Recurrentemente, diversos organismos multilaterales resaltan que el gasto público es menor en República Dominicana que el promedio regional.

No obstante, la ejecución del gasto ha aumentado de manera importante después de pandemia. En 2019, año previo a la llegada del COVID-19, el gasto público fue de 16.3% del PIB; para 2023, el mismo ascendió a 18.8% del PIB, un aumento de 2.5 puntos porcentuales del PIB.

El aumento del gasto público no se ha acompañado de un incremento compensatorio en las recaudaciones. En 2019, los ingresos totales ascendieron a 14.5% del PIB. En 2023, habían aumentado a 15.7% del PIB (incluyendo adelantos de impuestos y otras fuentes de una sola vez, lo que reduce el potencial recaudador a futuro).

En ese período, los ingresos crecieron en 1.2 puntos porcentuales del PIB, apenas la mitad de lo que aumentó el gasto público en igual período. Esto provocó un deterioro del déficit fiscal en 1.2% del PIB entre 2019 y 2023.

Lo anterior provocó una situación novedosa en las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno no son suficientes para pagar sus gastos corrientes.

Es decir, que el Gobierno se endeuda para pagar gastos corrientes como los intereses de la deuda, la nómina pública, y las transferencias corrientes, entre otros. Tomando datos del Balance Presupuestario Anual publicado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se observa que este fenómeno nunca sucedió entre 1990 y 2019. En esos 30 años la deuda se contrataba para cubrir una parte del gasto de capital.

Tener gastos corrientes mayores a los ingresos se explica, en 2020, por la situación generada por la pandemia donde se cayeron las recaudaciones debido al cierre mandatorio de la actividad económica. Además, hubo que expandir el gasto en salud y en protección social.

Asimismo, en 2021, los amplios subsidios a los combustibles y a algunos insumos para la producción agropecuaria, como forma de mitigar la inflación, justifican mayores gastos corrientes que los ingresos.

Sin embargo, en 2022 y 2023, la persistencia de que el endeudamiento cubra parte del gasto corriente indica que ha habido un deterioro del gasto público.

Más allá de implicaciones de calidad del gasto, un punto importante podría ser el siguiente: las futuras generaciones de dominicanos estarían honrando deudas contratadas hoy para pagar gastos de los que ellos no serán beneficiarios.

Cuando el endeudamiento público se utiliza para gastos de capital (construcción de carreteras, puentes, sistemas de Metro, proyectos agrícolas, presas, acueductos, entre otros), como lo construido tiene una vida útil de varias décadas, las generaciones actuales y las venideras se benefician de dichos proyectos.

En ese caso, habría una justificación para el endeudamiento: si varias generaciones se benefician de un proyecto de capital, no sería injusto que varias generaciones paguen dicho costo vía el pago de capital e intereses de la deuda.

Si se toma dinero prestado para financiar gastos corrientes que no fortalecen el capital físico ni el capital humano, los futuros dominicanos estarían pagando por algo que no necesariamente les generó un beneficio.

Sin dudas que este fenómeno es algo que se debe ponderar de cara a la reforma fiscal que se dice podría someterse en las próximas semanas.