Paradojas colectivas judiciales


El juicio fue oral, público, contradictorio. Desafiante para una nación temerosa, adolorida. Algunos creían que comenzaba la destrujillización, la ilusión fue fugaz. En “La Conjura del Tiempo” José Rafael Lantigua escribe que la destruijillización se convirtió en un mito, fue vacilante y “solo pudo condenar a los asesinos de las Hermanas Mirabal”.

El proceso comenzó el 26 de junio del 1962, la población expectante, aguardaba el decurso de las audiencias transmitidas, por primera vez, a través de las frecuencias de radio y televisión.

El juez de instrucción de la segunda jurisdicción de Santiago, el fiscal especial, el juez actuante, fueron personajes públicos hasta su muerte. Respetados por la comunidad. Nunca, ninguno, avaló las infamias en relación al caso.

Ambiorix Díaz Estrella, Rafael Valera Benítez, Osvaldo Soto, escribieron con su participación una página memorable, todavía con el miedo acechando.

Los asesinos detallaron el horror sin inmutarse. La condena contra autores y cómplices advino, pero el cumplimiento de la sentencia fue imposible. Seis décadas después, gracias al trabajo tenaz del trujillismo, con la complicidad de la cobardía y el oportunismo, más contundencia tiene la fábula que el decurso y desenlace del proceso. Más eco tiene la especie difamatoria que las confesiones, los testimonios y el resultado de las pesquisas. Para nada sirvió el juicio.

Con los acusados de cometer crímenes y delitos contra la cosa pública, en diferentes periodos gubernamentales, ha ocurrido diferente: sin proceso hay condenas irrefutables.

Política y malquerencias, alianzas y compromisos, tiñen despachos y ocupan estrados. La plaza pública se impone y dicta sentencia antes de iniciar la audiencia.

Imposible el juzgamiento, menos la realización del debido proceso. Basta la revisión desde el 1978 hasta la fecha, para comprobarlo. Inútil rebatir, la presunción de inocencia parece burla.

La credibilidad de las personas acusadas por la presente administración, desde noviembre del año pasado, es inexistente. Su desprestigio es irremediable, sin tener que mencionar el lugar común del populismo judicial.

Quien pretenda sensatez o comente algo diferente al coro, se convierte en indigno disonante. Ningún argumento, justificación o excusa es ni será ponderado. Encomiable la persistencia de los representantes que asumen la voz del cliente o siembran esperanzas, pero el trabajo es infructuoso. Poco probable, además, que algún servidor judicial se atreva a contradecir designios que intuye.

Partenio Ortiz Objío, administrador de CORDE-1982-86- fue acusado de cometer desfalco, abuso de confianza y estafa contra el Estado.

Después de un tortuoso proceso de instrucción con los inconvenientes que auspiciaba el momento, recibió, circunspecto, la notificación del No Ha lugar que lo beneficiaba. Estoico, tal vez resignado, dijo: la decisión llegó tarde, la opinión pública me condenó.

En aquel tiempo sin redes, pero con un movimiento a favor de la “moralidad pública”, valía poco la honra de los imputados. Los medios de comunicación activos, pendientes del desenlace de los procesos penales, hilvanaban hipótesis y escogían, siguiendo el vaivén de las olas, culpables favoritos.

Cambió el siglo, el sistema judicial y el Ministerio Público y vuelve, cada vez, a repetirse el sainete. Los mismos que dependiendo época y circunstancia propalan el respeto al debido proceso y subrayan la presunción de inocencia tocan el pandero. Cuando los acusados llegan a las salas de audiencia el conflicto es enorme para los jueces. Defraudar el reclamo popular arriesga demasiado.

Como estamos cambiando, sería conveniente establecer en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, la condición de condenados en lugar de acusados. Después de un plazo prudente, esa especie de parque temático infractor, compuesto por pulpos, caracoles, corales, podría interponer un recurso de revisión. Entonces, los jueces estarían aptos para comportarse como afirmó la procuradora general de la República cuando presidió la sala penal-SCJ- que conoció el archivo de la querella contra el senador Félix Bautista. En su voto salvado expuso: “Los jueces son un tercero imparcial en el proceso, no les corresponde subsanar omisiones o inobservancias de las partes, es a estas a quienes les corresponde promover, estimular la actividad jurisdiccional, aportando los elementos que sustentan su pretensión”.