Frente a las ruinas del inmueble el peregrinar es incesante. Fácil imaginar quienes son las personas que depositan las flores, encienden las velas y miran el túnel gris de la derruida discoteca Jet Set buscando algo que no está, el celaje de alguien que ahí estuvo.

El luto viste la multitud, el silencio convoca, más que rabia hay desconsuelo. También un recato inusual para opinar, decir.

Es miedo al sacrificio cuando la versión pretende interferir la verdad construida.
Transcurrido el plazo prudente después del rescate y de los funerales, del retiro de los escombros, asombra comprobar que las advertencias de riesgos fueron desoídas.

Sin ponderar los análisis precipitados de tanto especialista ad-hoc, que explican las causas del siniestro, los representantes de la Junta de Vecinos de EL Portal- Atala, revelan sus constantes denuncias, desde el 2021, ante la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente.

Detallaban contaminación sónica y ambiental, “los objetos pesados en el techo” del edificio. La autoridad fue indiferente. Comprobada la veracidad de la denuncia in situ no hubo intervención oficial.

La tragedia provocada por el desplome del techo de la discoteca coloca al estado y a sus símbolos en una situación de indefensión que espanta.

Una declaración del presidente señaló el camino de manera inoportuna. Intuir es una cosa, asumir desde el poder ejecutivo, otra. El colectivo, sabedor de la fusión de los tres poderes del estado en la omnipotencia del gobernante acogió su “vacío legal” como mantra.

Después del día fatal, el manejo de la ocurrencia trasciende la modernidad líquida, la sociedad y civilización del espectáculo. Afirmaciones que bien pudieron evitarse usando frases aceptadas que sirven para momentos cruciales, agravan la percepción de impunidad o de acotejo. La sensación aumenta luego de la designación de un prestante abogado, detentador de la confianza del presidente, para la representación legal del propietario de la discoteca.

La impaciencia de sacerdotes, legisladores, funcionarios, compartiendo atolondradas propuestas, para conseguir “me gusta”, develan precariedad conceptual, oportunismo. Avalan la convicción de la fragilidad de los encargados de la investigación penal y ejercicio de la acción pública. Convicción que abarca el poder judicial.

Mientras, la clase política está expectante, limitada al duelo que a todos entristece, pero cautelosa con las evaluaciones jurídicas. Más allá de la propiedad del emblemático J et Set, un emporio mediático de gran prestigio e influencia es valladar para la intemperancia que la coyuntura podría provocar.

“El político de nuestros días si quiere conservar popularidad está obligado a dar atención al gesto, a la forma que importan más que sus valores convicciones y principios”.

Evitar el desapego a la ley es primordial, pero no hay fortaleza suficiente para hacerlo. Se repite la sugerencia de redactar leyes post, como si legislar fuera la solución y no aplicar la ley.

El desapego a la ley “es una actitud de desprecio desdén al orden legal, una indiferencia y anomia moral que autoriza al ciudadano a trasgredir y burlar la ley cuantas veces puede para beneficiarse con ello”- Vargas Llosa-.

Hasta ahora prevalece el desconcierto institucional. La persecución es dominio de las redes.