Sin olvidar el simbolismo cristiano, las alegrías y nostalgias propias del último mes del año, tres conmemoraciones importantes coinciden en diciembre. Los días 9 y 10 sirven para la reflexión, en ocasiones inútil, sobre la existencia de derechos y la necesidad de preservarlos. La reflexión abarca la manipulación, el uso oportunista de discursos y proclamas redentoras. Las efemérides exponen el dilema entre el bien y el mal, esos caminos que se bifurcan para reencontrarse.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las NNUU-París- el 10 de diciembre del año 1948. Es un documento imprescindible para reclamos y exigencias, sus artículos contienen la posibilidad de vivir en un mundo mejor.

Desde el 1789 y aquella declaración de libertad e igualdad, las naciones no habían logrado consentir la validez de principios tales como: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

El momento obligaba la confraternidad, tres años antes de la Declaración había concluido la segunda guerra con su saldo de muerte y horror.

A partir de entonces cada Estado se empeñó en adecuar sus leyes a esa proclama. El papel permitía lo que la práctica negaba y decenas de Constituciones consignaron principios que jamás respetarían. Regímenes autoritarios exhibían normas impecables, cónsonas con lo establecido por la Asamblea, sin respetar ninguna.

El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción establecido por la Asamblea General de las NNUU-2003-. Fue ocasión propicia para repasar el contenido de la Convención de NNU contra la Corrupción y valorar el cumplimiento de las tareas acordadas en esa convención, como en otros convenios y tratados adoptados “por los poderes públicos” de la República Dominicana.

El 9 de diciembre del año 1985 fue dictada la sentencia que condenó a los militares represores y sádicos, integrantes de las Juntas que gobernaron Argentina- 1976 -1983.

El “Nunca más, señores jueces” que pronunció al final de su exposición el fiscal Julio César Strassera, ha sido imposible en el país. Los intentos para juzgar a torturadores y asesinos del trujillismo fueron fallidos. Quedó la decepción como secuela y la vergüenza por la complicidad de tantos.

Las víctimas de la persecución durante el periodo de los doce años dejaron agravios y luto para desfilar genuflexas, una a una, frente al padre de la democracia. Demostración más que contundente de rendición y de irrespeto a lo establecido en la Declaración Universal de los DDHH. Sirvan las fechas para el recuento y las contradicciones dominantes. La tarea legal para enfrentar la corrupción está hecha. El andamiaje jurídico vigente permite actuar, además, la Constitución del 2010 incluye la proscripción de la corrupción.

El dilema, quizás la trampa, ha sido confundir lucha contra la corrupción con impunidad, así como privilegiar algunos en desmedro de otros, actitud que conspira contra el estado de derecho. Corrupción existirá siempre, tanto en el ámbito público como privado, el empeño debe ser contra la impunidad para evitar las indignantes paradojas éticas.