En mayo de 2017, la Fundación Economía y Desarrollo (FEyD) entregó al Banco Interamericano de Desarrollo el reporte denominado “Reingeniería del Gasto Público en República Dominicana”, que se proponía como parte de la propuesta de reforma fiscal integral entregada al Ministerio de Hacienda a mediados de 2016.

En ese informe señalamos que la reingeniería contribuiría a viabilizar la reforma fiscal integral, pues enviaría una clara señal a la población de que el Gobierno, a través de las fusiones de ministerios y el cierre de entidades, programas, dependencias, comisiones, entre otras, estaba procediendo a eliminar el gasto corriente improductivo.

El reporte recomendaba la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y del Ministerio de Cultura (Cultura), con el de Educación (MINERD), el cual, en lo adelante, se denominaría Ministerio de Educación y Cultura.

Se indicaba que la Ley General de Educación (Ley 66-97) que estableció el 4% del PIB como inversión en educación, tenía esos tres ministerios bajo la Secretaría de Estado de Educación y Cultura.

Adicionalmente, se proponía el traspaso de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) al Ministerio de Educación y Cultura. La Fundación estaba convencida que el 4% del PIB asignado al MINERD sobrepasaba de manera significativa la capacidad de ejecución efectiva de esos recursos por parte de ese ministerio.

Entendía y sigue entendiendo que, dado el despilfarro de recursos provocado por una asignación de recursos a un ministerio incapacitado para gastarlos o invertirlos razonablemente, lo racional era forzar el retorno del MESCyT y de Cultura a su antigua casa, con lo cual, el nuevo Ministerio de Educación y Cultura gastaría 4.00% del PIB (3.66% en Educación Inicial, Primaria y Secundaria; 0.28% en Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y 0.06% en Cultura), respetando al pie de la letra el mandato de la Ley 66-97.

El anuncio de la administración del presidente Abinader de fusionar el MINERD y el MESCyT va en la dirección correcta. A nuestro juicio, solo faltó incluir a Cultura en el paquete.

La economía política de la reforma sugeriría que en lugar de “degradar” a los actuales ministros del MESCyT y Cultura, convendría asignarles otras funciones y nombrar dos nuevos viceministros con visión, inteligencia y capacidad. Gamal Michelén Stefan, por ejemplo, sería un viceministro de Cultura de lujo dentro del nuevo Ministerio de Educación y Cultura.

En el estudio para el BID propusimos también la fusión de los ministerios de la Presidencia, Mujer y Juventud, dando paso a un Ministerio de Desarrollo Social que asumiría sus funciones así como los programas sociales que hoy ejecuta la Vicepresidencia, el Gabinete Social, los programas de planificación del desarrollo territorial que diseñan otros ministerios, Dirección General de Desarrollo Fronterizo, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, CONANI, CONADIS, Consejo Nacional de Población y Familia, Consejo Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Plan Social de la Presidencia, Dirección de Comedores Económicos, Procomunidad, Comunidad Digna, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Dirección General de Albergues y Residencias para la Reeducación Ciudadana de Niños, Niñas y Adolescentes, Ciudad Juan Bosch, La Nueva Barquita y los programas de construcción de viviendas económicas que ejecuta el INVI.

Este sería uno de los ministerios más importantes del Poder Ejecutivo y requeriría, por tanto, de un mix de cerebro bien amueblado y gerencia efectiva. Dado que algunas de esas entidades y/o programas fueron traspasados al Ministerio de Vivienda cuando se inició la primera administración del presidente Abinader (por ejemplo, los del INVI al MIVED), sería necesario realizar actualización.

Aunque estas fusiones no han sido contempladas en la reingeniería del gasto público que ha propuesto la administración del presidente Abinader, consideramos que las mismas enviarían una señal clara del compromiso de la presente administración con una racionalización del gasto público.

Entre los Ministerios de la Mujer y Juventud y una tomadura de pelo, no hay diferencia.

La iniciativa del Gobierno del presidente Abinader de fusionar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) con el de Hacienda, el cual pasaría a llamarse en lo adelante, Ministerio de Hacienda y Economía, es correcta.

En la “Propuesta de Reforma del Gasto, Ingresos y Activos Públicos para Lograr la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas” de agosto de 2020, realizada por la FEyD, se recomendó dicha fusión.

Esta eliminaría el absurdo desiderátum de que el MEPyD, rey de la geografía del área económica del Estado dominicano que menos incide en la formulación y ejecución final de las políticas de ingresos y gastos públicos, es el jefe del equipo económico.

La realidad va por otro sendero. La evidencia revela claramente que los presidentes dominicanos generalmente designan en Hacienda, no en el MEPyD, a su hombre o mujer de mayor confianza para manejar los asuntos económicos y financieros de la nación. En segundo lugar, la realidad ha dejado ver con sobrada contundencia que ni Hacienda ni el Banco Central respetan esa “jefatura” del MEPyD.

La experiencia ha demostrado que esta no ha pasado de ser un sueño en una noche de verano con oscilaciones entre la farsa y la ilusión. ¿Que el MEPyD es necesario para ofrecer asesoría al presidente?

¿Cuál es el problema de que el viceministro de Economía, como parte del Ministerio de Hacienda y Economía, lo haga junto con el ministro de Hacienda y Economía?

La fusión contribuiría a que el Poder Ejecutivo preste más atención e importancia a las opiniones que emanan del Consejo de Asesores Económicos del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, separar la labor de planificación (MEPyD) de la capacidad de ejecución (Hacienda) solo ha servido para convertir al MEPyD en la cenicienta del equipo económico. Hace rato debimos haber promovido su matrimonio con el príncipe del equipo económico: el Ministerio de Hacienda.

En el estudio realizado en 2017 por la FEyD, se analizaron los casos del INESPRE y del FONPER. Luego de analizar el desempeño del INESPRE, se recomendó cerrar dicha entidad, potenciar la ayuda en la comercialización a los productores que provee Merca Santo Domingo, intensificar la asistencia en la provisión de tecnología y subsidios en la compra de semillas que ofrece del Ministerio de Agricultura, elevar la efectividad de ProCompetencia, facilitar el acceso de los productores al financiamiento del Banco Agrícola y aumentar el monto de los recursos al programa focalizado “Comer es Primero” (Tarjeta Solidaridad), actualmente denominada “Supérate”. Solo en 2016, los gastos operativos del INESPRE alcanzaron RD$2,130 millones, requiriendo transferencias del Gobierno ascendentes a RD$883 millones.

En el caso del FONPER, dado el elevado costo de sus operaciones y el déficit de transparencia que exhibía, se recomendaba su cierre y el traspaso de sus funciones a Hacienda.

Si el FONPER hubiese sido cerrado a finales del 2009, el ahorro neto de recursos fiscales habría ascendido a RD$1,387 millones en el período 2010-2015. El estudio de 2017 contenía una propuesta de carta de ruta para la evaluación de cada programa, a fin de determinar si el mismo era o no necesario, podía fusionarse con otro, mejorar su efectividad o simplemente cerrarse.

En la “Propuesta de Reforma del Gasto, Ingresos y Activos Públicos para Lograr la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas” de agosto de 2020, la FEyD recomendó también ponderar el cierre de las siguientes entidades: Consejo Nacional para la Reforma y Fomento de la Industria de la Leche, Consejo para la Reforma y Modernización de la Justicia, Comisión Hípica Nacional (una vez se venda el Hipódromo Quinto Centenario), Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, los nueve Consejos Provinciales de Desarrollo Ecoturístico, Oficina Negociadora del Pago en Especie de la Deuda de Petrocaribe, Consejo de Producción Pecuaria (sus responsabilidades se trasladan Dirección General de Ganadería), Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición, INAZUCAR (sus responsabilidades transferidas al CEA), Fondo Marena (sus responsabilidades se trasladan al MIMARENA), Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Consejo Nacional de Agricultura (sus responsabilidades se trasladan a Agricultura) y Consejo Nacional de Bioética en Salud (sus responsabilidades se trasladan a Salud Pública).

Aunque se requeriría un programa de reingeniería más profundo del gasto público, el anuncio del presidente Abinader debe ser acogido favorablemente por la mayoría de los dominicanos.

Reconocemos que el mismo erosiona ligeramente las ambiciones del clientelismo político y genera disgustos en los potenciales damnificados de esta racionalización del gasto público. No puede ser de otra manera cuando se hacen reformas, a no ser que el asesor del presidente lleve Lampedusa como apellido y nos tome el pelo con un gatopardo de reforma.