La ocurrencia es de Felipe González, presidente del gobierno de España- 1982-1996-. El gracejo del carismático líder de aquel PSOE hoy transformado se convirtió en referencia. Cuando perdió el poder comparó a los expresidentes con jarrones chinos en un apartamento pequeño.

“Es un objeto de valor, pero estorban, nadie sabe dónde ponerlo, nadie se atreve a tirarlos a la basura. Todos albergan la secreta esperanza de que un niño le dé un codazo y lo haga añicos”. Hoy la boutade hubiera sido censurada gracias al fundamentalismo implícito en “lo políticamente correcto”.

La comparación atentaría contra una manifestación artística milenaria, un agravio a la dinastía Ming. La evocación sirve para mencionar, una vez más, la tendencia que tiene la actual administración a desconocer leyes vigentes. Para evitar rezongos desprecia su contenido, después de apadrinar su existencia.

El protocolo es invariable con complicidad de los sospechosos habituales, el proyecto acapara la atención pública y todos discuten la propuesta. Aflora la erudición de ocasión y se multiplican las sugerencias. Y aunque siempre exista un pacto previo para suplir deficiencias o enconos, la promulgación es pedida y defendida para sumar un número más a la colección. Entre el populismo punitivo y la tendencia a legiferar oscila la institucionalidad criolla.

Decenas de leyes promulgadas para satisfacer reclamos y asentar caprichos en la Gaceta. Son tantas con esa condición que desafían la pertinencia del poder legislativo. Quizás por eso la jornada en las Cámaras es satisfecha, después de complacer los designios del poder ejecutivo, con homenajes, entregas de pergaminos, declaraciones de días especiales. A pesar de los proyectos pendientes, el primer poder del estado debe estar convencido del destino incierto de sus leyes.

La aplicación de la “Ley Orgánica de la Policía Nacional” fue suspendida cuando el poder ejecutivo creó aquel “Grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la PN”.

Producto del trabajo de los convocados surgió una Comisión Ejecutiva y un Comisionado: para la implementación de las sugerencias del grupo. La “Ley Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados” fue ignorada cuando el presidente anunció aquel “innovador programa de recompras de armas ilegales”.

Después de la promulgación de la ley que regula el Sistema Penitenciario y Correccional, otro mérito del Cambio para dejar atrás el pasado tenebroso y en medio del indiscutido fracaso del sistema, una Comisión ad hoc suplantará la ley.

De la negación del problema a la admisión tardía, el remedio ha sido otra comisión salvadora. El contenido del capítulo IV del Título IX que pauta lo relativo a las edificaciones penitenciarias y correccionales, será asumido por personas no señaladas en la ley 113-21. Inexplicable trasgresión, tal vez atribuible al celo del presidente con la independencia del ministerio público y por eso elude el encuentro con la autoridad competente y responsable de los asuntos penitenciarios.

Es reprobable discutir una decisión del mandatario en la apoteosis del presidencialismo, empero, la anécdota de Felipe se adecúa al momento. Vale la paráfrasis para afirmar que las leyes estorban y para hacerla añicos están las Comisiones de notables.