Estados Unidos ha reactivado su ofensiva contra los gigantes tecnológicos, y ya no se trata solo de Google: ahora es Meta la que enfrenta un escrutinio que podría costarle dos de sus activos más valiosos, nada menos que Instagram y WhatsApp.

La iniciativa parece, en parte, un intento de cerrar el candado después del robo. Durante más de una década, las autoridades de ese país permitieron que compañías como Google y Facebook crecieran con muy pocos obstáculos, impulsadas por adquisiciones que, aunque arriesgadas en su momento, cimentaron su dominio en el mercado digital.

Quince años atrás, ni Google ni Facebook eran los conglomerados que hoy conocemos. A través de compras estratégicas -algunas exitosas, otras no tanto-, estas empresas no solo expandieron sus horizontes, sino que redefinieron industrias enteras.

Actualmente, Meta, Google, Apple, Microsoft y Amazon conforman el núcleo de las llamadas «Big Tech», todas objeto, en algún momento, de investigaciones por prácticas presuntamente monopolísticas.

¿Se justifica hablar de monopolios? A simple vista, sí. Estas compañías han construido ecosistemas que, en muchos casos, limitan la competencia natural del mercado. La respuesta regulatoria ha sido promover medidas antimonopolio, aunque los argumentos para fragmentar a estas firmas no siempre resultan tan sólidos como parecen.

En el caso de Meta, el cuestionamiento gira en torno a las adquisiciones de Instagram (2012) y WhatsApp (2014), vistas hoy como maniobras estratégicas para blindar su liderazgo frente a potenciales competidores. Aunque este razonamiento no es infundado -de hecho, así se argumentaba internamente durante las negociaciones-, sigue siendo, en gran parte, una interpretación retrospectiva.

Es innegable que Instagram y WhatsApp resultaron ser apuestas ganadoras para Zuckerberg. Pero también pudieron haber fracasado, y en ese escenario es improbable que Meta estuviera hoy en la mira regulatoria.

El verdadero debate no debería centrarse en desmantelar compañías ya consolidadas, sino en cómo regular de forma efectiva su poder. Imponer controles reales, exigir mayor responsabilidad en el manejo de datos y sancionar prácticas que fomenten la adicción o manipulen la opinión pública, parece un camino más sensato y eficaz.

La concentración de poder tecnológico ya ha causado daños. Sin embargo, también es cierto que la competencia no ha desaparecido, pues existen alternativas, aunque no siempre sean preferidas por el público.

La fidelidad de los usuarios hacia las plataformas de las Big Tech no obedece únicamente a su popularidad, sino que, a menudo, responde a la calidad, funcionalidad e innovación de sus servicios.

Estados Unidos enfrenta así una disyuntiva compleja: castigar el éxito retroactivamente o construir un marco regulatorio que permita la innovación sin caer en nuevas formas de concentración nociva.