La reforma fiscal es una necesidad para que la economía recobre el ritmo de expansión y crecimiento experimentado en la década pasada.  Aunque no existen condiciones objetivas ni subjetivas para aplicarla en este momento, es menester dedicar los próximos meses a discutir sus alcances de forma amplia, incluyente y ponderada.

Esa discusión debe contar con el concurso de todos los sectores: partidos, empresa y la ciudadanía organizada, con el gobierno asumiendo la responsabilidad social y política de construir el consenso posible y beneficioso para el país.

Aún antes de que la Covid-19 asomara, todos los actores de la vida partidaria y los agentes económicos de primera línea coincidian en que el diseño de una nueva estructura fiscal capaz de motorizar una economía cada vez más grande, diversa, conectada y, en consecuencia, mayor expuesta a shocks externos, era tarea clave para el gobierno resultante de las urnas en 2020. 

Con el déficit fiscal de 7.4 %, una contracción económica de 13 % y la deuda pública consolidada en 70% tomando como referencia el PIB de 2019 a consecuencia de la pandemia, lograr un Pacto que articule un nuevo sistema tributario es imprescindible si se quiere evitar el colapso de las finanzas nacionales.

Ojo al Cristo que es de plata: la reforma derivada del Pacto Fiscal no puede caer en el simplismo de limitarse a un recorte cosmético del gasto público para justificar el aumento o la creación de nuevos impuestos, como por ejemplo: ampliar la base del ITBIS, subir el Selectivo al Consumo, gravar las compras por internet o la suscripción a servicios de streaming como Netflix o Spotify; eso sería echar gasolina al fuego latente del descontento social o acelerar la espiral inflacionaria iniciada en agosto de 2020 .  

La discusión del Pacto Fiscal debe cimentarse en un plan de reactivación económica que incluya, entre otras cosas, un paquete de grandes obras de infraestructura, inversión pública en producción agropecuaria con fines de abastecimiento del consumo local y de exportación, fortalecer los programas de ayuda social, además del compromiso para ralentizar la vorágine de endeudamiento en que se ha embarcado el actual gobierno escudándose en la crisis sanitaria.

Mientras avanza el plan de vacunación y se encamina una reapertura total, nos corresponde trabajar en la configuración de  una fiscalidad saludable y un gasto tributario sensato, orientados a financiar un plan de reactivación, revitalización y reimpulso de nuestra economía lo suficientemente ambicioso como para sentar las bases de un salto cuántico durante la próxima década.  

En una próxima entrega plantearé algunas propuestas concretas sobre el Pacto Fiscal que espero sirvan de punto de partida para su discusión en las redes o en este mismo espacio de Ojala.