El Gobierno está preocupado por la situación fiscal y buscó ayuda de expertos independientes, organismos internacionales y un equipo transversal de funcionarios públicos para la elaboración de un informe detallado del sistema tributario.

Las conclusiones del diagnóstico han sido contundentes: la pandemia ha llevado la deuda por encima del 60% del PIB y la presión tributaria está por debajo del promedio de los países de América Latina y muy lejos del promedio de la OCDE que es el club de los países desarrollados, al cual todos aspiramos. Pero el tema es más complicado:  aún sin el agravamiento que ha provocado la pandemia, los expertos coinciden en que el sistema tributario necesita una gran reforma.

De acuerdo con el informe, la falta de transparencia acerca de los costos y beneficios de las exenciones y leyes de incentivo han contribuido a su proliferación, mientras el sistema tributario se aleja cada vez más de las mejores prácticas internacionales. Los tratamientos especiales se han ido incorporando al sistema como una forma de contrarrestar las deficiencias estructurales de la economía. Y es una estrategia que ha fallado.

Para tratar de suplir la falta de ingresos se recurre constantemente a cambios tributarios (no se les puede llamar de otra forma) que consisten por lo general en aumentos de tasas para los agentes económicos que siempre pagan, como una forma de compensar las bases tributarias cada vez más erosionadas. Esto hace que la carga tributaria del que cumple sus obligaciones con el fisco sea muy alta.

Es un círculo vicioso que parece no tener fin: el Gobierno trata de compensar las altas tasas otorgando cada vez más incentivos y exenciones. Esto ha dado como resultado un sistema excesivamente complejo y difícil de administrar. Los expertos recomiendan una reforma profunda que restaure la eficiencia del sistema, la equidad y que recaude más.

Hay que buscar un equilibrio de malabarista sensato y experimentado: “si la reforma tributaria se hace muy rápida, puede afectar las perspectivas de recuperación de la economía; pero si se toma mucho tiempo, el aumento del déficit y la deuda hará perder credibilidad al Gobierno”; limitará su capacidad de gasto social y de infraestructura y en algún momento afectará la calificación de riesgo soberana y, por tanto, el acceso a financiamiento a tasas bajas como lo ha tenido hasta ahora. Es el momento de una reforma profunda. Todo esto de acuerdo con el citado informe.

En el caso del impuesto al valor agregado (ITBIS) la sugerencia es reducir al mínimo las exenciones a los bienes y servicios y que se graven a la tasa vigente. En caso de que sea difícil lograr este objetivo, entonces gravar lo que actualmente está exento a una tasa reducida de 10 ó 12% e incorporar las Zonas Francas al régimen estándar del ITBIS para evitar abusos.

Para amortiguar el impacto en los más pobres de esta medida se sugiere un mecanismo de compensación a través de transferencias (algo así como un Bono-ITBIS). Es lo que se llama en la literatura tributaria el IVA o ITBIS personalizado, que consiste en generalizar el impuesto y a la vez compensar a los más pobres. El argumento es sencillo: el sistema actual de exenciones beneficia desproporcionadamente a los más ricos que son los que más consumen. O al menos eso dicen los expertos consultados por el Gobierno.

En el caso del impuesto a la renta personal, se debe hacer un esfuerzo por cobrar más a los profesionales liberales que casi no tributan, gravar las pensiones y bajar el mínimo exento para aumentar la base de los contribuyentes y considerar otras medidas como aumentar el impuesto a los dividendos a 15%.

En el caso del impuesto sobre la renta a las empresas, la recomendación es alinear el tratamiento tributario entre todos los regímenes (traducción: que paguen algo los que ahora están exentos).  El informe propone fusionar (asumo que gradualmente) a las Zonas Francas con el régimen de tributación normal. Y de paso, hacer una estrategia de formalización con el sector agrícola que casi no paga.

También, que se fortalezca el impuesto al patrimonio y que se haga mayor uso de impuestos medioambientales (a los vehículos e industrias contaminantes, por ejemplo); y gravámenes a la economía digital (Netflix, Amazon, AirBnb y demás plataformas).

Estas son algunas de las recomendaciones de la comisión transversal que pueden consultar en internet. El Gobierno de Colombia ha publicado el estudio y enviará al Congreso una Reforma Tributaria en los próximos días y ya se verá cuáles de estas sugerencias asume.