios objetivos de un déficit estructural, entonces corresponde a la Superintendencia de Bancos validar —mediante auditoría de gestión y revisión de cartera— la veracidad de estas situaciones. No repitamos el caso SENASA, donde las denuncias fueron minimizadas hasta que la realidad se impuso con crudeza.

En el Banco Agrícola, el hoyo está en su cartera, en su gasto de personal y en sus pírricos resultados financieros. Aún hay tiempo para corregir. Pero para hacerlo, hay que mirar de frente, sin maquillaje contable ni discursos evasivos. La transparencia no es una opción: es una obligación institucional.