El gobierno del presidente Abinader ha tenido problemas para ejecutar el gasto de capital. De acuerdo con los datos publicados por la Dirección General de Presupuesto, a finales de mayo de este año sólo se ha invertido el 37.5% de lo que se debió haber ejecutado. Esto sugiere incapacidad de poner en marcha proyectos de infraestructura que son clave para el crecimiento económico actual y futuro. 

El gasto corriente a mayo ha tenido un mejor ritmo de ejecución, alcanzando un 90.5% del nivel presupuestado. Debe destacarse que el gasto de consumo se ha ejecutado en casi 96%, mientras que el correspondiente al pago de intereses de la deuda sólo un 66.2%. Esto significa que la reducción del pago de intereses explica el 85.5% de la menor ejecución del gasto corriente. Me imagino que los pagos por intereses se reducirán este año todavía más, debido a la política del pateo hacia delante del servicio de la deuda que ejecuta el Ministerio de Hacienda. 

El resultado financiero del Gobierno Central, que se define como la diferencia entre ingresos y gastos, calculado al mes de mayo arroja un superávit de 28,403 millones de pesos. Y el resultado primario, que no toma en consideración el pago por intereses de la deuda, arrojó un superávit de 79,401 millones de pesos. 

Esos resultados implican que el gobierno de Abinader ha sacado más dinero de los bolsillos de los contribuyentes que la suma que ha devuelto a la economía en forma de transferencias a los pobres, servicios sociales, salarios e inversión pública, entre otros conceptos. Lo sorprendente es que, al mismo tiempo que registra ese superávit, el Ministerio de Hacienda haya tomado financiamiento neto por la suma de 115,959 millones de pesos, casi el doble de lo que debió haberse endeudado en los primeros cinco meses del año. Esto significa que el gobierno guarda ese dinero de manera improductiva, pues se paga intereses sobre esa deuda sin convertir esos recursos en mayor capacidad de crecimiento económico y bienestar.

El 19 de junio recién pasado el presidente Abinader decidió reforzar todavía más su política de austeridad. Mediante el Decreto No. 396-21 dispuso de ciertas restricciones, para lo que resta de 2021, sobre algunos gastos corrientes del gobierno, relacionados con fiestas, donaciones a terceros, obsequios, arrendamiento de instalaciones para celebrar actividades y remodelaciones de oficinas. También se prohibió transitoriamente la adquisición de vehículos de motor, su uso durante los fines de semana, la compra de boletos de viaje oficiales, el uso de flanqueadores, entre otras medidas. Claro está, cada una de esas medidas tiene excepciones. 

Ante esa austeridad fiscal, cobra una mayor importancia el trabajo de recuperación económica que está llevando a cabo el gobernador Héctor Valdez, a través de su correcta y oportuna política monetaria. Por eso, cuando se oye a la mayoría de los nuevos cantantes, se dice: ¡Qué bien canta Gardel!