Aparecen, llegan, como si nunca hubieran estado. Acomodan el discurso. Sacuden de la solapa los restos de colaboración con el régimen anterior y a refundar la patria. 

Sin importar reiteraciones, errores inducidos, el protagonismo seduce. Comienza desde cero el tránsito, como Sísifo y de inmediato el coro canta. Amnesia conveniente y colectiva porque desentonar irrita y apoca.

Después de la muerte de Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz Ferrer, sin posibilidad de alegar intercambio de disparos, algo tan común que por ser costumbre no incita acusaciones, la descalificación de la Policía Nacional no cesa.

Víctimas de la imprevisión, violencia y subordinación de los agentes actuantes, el hecho ha generado indignación y barullo. El “uso extremadamente excesivo y desproporcional de armas de alto calibre” como consta en la solicitud de medida de coerción, espanta. 32 disparos sin previa orden de detención, ausente la intención de identificar a los ocupantes del vehículo, asignan al caso connotaciones que obligan investigación minuciosa.

En el vapuleo sin tregua es evidente la doblez de muchos al momento de insultar a los delincuentes de la PN. Comparten vino con el generalato cómplice de los desmanes, pero en la plaza pública zarandean la institución que les presta sus miembros para usarlos como empleados domésticos y guardianes de la familia.

La tromba pretende arrasar el cuerpo armado, dependiente de la autoridad del presidente de la República. “Obediente al poder civil, apartidista y sin facultad para deliberar”.

Como solución calmante, fue creado el “Grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional”. Todavía sin conocimiento público de los detalles para la implementación de la “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana”-EISC- y adviene el grupo salvador.

Así como la EISC ignora la “Ley Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados”, la narrativa para la transformación de la PN descarta su Ley Orgánica-590-16- y pretende sustituir el Consejo Superior Policial y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

La mejor manera de eludir la aplicación de la ley es ignorar que existe. Aunque nadie puede alegar su desconocimiento, es una práctica graciosa hacerlo. Cada ciudadano aparenta tener un canon para regir su vida y solo si alguna autoridad decide, acude al código. Luce una variante de la privatización del orden público.

Cuando la circunstancia exige, la vocería cívica, tan imprudente como influyente, pontifica, como si viviéramos en un limbo jurídico o en una interminable y acomodaticia vacatio legis. 

Y se multiplican las propuestas, los proyectos. Con beneplácito son recibidos en esta época del alboroto y la insensatez, cuando cualquier arrebato adquiere categoría de acierto. Van y vienen los deseos de legalidad, pero si conviene se salta la valla y nada ocurre.

Luego de la tragedia, la ley ha sido reemplazada, el mando relevado, como si el Estado de derecho no existiera. Es una situación irregular, avalada, sin ponderar las consecuencias, por los paladines de la institucionalidad y la ética.

El escándalo procede, empero, desprecia el proceso iniciado desde antes de la promulgación de la Ley Orgánica de la PN. Incompleto sin dudas, pero bastaría continuarlo, rescatar el esfuerzo y el compromiso de muchos que hoy denuncian el desastre y propalan que tienen la solución.

El tiempo de la jefatura bandolera pasó, pero pervive la influencia del bandidaje con rango superior. Oficiales con poder, algunos fuera de la institución, dispuestos a obstaculizar la profesionalización del órgano. 

Participantes frecuentes en las tertulias auspiciadas por los quejosos que denuncian los turbios manejos de la PN. Esos civiles, beneficiarios del descrédito que propician, transitan por los pasillos policiales pidiendo favores. Son invitados frecuentes a los paradisiacos espacios, propiedad de los que obtienen rangos gracias al crimen.

El programa de gobierno del PRM menciona el fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, organismo creado para el diseño de la política anticrimen del Gobierno. También establece el procedimiento para “La reforma policial integral”. 

El texto reivindica, para su realización, la ley orgánica. Resulta entonces incomprensible y peligroso, el limbo jurídico que la contingencia ha provocado.