De nuevo la sorpresa, también el susto. Los comentarios se multiplicaron, la premura permitió percibir la tendencia al disparate cuando el afán de opinar es obsesión.

El despliegue de desaciertos ocurrió después de la publicación de una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ratificando que el proxenetismo está sancionado, pero la prostitución no está prohibida en la República Dominicana.

Fue descubrimiento para unos, vergüenza para otros. Y el deseo de castigar a la orden del día. Los vengadores probos mirando desde la cima, con la guadaña dispuesta para la renovación ética de los demás.

El azar quiso que el tema no estuviera en las discusiones previas a la validación del Código Penal. Quizás por eso, la grafía que redactó un código más medieval que renovador, no incluyó como tipo penal la práctica.

El asunto no tiene espacio ahora. La atención colectiva dirigida, no admite distracción, está pendiente de auditorías y espera allanamientos, como se esperan los batazos en el estadio.

A pesar del momento, la decisión de la SCJ y los equívocos, permiten reiteraciones. Proceden para conjurar la desmemoria, cuando la conveniencia manda.

El dilema entre la permisión de la prostitución y el castigo ilegal, las amenazas, la violencia, ha estado presente siempre. La moralina decidió, hace mucho, omitir el problema. La mención, en la actualidad, sería otro mentís a la persecución sin sesgo político.

Las falencias del nuevo mundo aflorarían. Podrían discutirse los derechos fundamentales violentados, las leyes omitidas. Serían cuestionadas la coyunda que une los propósitos de los tres poderes del Estado y la persistente impunidad, más allá de la persecución de la corrupción administrativa.

Por eso proxenetas y secuaces realizan sus labores sin ningún inconveniente. A los gestores de la patria nueva no les preocupa el secuestro de mujeres ni la administración de sus cuerpos a cargo de los alcahuetes.

Ningún cómplice de proxenetas teme persecución. Las madrugadas de homicidios, navajazos y estupros, de adultos cotizando cuerpos imberbes no desvelan a ninguno de los evangelistas de la transformación criolla.

La impunidad avala el castigo sin ley a las personas prostituidas y permite el proxenetismo en lupanares y en la plaza pública.

En el año 1958, para complacer reclamos clericales y de “familias honestas”, fue promulgada la ley 4862. El texto pretendía controlar la prostitución. Su vigencia fue efímera. Los negocios relacionados con la compra y venta del placer, sufrieron pérdidas inmediatas con la restricción.

El “jefe” montó el tinglado adecuado para revertir la decisión. El 2 de marzo fue derogada la ley. Desde entonces el oficio es permitido.

Las redadas que llenan de mujeres los cuartuchos de destacamentos y de Palacios de Justicia, ameritan sanción a sus perpetradores. 

El proxenetismo sabe a quién pagar para la extorsión. Los fiscales, en estos casos como en otros, actúan como mercaderes y cobran peaje para manipular la coerción. El silencio encubre la felonía. Las personas afectadas por el exceso y abuso de autoridad, saben que es inútil la queja. Inoportuna en época de proclamas triunfalistas y silencio.