Una de las apuestas más osadas de los estrategas del Cambio ha sido ordenar la publicación de las irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría General de la República.

El órgano de control interno del poder ejecutivo comprobó esas “irregularidades” en 18 instituciones del estado, seis ministerios incluidos. El trabajo fue realizado durante el periodo agosto de 2020 – abril de 2021.

El presidente decidió revelar el resultado de la fiscalización interna y del manejo, uso e inversión de los recursos públicos en el Gabinete Social, el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el Ministerio de la Juventud, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Juventud y doce entidades más.

A contrapelo del ordenamiento jurídico vigente lanzaron al ruedo unos resultados que de inmediato y tal como se supone había sido acordado, provocaron las explicaciones de ministros y directores aludidos. Un dechado de corrección y buena voluntad, todo ha tenido justificación.

La crisis en la CCRD obligaba el golpe de efecto. El trastrueque de posiciones en relación al destino de la Cámara, escogida con el beneplácito del mandatario, aceptación de la Dirección de los partidos aliados al PRM y la bendición y algarabía del liderazgo de la sociedad civil partidista, necesitaba una señal de “transparencia” aunque fuera opereta.

Trabajo de campaña impecable acompañado por el adanismo presidencial que, en la cúspide de su popularidad, cual orador ateniense, proclamó que nunca antes eso había ocurrido. Objetivo logrado gracias a la manipulación y al silencio de los grupos cívicos que piden condenas sin sentencias para los corruptos del antiguo régimen.

La nomenclatura del Cambio, la de la pureza, es inexpugnable. Tiene deidades, verdades inmutables. Entre némesis y Themis y con la banderola de la ética enhiesta, las leyes pueden sucumbir, como en tiempo de caciques y tiranos. El acotejo es propicio cuando de la permanencia se trata y la propaganda convierte en cenizas cualquier opinión contradictoria.

Después del entusiasmo y respaldo mediático, sorprende que los guardianes éticos, eludan mencionar torpezas que cualquier leguleyo puede descubrir. ¿Cómo ignorar que las “irregularidades administrativas” publicadas y celebradas como acierto, fueron aprobadas por el órgano que tiene la función de evitarlas? El sainete arriesga la credibilidad y eficiencia de la Contraloría.

Basta leer la Constitución de la RD, que todavía no ha modificado el presidente, para comprobar que la CGR “autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito…” De modo que los pagos a empresas de funcionarios y de sus familiares, las nóminas sin soporte, los gastos extraordinarios, fueron autorizados por el órgano de control interno que ahora utiliza el poder ejecutivo para ratificar la era de la transparencia.

Como colofón, para más galimatías institucional, el icono ético de Palacio convirtió los hallazgos en “errores subsanables” y califica “hermoso” el proceso. Son detalles, lindezas de la patria nueva. Queda la nostalgia de aquella época de marchas espontáneas y plazas atiborradas de buenas personas, pidiendo castigar a los corruptos-morados-. Y es que hoy son errores, ayer infracciones.