Dejando fuera a los dos candidatos que, en mayo de 1990, la revista TIME tildó como los dinosaurios que se enfrentarían en las elecciones del 16 de mayo de ese año, Joaquín Balaguer y Juan Bosch, prácticamente a todos los que les sucedieron, con o sin razón, el rumor público los señaló como receptores de fondos provenientes de actividades ilícitas para sus campañas electorales.

Entre las fuentes de financiamiento ilícito que tradicionalmente se han mencionado en el país están los aportes de traficantes de sustancias prohibidas. Otra fuente mencionada de financiamiento indelicado de las campañas ha sido el supuesto aporte provisto por el sector de los banqueros de apuestas, los llamados “riferos”, hipersensibles a la regulación y que, según expertos, apenas tributan el 10% de lo que se estima como su tributación potencial. En años más recientes, algunos han señalado como fuente adicional los aportes de los comerciantes chinos alérgicos a la tributación.

El debate que tiene lugar actualmente en el país sobre cuál partido se ha beneficiado más o menos de este tipo de financiamiento para la campaña de sus candidatos a puestos electivos, nos parece altamente improductivo.

Ese es un debate que no tendrá ganadores. Todos nuestros partidos políticos terminarán perdiendo reputación, credibilidad y calidad moral, unos en mayor grado que otros, pero ninguno fuera del ranking de los perdedores. Con ello, lamentablemente, la principal víctima será la democracia dominicana.

Dada nuestra formación de economista, entrenado en el funcionamiento de los mercados, sobre todo, en la interacción de la oferta y la demanda, nos sentimos inclinados a proponer que el debate, en lugar de centrarse en el grado de adicción de nuestros partidos políticos al financiamiento ilícito de las campañas electorales, migre al análisis de los factores que llevan a nuestros partidos políticos a caer en la tentación de aceptar aportes de campaña de fuentes desconocidas que, en ocasiones, se nutren de actividades ilícitas, indelicadas o evasoras de impuestos.

El problema del financiamiento de las campañas electorales, en lugar de concentrarse en el análisis de la oferta de los recursos para “financiarlas”, debemos analizarlo por el lado de la demanda. Para nadie es un secreto que República Dominicana es uno de los países del mundo donde ser elegido resulta más costoso.

En otras palabras, el costo de las campañas electorales que enfrentan los candidatos a la Presidencia, al Senado, a la Cámara de Diputados y a las Alcaldías y Regidurías en nuestro país es extraordinariamente elevado.

Dado los límites establecidos al financiamiento presupuestario de las campañas de los partidos y los topes que determinan los flujos de caja de las empresas formales del país, recursos que combinados apenas cubren el 50% del costo total de las campañas de los candidatos a presidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores, los partidos pueden caer en la tentación de recibir aportes de fuentes ilícitas, indelicadas y evasoras.

De nada sirve rasgarse las vestiduras. El objetivo de todos los partidos políticos es alcanzar el poder. Si alcanzarlo cuesta mucho y las fuentes formales de financiamiento no son suficientes, estos, posiblemente, asumirán el riesgo de recibir aportes de “empresarios” de áreas ilícitas, zonas indelicadas y geografías evasoras, quienes asumen que dichos aportes les asegurarán en el futuro, si fuese necesario, protección frente a la justicia doméstica o internacional o la continuación de tratamiento privilegiado en materia impositiva.

La democracia dominicana se beneficiaría más si en lugar de adoptar únicamente medidas para eliminar o reducir la oferta de financiamiento ilícito de las campañas electorales, reforma su sistema electoral con el objetivo de reducir dramáticamente el costo de ser elegido.

Hace cuatro años, en el artículo “Reduzcamos el costo de ser elegido”, publicado en El Caribe el 27 de septiembre de 2021, planteamos que esa era una de las reformas institucionales más importantes para fortalecer la democracia dominicana y mejorar la calidad de los gobiernos y las políticas públicas.

Mostramos que mientras en Chile el costo de la campaña para los diputados en las elecciones de 2017 osciló entre 500,000 pesos y RD$15 millones, en República Dominicana lo hacía entre 5 y 40 millones de pesos, si tomábamos como ciertas las declaraciones de varios precandidatos a diputados por diferentes partidos.

En Chile, las informaciones son creíbles pues el 100% de los candidatos a diputados (921 de 921) reportaron a la autoridad electoral el costo de su campaña. En nuestro caso, sin embargo, tuvimos que nutrirnos de las declaraciones públicas de precandidatos a diputados pues sólo dos de 1,398 candidatos entregaron sus informes de gastos de campaña.

En aquel artículo mostramos que resultar electo diputado en República Dominicana era 9 veces más costoso que en Chile, cuando el costo se lleva a dólares de PPA y se ajusta por el ingreso per-cápita en dólares de PPA.

Planteamos que “no hay pues que rasgarse las vestiduras cuando vemos casos de candidaturas que recurren a fuentes de financiamiento informal derivadas de actividades comerciales ilícitas.

Sin proponérnoslo, hemos establecido una institucionalidad para las campañas electorales que ha tenido como resultado elevar de manera extraordinaria el costo de ser elegido en el país.

Mientras mantengamos semejante institucionalidad, la batalla para impedir que el dinero de actividades ilícitas forme parte de las fuentes de financiamiento de las campañas electorales luce muy cuesta arriba”.

Nuestra democracia se fortalecería muchísimo si los líderes de nuestros principales partidos políticos echan a un lado, por un momento, sus diferencias y se sientan a consensuar una reforma electoral que tenga como objetivo fundamental reducir el costo de ser elegido en nuestro país.

A continuación, presentamos una propuesta que podría reducir significativamente el costo de ser elegido en la República Dominicana:

1) Establecer un período máximo de 3 meses para la recaudación de fondos y otorgar un plazo de 15 o 20 días a todos los medios de prensa, radioemisoras, y redes sociales para entregar a la JCE las tarifas que cobrarán por anuncios de candidaturas a cargos electivos;

2) Fijar un período máximo de 60 días para la campaña electoral;

3) Durante los primeros 30 días de la campaña, los candidatos y los partidos solo podrán colocar anuncios en prensa escrita, radioemisoras y redes sociales;

4) Durante los últimos 30 días de la campaña, los candidatos podrán colocar anuncios en carteles con tamaño máximo de 2 metros cuadrados, afiches y letreros en los espacios públicos y privados habilitados para tales fines;

5) Crear, en el canal estatal (CERTV), una franja electoral de 3 horas diarias, comenzando a las 8:00 p.m., durante 60 días, para que los partidos políticos y sus candidatos, libre de costos, dispongan de un tiempo fijo para realizar su propaganda política, presentar sus programas ejecutivos y legislativos, y enviar mensajes a sus simpatizantes y a la población en general;

6) Declarar desierta la candidatura presidencial y vicepresidencial del partido cuyo candidato se niegue a participar en por lo menos dos de los tres debates televisados que deberán realizarse durante los últimos 30 días antes de las elecciones;

7) Prohibir los anuncios en vallas, los mítines y las caravanas en espacios públicos y en la infraestructura vial;

8) Prohibir toda propaganda electoral tres días antes de las elecciones;

9) Avanzar lo más rápido que se pueda hacia un sistema de voto digitalizado que libere la gran cantidad de recursos que los partidos gastan para llevar a sus seguidores a votar.

Si no reformamos el marco institucional y regulatorio de nuestra campaña electoral y, en consecuencia, el costo de ser elegido se mantiene a los niveles alarmantes que hoy exhibimos, lamentablemente, el financiamiento ilícito de las campañas electorales continuará y nuestra democracia ingresará a la sala de los sistemas políticos desacreditados de la región.

Los dominicanos debemos ser capaces de demostrar que en el mercado electoral podemos evadir el dictamen de la famosa Ley de Say, el primer gran economista francés del siglo XVIII, que postulaba que “la oferta crea su propia demanda”.

Si permitimos que la oferta de fondos ilícitos cree su propia demanda para el financiamiento de las campañas electorales, en poco tiempo surgirán voces que reclamarán un sistema político alternativo al que Churchill tildó como “el menos malo” de todos.