La experiencia acumulada sobre la pandemia del covid-19, que azota la humanidad desde diciembre de 2019, permite describir las medidas racionales para enfrentarla. 

La aplicación rápida de la vacuna contra ese virus es fundamental para proteger a la población. La evidencia empírica demuestra que la vacuna es efectiva, solo falta aplicarla. Para lograr ese objetivo es necesario disponer de las dosis suficientes. Lamentablemente, el nacionalismo de las vacunas ha sido una política subóptima aplicada por los países avanzados, pues ha dejado sin dosis suficientes a la población de las naciones en desarrollo. Tal como señalamos en otro comentario, en la República Dominicana no hay vacunas suficientes para cumplir con la promesa presidencial de vacunar el 80% de la población hacia finales de junio de 2021. 

El mantenimiento del distanciamiento social basado en el confinamiento voluntario o no de la sociedad es clave. Cuando la comunidad no coopera, el establecimiento de un toque de queda más estricto es la medida que debe establecerse por el bien de la sociedad. El bienestar social que se desprende de la protección de la salud es superior a la pérdida económica que provoca el confinamiento. En la República Dominicana, el gobierno ha ido acortando irracionalmente las horas al día que corresponden al toque de queda, al mismo tiempo que ha facilitado la apertura de las actividades de intenso contacto físico, lo cual ha estado elevando la tasa de positividad de la enfermedad. 

La lucha eficiente contra la pandemia implica que el gobierno asegure un determinado nivel de ingreso para los segmentos más pobres y vulnerables de la sociedad. Esto significa transferir recursos a la población a través de programas sociales como Quédate en Casa, Pa’Ti y Fase. Es una pena que el gobierno de Abinader haya decidido eliminar esos programas entre enero y abril de este año, dejando en la calle a centenares de miles de personas sin empleo, quienes desesperadamente tienen que buscar la forma de obtener los ingresos necesarios para poder comer. 

Una aplicación generalizada de las pruebas de detección del covid-19 es otra medida racional para enfrentar su propagación y letalidad. Al detectar oportunamente la enfermedad se puede aislar a la persona y evitar así que otras se contagien. Además, la experiencia demuestra que mientras más rápido se inicie el tratamiento de la enfermedad menor es la probabilidad de que la misma sea severa y, en consecuencia, disminuye la probabilidad de fallecimiento del paciente. La decisión del gobierno de limitar la aplicación de las pruebas PCR a una por año, a ser financiada por el sistema de seguridad social contributivo, y concentrar su aplicación libre de costo únicamente en los hospitales públicos, es una medida irracional, pues el Estado tiene menos capacidad de aplicarla que el sector privado. ¿A quién se le ocurrió reducir la oferta de las pruebas PCR cuando se enfrenta el inicio de la tercera ola? 

Aquí le dejo al presidente Abinader esas medidas racionales y eficientes para enfrentar la pandemia del covid-19. Si no me cree, pues que consulte a expertos nacionales o extranjeros.