[Escrito el 30 de noviembre de 2023]

Un análisis del proceso de renegociación comparado con uno de licitación pública internacional permite concluir que la renegociación y ampliación del plazo de vigencia del contrato de concesión actual es la decisión óptima para el Estado.

El objetivo del gobierno dominicano es seleccionar un operador aeroportuario de calidad mundial que le permita maximizar el monto de las inversiones a ser realizadas para modernizar la infraestructura aeroportuaria estatal y simultáneamente maximizar los ingresos a recibir por el Estado.

Las restricciones que deben ser tomadas en consideración son: (1) La necesidad de realizar las inversiones en la infraestructura aeroportuaria por más de 300 millones de dólares antes de 2030; y (2) vigencia del contrato actual de concesión aeroportuaria hasta 2030 con la obligación de ejecutar un gasto de capital solo para el mantenimiento de la capacidad operativa actual. La combinación de esas restricciones da como resultado que la República Dominicana no podrá satisfacer la demanda de servicios aeroportuarios que se desprende de la proyección del creciente flujo de visitantes que llegará al país hacia 2030. Se estima que por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez -el AILA- llegarán al país en ese año alrededor de 8.5 millones de personas. Si no se realizan nuevas inversiones en la construcción de una nueva terminal no habrá posibilidad de recibir adecuadamente ese flujo de pasajeros.

Para alcanzar el valor óptimo del objetivo y consideradas las restricciones, las autoridades gubernamentales deben minimizar el costo que implicaría iniciar la inversión en nueva infraestructura aeroportuaria antes de 2030. Para esto tienen dos opciones: (1) terminar por adelantado la concesión actual con Aerodom; o (2) extender el plazo de la concesión con el compromiso de que Aerodom realice las inversiones que se requieren antes de 2030.

Terminar por adelantado la concesión aeroportuaria actual implicaría un costo para el Estado de varios centenares de millones de dólares, pues se le estaría quitando a Aerodom un derecho a la operación de esos aeropuertos lo que reduce su flujo de ingresos y la capacidad para cumplir con sus compromisos financieros. Esa opción es claramente no recomendable, pues deteriora las finanzas públicas. La segunda opción, que significa extender el período de la concesión le permitiría al Estado beneficiarse en los próximos meses de los ingresos por concepto de canon que ascienden a 775 millones de dólares y asegurar que entre 2025 y 2030 se invierta 250 millones de dólares en la construcción de la nueva terminal del AILA. Esta opción es mucho mejor.

En segundo lugar, el valor óptimo del objetivo se logra cuando se maximiza el flujo de efectivo a recibir durante el período de la concesión. Ese flujo depende del tráfico de pasajeros, lo cual está asociado con la capacidad del operador aeroportuario de negociar con aerolíneas nuevas rutas comerciales desde y hacia el país. En ese contexto cabe destacar que Vinci Airports, la empresa propietaria de Aerodom, es el principal operador privado de aeropuertos en el mundo. Esto le ha permitido mejorar el tráfico de visitantes, elevando significativamente la cantidad de líneas áreas que operan en el país desde su llegada en 2016. Esto significa que en el proceso de licitación Aerodom -Vinci Airports- tendría la mejor propuesta al comparar con cualquier otro competidor, sea local o internacional.

En tercer lugar, el valor óptimo se alcanza cuando se minimiza la tasa de descuento del flujo libre de efectivo. Asumiendo, que las autoridades decidieran terminar por adelantado el contrato -lo cual he señalado tendría un elevado costo para el Estado- y se lanzara una licitación para seleccionar un operador aeroportuario, todos los posibles participantes, al no conocer con precisión las condiciones del mercado local, utilizarían en su propuesta una tasa de descuento superior a la que utiliza Aerodom. Por tanto, el valor presente de su propuesta, tanto de inversiones como de pagos al Estado en forma de impuestos y de canon, sería menor que la propuesta por Aerodom en el contrato renegociado.

Por último, es imprescindible tomar en consideración que el proceso de optimización requiere que exista una competencia constante en los servicios aeroportuarios. En el país existen tres aeropuertos privados internacionales que operan eficientemente debido a la competencia que significa la presencia de Aerodom en el mercado local. Además de eficiencia, la competencia mejora la calidad del servicios, establece el precio mínimo posible en los servicios aeroportuarios y eleva la calidad de la experiencia del usuario de esos servicios.

Así las cosas no cabe duda de que la selección de Aerodom, Vinci Airports, como operadora de los aeropuertos estatales es la mejor opción. Y dado que la renegociación del contrato permitiría adelantar las inversiones y los ingresos a favor del Estado sin que se incurra en ningún costo de terminación del contrato vigente, opino que es la opción óptima para el pueblo dominicano.