La República Dominicana se encuentra en la trayectoria de los huracanes que se forman en el océano Atlántico. Desde tiempos coloniales, los gobiernos han tenido que tomar medidas para reparar los daños tomando en consideración su restricción presupuestaria.

En 1930, el huracán de San Zenón de categoría 4 destruyó la ciudad de Santo Domingo, siendo reconstruida bajo las órdenes del General Trujillo. En 1979, el huracán David de categoría 5, el más poderoso de todos, provocó serios daños a la infraestructura nacional, en particular del sistema eléctrico, haciendo que el presidente Antonio Guzmán destinase amplios recursos a la reconstrucción de las áreas afectadas. En 1998, el huracán Georges de categoría 4 también provocó grandes daños en particular en la zona este del país, llevando al presidente Leonel Fernández a incrementar el gasto corriente y de capital para recuperar la infraestructura dañada, resaltando la eléctrica.

En esta ocasión se trata del huracán Fiona de categoría 1, que tocó tierra dominicana hoy en la madrugada, reportándose daños en la infraestructura turística y eléctrica en la zona este del país, así como en numerosas viviendas vulnerables. El presidente Luis Abinader debe poner en marcha lo más rápido posible las actividades necesarias para reparar las viviendas de familias de menores ingresos que han sido dañadas y las áreas afectadas en las zonas turísticas. Esto último es clave, pues la mayor parte del crecimiento económico de este año se explica por la recuperación del turismo, que pudiera verse afectado si se retrasa el proceso de la inversión pública requerida.

Cabe destacar que, en los casos de los huracanes de 1930, 1979 y 1998 no existía la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones que pone estrictas condiciones para adquirir los bienes y servicios necesarios para iniciar los procesos de reconstrucción de las viviendas e infraestructuras dañadas por esos fenómenos atmosféricos.

A pesar de que el artículo 6 de la Ley 340-06 establece que se excluyen de esa legislación los procesos de compra y contrataciones relacionados con las actividades de emergencia nacional, como es este caso, de acuerdo con la normativa complementaria hay que cumplir plazos para convocar procesos, recibir ofertas, evaluarlas, realizar las contrataciones, registrar los contratos en la Controlaría y pagar los avances a los contratistas, que sumados pudiesen alcanzar hasta tres semanas. Por ese motivo, es recomendable que el presidente Abinader flexibilice mediante el decreto de declaración de emergencia algunas de esas restricciones, minimizando los plazos de compra y contrataciones de acuerdo con las circunstancias actuales.

Por último, conociendo al gobernador Héctor Valdez, me imagino que en este momento se encuentra en el piso 12 del Banco Central diseñando medidas monetarias para apoyar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Fiona. Eso hizo en 1998 frente al huracán Georges, siendo la política monetaria ejecutada una pieza clave para que la economía dominicana creciese 7.3%, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica.