Editorialistas, articulistas, opinantes, manifiestan su embeleso. Sin rubor, comentan la energía, la resistencia del Presidente de la República. El hombre que no duerme, no descansa, de frugal ingesta, con insospechada destreza de orador.

Cada día aumenta el aura alrededor del jefe de Estado, las alabanzas se suceden y quien no repite su excepcionalidad está expuesto al destierro social.

La circunstancia limita la disensión, permite el desprecio a quien contradiga los mandatos del nuevo orden. Impide también, la posibilidad de explicarle con el respeto correspondiente, los errores jurídicos implícitos en la narrativa que deforma la existencia del Ministerio Público-MP-.

La claque repite el equívoco. Vocifera consignas cuya realización podría ser fatal. Asumen que el MP solo existe para perseguir la corrupción administrativa del pasado periodo. Nada más, nada menos.

Desconocen que “es el órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad…” y que la Constitución establece su autonomía funcional, administrativa, presupuestaria.

Algo tan relevante como la posibilidad de modificar, sin conocer su contenido, la Ley Orgánica del MP, asoma en los medios con una ligereza que espanta.

Los sustentadores de la necesidad urgente de reformas, ignoran la existencia de la Escuela Nacional del MP, el alcance de Reglamentos y Resoluciones que pautan la Carrera, la trascendencia del Consejo Superior del MP.

Tampoco parece interesarles el extenso camino recorrido hasta lograr los cambios establecidos en la Constitución del 2010.

Atrapado por el éxito, agradecido de los respaldos cívicos que reclaman su cuota, el presidente no ha escuchado otras voces. Debería oír opiniones con experiencia. Acercarse a la trascendencia jurídica de la petición populista.

La adulación arriesga. Avala la omnisciencia y el discurso que permitió el triunfo. Por eso, una audiencia para voces distintas podría explicarle mejor que los diletantes mediáticos, la dimensión de la independencia del MP.

Comentarle cómo fue superada la época de fiscales exhibiendo armas en los estrados y cómo, desde las oficinas de abogados, se presionaba más que desde Palacio.

Cuando Julio Ibarra Ríos, “el fiscal del pueblo”, fue protagonista de una gestión todavía no ponderada en su grandeza, el presidente Abinader Corona era un niño.

Concluía el periodo de los doce años y Julito tenía la misión de transformar el ejercicio de la acción pública. Un decreto determinó su función, pero no necesitó del firmante para actuar de una manera insuperable.

Virgilio Bello Rosa fue un excelente PGR, antes de las reformas. Su pertenencia al partido de Gobierno no alteró su desempeño, renunció cuando sintió que era irrespetado.

La más alta representación del MP ha forjado su esplendente carrera, tanto en el MP como en el Poder Judicial, durante la gestión de cinco gobernantes. Podría contarle al presidente detalles de su ejercicio, mencionar la diferencia entre la coacción pública y la privada y sus consecuencias.

La prisa es mala consejera. Oír otras voces es imprescindible. El intercambio quizás evitaría la conversión del MP en un espacio controlado por beneficiarios de la impunidad privada. Ese sector social que pretende y trabaja para adueñarse de los órganos autónomos del estado.