El viernes pasado hice la siguiente pregunta: ¿Y los empleados públicos, pa´cuándo? El sábado, el ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, condicionó el aumento del salario mínimo de los empleados públicos a que se ejecute una reforma tributaria. Con esa posición se pretende dividir más al país y elevar la desigualdad de los ingresos laborales, pues deja a centenares de miles de dominicanos sin la oportunidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años. 

De acuerdo con las recientes acciones impulsadas por la administración de Abinader, el sector privado debe y puede reducir sus gastos y/o despedir personal para así tener la capacidad de incrementar el salario mínimo. Sin embargo, según Ceara Hatton, sólo se podrá incrementar el salario a los empleados públicos si los contribuyentes pagan mayores impuestos. No cabe duda de que esas decisiones gubernamentales quebrarán muchas empresas, en especial mipymes, que tendrían que pagar simultáneamente mayores salarios e impuestos más elevados. 

Aquí cabe preguntar, ¿Dónde están los 129 mil millones de pesos que decía el PRM en su programa de gobierno que podría reducir por concepto de gasto público superfluo? Según el director de Presupuesto, el gobierno se ha ahorrado 77 mil millones de pesos, al disminuir el gasto superfluo y la corrupción. Además, el Ministerio de Energía y Minas publicó la semana pasada que las empresas distribuidoras de electricidad se ahorraron 62 mil millones de pesos, disminuyendo así el monto de las transferencias gubernamentales a esas empresas eléctricas. Si se suman ésas, y otras partidas de supuesto ahorro, el monto total disponible en las cuentas gubernamentales debe superar los 200 mil millones de pesos. 

Así las cosas, pienso que el gobierno de Abinader tiene los recursos suficientes para aumentar el salario a los empleados públicos sin que sea necesario una reforma tributaria. En consecuencia, es injusto que el gobierno le haga ese chantaje al pueblo dominicano, el cual debe ser rechazado de manera contundente.