En el marco de su mandato, la Unesco ha iniciado un diálogo mundial con el fin de proporcionar directrices para regular las plataformas digitales, luchar contra la desinformación y la incitación al odio y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

El punto culminante será una conferencia internacional organizada en la sede de la Organización, en París, del 21 al 23 de febrero. El resultado será la presentación por la Unesco, a mediados de 2023, de unas directrices mundiales para gobiernos, organismos reguladores y empresas digitales.

El llamamiento llega ahora alto y claro desde todas partes. Ha llegado el momento de abordar una de las cuestiones definitorias de nuestra era, con implicaciones para la democracia y los derechos humanos en todo el mundo: el reto de cómo apoyar a los Estados en la elaboración de principios y normas para las plataformas digitales, de modo que permitan la libertad de expresión y promuevan la disponibilidad de información precisa y fiable.

Un modelo de negocio defectuoso

Las redes sociales y otras plataformas digitales han permitido a personas de todo el mundo comunicarse, compartir información y transformar sus sociedades. Pero, cada vez más, estas plataformas son también caldo de cultivo para la desinformación, la incitación al odio y las teorías conspirativas. En los últimos años, la cuestión del control y la moderación de contenidos ha sido un factor importante en la violencia, la insurrección, las elecciones desvirtuadas y las transferencias democráticas de poder en numerosos países.

Los estudios demuestran que a menudo se prioriza la participación del usuario a cualquier precio. Esto lleva a que los algoritmos favorezcan los contenidos más controvertidos, porque provocan más reacciones, a pesar de la evidencia de que estos contenidos pueden dañar el tejido de nuestras sociedades, sembrando la desconfianza, fomentando el extremismo y socavando los derechos humanos fundamentales. Parece haber grandes desequilibrios entre regiones y lenguas, y los recursos de moderación se distribuyen a veces en función de intereses financieros o políticos, o demasiado tarde, en respuesta a la indignación pública una vez que ya se ha producido la violencia o la intromisión electoral.

Un problema global que requiere directrices globales

Muchos países están avanzando en la regulación para responder a estos problemas, pero hasta ahora ha sido descoordinada y fragmentada, con algunos países claramente en desacuerdo con las normas internacionales sobre libertad de expresión. Dado el dominio mundial de un número limitado de actores, la necesidad de un enfoque mundial coherente nunca ha sido más acuciante que ahora.

En su calidad de organismo de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones de comunicación e información, la UNESCO está dirigiendo consultas mundiales sobre este tema, en las que participan gobiernos, organismos reguladores, empresas digitales, círculos académicos, la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. Este diálogo mundial culminará en lo que se cree que será la primera conferencia mundial centrada específicamente en la orientación para la regulación de las plataformas digitales, del 21 al 23 de febrero de 2023. Miles de representantes de estos grupos ya se han inscrito para participar.

A continuación, los expertos de la UNESCO incorporarán los comentarios recibidos durante estos debates y emprenderán nuevas rondas de consultas con el objetivo de finalizar y publicar las primeras directrices mundiales sobre el tema a mediados de 2023. Los gobiernos, los reguladores, las empresas digitales y otros grupos las utilizarán para aplicar políticas y herramientas según sea necesario, con la experiencia y el apoyo de la UNESCO, garantizando al mismo tiempo que estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Esta iniciativa de la UNESCO responde al llamamiento formulado por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en “Nuestra Agenda Común” para hacer frente a la propagación de la desinformación y la negación de hechos científicamente probados, que suponen “un riesgo existencial para la humanidad”.

El mandato de la UNESCO

La UNESCO tiene el mandato mundial, consagrado en su Constitución, de promover la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen. Lidera la acción de la ONU para promover la libertad de expresión y el acceso a la información. Esto incluye una larga historia de décadas de proporcionar orientación y promover la cooperación entre los reguladores de la radiodifusión y los consejos de prensa, incluyendo el avance de las normas internacionales.

La Declaración de Windhoek+30 sobre la información como bien público en la era digital, refrendada por los 193 Estados miembros de la UNESCO en 2021, aboga por una mayor transparencia de las empresas tecnológicas, el apoyo a la viabilidad a largo plazo de los medios de comunicación y la alfabetización mediática e informacional de los ciudadanos en todas partes.

Bajo el liderazgo de su Directora General, Audrey Azoulay, la UNESCO está trabajando específicamente para mejorar la transparencia de las plataformas digitales, incluso mediante el desarrollo de una serie de principios para la transparencia y la rendición de cuentas en la era digital. La UNESCO también estableció la primera norma mundial sobre la ética de la inteligencia artificial, adoptada por unanimidad por sus Estados miembros en 2021, que incluye un llamamiento específico a “marcos apropiados, incluida la regulación” para abordar estas cuestiones.