El debate que se ha abierto en el país en torno a la inclusión o no en el Código Penal de la admisión del aborto cuando peligra la vida de la mujer, cuando la preñez es el resultado de un incesto o cuando hay evidente malformación del feto, pone en evidencia serias contradicciones de la existencia de una sociedad y un Estado democrático en República Dominicana.

Si esta es una sociedad pluralista integrada por creyentes y no creyentes, ningún poder del Estado puede imponer sus dogmas a la totalidad de los dominicanos y mucho menos consignarlos en el ordenamiento legal para hacerlos de obligatorio cumplimiento.

Los católicos y los evangélicos coinciden en que no agrada a Dios que una mujer preñada –no importa de quién ni la condición de salud de ella o del feto– debe parir aunque se muera ella, el infante o ambos durante el parto.

Muy bien. Ese derecho, asumido como cultura por su fe católica o protestante, es digno de respeto tanto individual como grupal y los dignatarios de esas iglesias gozan de la posibilidad de educar a su grey en esos principios.

De hecho, los sacerdotes, obispos y pastores predican en forma constante en sus sermones para formar a las personas en el respeto a la vida, advirtiendo que el aborto es pecado y que se debe amar para procrear como un don divino.

¿Cuál ha sido el resultado de esa prédica?
Que a pesar del temor a Dios y el mensaje de sacerdotes y pastores, miles de católicas cada año se hacen abortos voluntarios, unas (las que tienen el dinero para pagar) en clínicas privadas y otras (las cristianas con menos dinero) en camillas de consultorios también privados pero que operan hasta en callejones de los barrios de la capital y otras ciudades.

Las primeras, preñadas por legisladores, funcionarios, militares, políticos, empresarios, profesores, artistas, periodistas, abogados, ingenieros, médicos, sacerdotes y pastores… salen del “problema” en forma segura y pasan a la normalidad con solo pagar un poco de dinero y con muy escaso riesgo para su vida y su salud.

Las mujeres de menos ingresos que salen preñadas –no me corrijan que es embarazo porque eso es otra cosa– se rompen la cabeza porque no entienden “¿cómo pudo suceder?”, se ven obligadas a hacer “un lío” para abortar en forma insegura porque el padre es el conductor de un camión que solo conocen por el sobrenombre de “Ficha 9” de la compañía que construye la carretera o transporta combustibles.

Estoy de acuerdo –por ahora– con que el aborto voluntario y para eludir la responsabilidad de una relación sexual consentida entre un hombre y una mujer, no debe ser practicado en hospitales públicos donde la prioridad debe ser garantizar el derecho a parir en condiciones seguras para la mujer y para la criatura que va a nacer.

Ante el hecho evidente de que la prédica desde el púlpito no ha detenido el aborto voluntario entre las católicas y mucho menos entre el resto de las mujeres creyentes o no, la Iglesia quiere prohibir por ley –ya no solo a sus fieles sino hasta a los ateos– el aborto terapéutico.

Se trata de algo semejante, con diferencia en el tiempo, de cuando los católicos obligaron a los taínos de Santo Domingo a convertirse al catolicismo para salvar su alma y a morir en las minas y las plantaciones por trabajo en exceso para beneficio de los gobernadores coloniales y el clero.

Era una especie de grito de ¡trabajen hasta que se mueran que llegada la hora postrera los espera la salvación en el cielo! Y efectivamente, los extinguieron.

Aquí y ahora, sacerdotes, pastores y legisladores le dicen a una niña con autismo que ha sido violada por un energúmeno, familiar o no, que tiene que parir la criatura aunque se muera y si no se muere, aunque otra persona tenga que ocuparse del cuidado de los dos. ¡Qué fácil es decidir por otro!

Si un hombre (familiar o particular) viola a una niña, la ley prohíbe que se revele su identidad para que no tenga daños morales ni sea estigmatizada por la sociedad, pero si queda preñada la quieren obligar a parir para que tanto ella como el hijo vivan el resto de su vida marcados por esa tragedia. ¡Oh, Dios!

Las tres causales
Si bien el aborto voluntario no tiene que ser una carga para un sistema de Salud precario como el dominicano, un asunto muy diferente es el aborto cuando se presenta una de las tres causales que constituyen una carga muy pesada para la mujer: peligro de morir, preñada por familiares cercanos o evidente malformación del feto.

En cualquiera de esas circunstancias debe primar el derecho de la mujer a decidir si continúa con su “barriga” y asume las consecuencias físicas y psicológicas, o si por el contrario interrumpe la preñez con un procedimiento profesional y en un hospital, rodeada de seguridad para su vida y la protección de su integridad.

¿Vamos hacia un Estado teocrático?
Me resulta imposible creer que en algún lugar del planeta alguien pretenda volver a imponer ahora las reglas feudales que primaron entre el siglo IX y el siglo XII.

Nadie debe olvidar que la sociedad feudal estaba estratificada en: la nobleza (grandes propietarios de terrenos que eran el medio de producción), el clero (los religiosos que determinaban el comportamiento humano, particular y social) y los siervos, que eran quienes trabajaban la tierra para producir los alimentos y mantener los privilegios de la nobleza y el clero.

Imponer legalmente a toda la sociedad las doctrinas de las iglesias no es aceptable, pero si se acoge una parte (el respeto a la “vida”), debían reglamentarse con carácter de obligatoriedad, principios esenciales de la fe.

Aquí les “recomiendo” algunas que podrían ser proyectos de ley calcados de la Biblia.

Transfusión, alcohol, diezmo y usura
Los integrantes de la iglesia Testigos de Jehová tienen por norma no hacerse transfusiones sanguíneas y no trabajar el séptimo día. ¡A ver si los legisladores hacen aprobar una ley que prohíba las transfusiones y el trabajo los sábados para complacer a estos hermanos!

Si eso no es posible porque entonces médicos, policías, fiscales, transportistas y presidentes no podrían trabajar ese día y hay quienes necesitan hacerse transfusiones de sangre, entonces que voten una ley que haga obligatoria la transfusión y el trabajo el sábado para que los Testigos de Jehová no vivan como una reserva apache.

Tomar alcohol, fumar, bailar, practicar juegos de azar y cometer adulterio –entre otros comportamientos– son pecados que los evangélicos no practican, adelante pues ¡honorables legisladores! aprueben una ley que prohíba fumar, tomar aguardiente, jugar loterías y bailar, para que los protestantes aporten su cultura al ordenamiento legal que quiere Dios, como lo hacen con el aborto.

Los evangélicos donan a su iglesia voluntariamente el 10% de sus ingresos, ¿qué esperan los legisladores para aprobar una ley que haga obligatorio –como en el feudalismo– el diezmo para las iglesias? Me gustaría que lo aprueben para ver si los cristianos ricos dan el 10% de sus ganancias a las iglesias para fortalecer su fe en Dios y amar a sus hermanos.

Y finalmente, la Biblia, en Proverbios 28: 8, condena la usura porque no aprovecha y dice que toda riqueza que provenga de ella podría ser confiscada. Adelante, legisladores, hagan una ley para prohibir la usura y ordenen confiscar lo ganado a través de ella para combatir el Covid y la pobreza. ¡Pongan a prueba su fe y no sean tan selectivos para cercenar los derechos de la mujer!